Cárcel para patrullero y domiciliaria para Intendente por el delito concusión

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Jaime Eduardo Campo Ortiz, patrullero de la Estación de Bastidas fue enviado a la cárcel por el delito de concusión o exacción ilegal y Horacio Alejandro Moreno Bustillo, quien se desempeñaba como Intendente de la misma escuadra fue cobijado con la medida de detención domiciliaria.

Los ex policías que hacían parte de la Metropolitana de Santa Marta, fueron capturados a las afueras del comando de la policía, momentos en que realizaban diligencias de desvinculación de la institución.

Un Juez con Funciones de Control de Garantías, ordenó medida de detención en centro carcelario en contra de uno de los dos ex policías de la Metropolitana de Santa Marta, y detención domiciliaria para otro, sindicados del delito de concusión o exacción ilegal.

La diligencia judicial se realizó en el Edificio Galaxia, la tarde de ayer donde el fiscal en turno expuso las evidencias y el material probatorio de los acusados, por lo que el corregidor tomó la decisión de determinar medida intramuros para uno,  y detención domicilia para otro.

El cobijado con medida de aseguramiento fue identificado como Jaime Eduardo Campo Ortiz, patrullero de la Estación de Bastidas a quien la Fiscalía y el corregidor le encontraron toda la evidencia probatoria expuesta para enviarlo a la cárcel. Mientras que, el intendente de la misma escuadra identificado como Jaime Eduardo Campo Ortiz, corrió con mejor suerte y el juez le ordenó detención domiciliaria.

Los indicados son señalados del por el delito de concusión o exacción ilegal, es decir, de exigir dineros a ciudadanos samarios para evitar realizar procedimientos policiales, razón por la que fueron capturados la tarde del miércoles 25 de abril, a las afueras del comando de la policía, momentos en que los uniformados realizaban diligencias de desvinculación de la institución.

El Comandante de la Metropolitana de Santa Marta, destacó que el proceso judicial y disciplinario en contra de los dos agentes se inició hace tres meses tras varias denuncias de sus víctimas, quienes eran obligados a realizar distintas cuantías económicas. “El hecho de exigir dinero en algún procedimiento policial a causa de no cumplir con sus funciones legales genera un proceso disciplinario y penal, una falta la cual terminó en retirarlos de la institución y por supuesto de capturarlos”.

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