Corte Suprema acepta impedimento de dos Magistrados en caso Samuel Moreno

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aceptó el impedimento que presentaron los magistrados Patricia Salazar Cuéllar y Eugenio Fernández Carlier para no participar en el estudio de un recurso de casación con el cual la defensa de Samuel Moreno busca tumbar la condena de 24 años y 10 meses impuesta en su contra por irregularidades en la contratación en el servicio de ambulancias. 

Salazar y Fernández se declararon impedidos porque hicieron parte de la Sala de Instrucción de la propia Corte que llamó a juicio al exsenador Iván Moreno Rojas, en la que se indicaba que este se había concertado con su hermano Samuel, contratistas, concejales y servidores públicos para manipular la contratación en Bogotá. 

Esto, en criterio de los magistrados, implica que ya emitieron un juicio de valor. Fernández, además indicó que cuando fue magistrado del Tribunal Superior de Bogotá firmó la sentencia condenatoria contra los hermanos Miguel, Manuel y Guido Nule Velilla, por los mismos hechos; y que intervino en otros dos procesos por los que se juzga a Moreno Rojas. 

En documento conocido por la Sala Penal declaró fundados los impedimentos de Salazar y Fernández al determinar que, en efecto, en la acusación a Iván Moreno “expresaron su punto de vista en torno a la responsabilidad que al ahora acusado le pudiera asistir en esos hechos delictivos”. 

“Si bien en este expediente Samuel Moreno Rojas no fue procesado por concierto para delinquir, es claro que se cuestiona su proceder respecto de uno de los muchos contratos celebrados en la Alcaldía, lo que revela que los magistrados se encuentran comprometidos en su imparcialidad, en tanto fueron contundentes en sostener que Néstor Iván Moreno Rojas se concertó con su hermano Samuel para manejar todo lo concerniente a la contratación distrital durante el tiempo en el que este último fue burgomaestre”, dice la decisión. 

En consecuencia, la Sala Penal, que se compone por nueve juristas, separó a los magistrados del estudio de ese recurso. Además, consideró que no es necesario llamar a conjueces para suplirlos porque todavía se mantiene el el quórum deliberatorio y decisorio. 

Moreno interpuso un recurso de casación en contra del fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, que le aumentó de 18 a 24 años la pena impuesta por exigir en el año 2009 una coima del 10 % para la adjudicación de un contrato de 67.000 millones para la prestación del servicio de ambulancias en Bogotá, que se suscribió entre la Secretaría Distrital de Salud y la Unión Temporal Transporte Ambulatorio de Bogotá (UTTAB). 

 

Tomado de Colprensa