La pasión de la pensión

El señor Carrasquilla, títere del Chalán del Ubérrimo,  acuña en su mente el propósito de modificar los derechos a la pensión de jubilación, intención que se traduce en el aumento de la edad para adquirir esa solvencia económica, respecto de quienes han dedicado toda su vida a  prestar  servicios a los patrones y ahorrar para la vejez.

Sobre  ese tema,  la vicefiscal, María Paulina Riveros Dueñas, hizo una interesante denuncia  con ocasión del “Seminario en Prevención e Investigación frente al Fraude Pensional y Seguridad Social”.

Expuso elocuente resumen acerca de los procedimientos que se han empleado, históricamente, para defraudar presupuestos pensionales valiéndose de engaños, a fin de reclamar prestaciones que carecen de respaldos reglamentarios. En estos procedimientos, alude ella a la maniobra de abogados y funcionarios que a todos engañan.

Es antecedente trascendente para tenerse en cuenta con relación a la reforma que se busca. Hay que anudar a la denuncia, la gran frustración que padecen los trabajadores que durante toda su vida laboral conservan la ilusión de alcanzar, para su vejez, el pago de una renta que  asegure contar con recursos para subsistir decentemente: pagar exámenes médicos oportunos, comprar medicamentos, cancelar servicios públicos, gravámenes de valorización y, en general, todas las exigencias extras y sorpresivas que son el pan nuestro de cada día.

La aventura de la pensión ha sido, habitualmente, la causa última de la corrupción. Los trabajadores públicos, conscientes de que terminado su periodo laboral no tendrán un sustento económico seguro, aprovechan su empleo para acumular un capital que les garantice la vejez y para ello se valen de las trampas. “La ocasión hace al ladrón”, es una sentencia criminológica.

Cuando  se actúa correctamente y se espera que la pensión se pague justamente, no es extraño que las entidades encargadas de satisfacer esa pretensión extorsionen al peticionario, exigiéndole coimas para decidir la demanda.

Un funcionario que cumplió el derecho a su pensión y por temor al impacto emocional que podría causarle ese receso laboral dilató su solicitud 20 años, al cabo de los cuales formuló la demanda. Pues bien, no obstante haberle donado al tesoro público esa retribución durante todo ese tiempo, ahora lleva seis pleiteando el decreto de su derecho con la UGPP,  litigio que ha sido manipulado groseramente, violándose, incluso, términos procesales.

Estos son episodios que sumados al discurso de la Fiscalía deben tenerse en cuenta para que siguiendo la política de un Estado Social de Derecho, se respete la ilusión del trabajador, que ahorra esfuerzos durante toda su vida, para garantizar una vejez pulcra y digna, pero que a causa de los habituales tropiezos tiene que acudir a acciones contencioso administrativas, para exigir el respecto a su pretensiones y que, comúnmente, cuando se dictan las sentencias  ya el beneficiario solo tiene oportunidad de comprar el seguro de su entierro y un lote en los jardines del recuerdo. ¡Interesa que el Congreso  medite acerca de este derecho social colectivo!