Destituidos nueve soldados por ejecuciones extrajudiciales

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La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años al teniente del Ejército Ramiro Jairo Ramírez Ortega y tres soldados profesionales, luego de hallarlos responsables disciplinariamente del homicidio de una persona retenida de manera ilegal y presentada como dada de baja en combate.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se relacionan con el homicidio de Gabriel Valencia Ocampo, ocurrido el 5 de octubre de 2005 en la vereda El Zancudo, jurisdicción del municipio de Argelia (Antioquia), quien fue retenido de manera irregular por los militares un día antes de su muerte.

En el fallo de primera instancia, la Procuraduría estableció que la muerte de Valencia Ocampo no se produjo como consecuencia de un enfrentamiento armado, sino que fue ultimado estando bajo la custodia de los uniformados.

Para la entidad, los uniformados desconocieron los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y DIH y se extralimitaron en el ejercicio de su cargo, al ignorar el derecho a la vida e integridad física de la víctima, quien ostentaba la calidad de persona protegida y permaneció por varias horas bajo custodia de la patrulla militar sin ninguna explicación.

El ente de control señaló en el fallo que el comportamiento reprochable de los disciplinados obedeció a la necesidad de conseguir éxitos operacionales para obtener felicitaciones en sus hojas de vida, así como permisos y premios.

Los cobijados con esta determinación son el entonces teniente Ramírez Ortega y a los soldados profesionales para la fecha de los hechos Wilson Andrés Bonilla Blandón, Wilson Antonio Garcés George y Lewis Américo Palacio Copete, y calificó su conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.

En una segunda decisión, el Ministerio Público también destituyó e inhabilitó por 20 años a un subteniente del Ejército, así como a un sargento segundo y tres soldados profesionales por causarle la muerte a personas ajenas al conflicto armado, entre ellos una mujer en estado de embarazo.

Los hechos ocurrieron en El Molino, La Guajira, en marzo de 2006. Los sancionados son el subteniente Nixon Armando Pabón Sandoval, el sargento segundo Samir Enrique Bravo Oviedo y los soldados profesionales Andis Miguel Pacheco Lozano, Nando Padilla Quintero y Felipe Barriosnuevos Gutiérrez, a quienesse encontró responsables disciplinariamente de grave violación al Derecho Internacional Humanitario.

Los hechos por lo que se produce la sanción del Ministerio Público tuvieron lugar durante el desarrollo de la Operación Flamante, que pretendía combatir excombatientes de las Farc, pero que causó la muerte a Yajaira Cristina Nieves Oñate, de 25 años y miembro de la comunidad indígena Wiwa, quien tenía seis meses de embarazo y era madre de cuatro hijos, uno de los cuales también resultó herido.

Durante el proceso se presentaron pruebas que descartaron la participación de la señora Nieves o sus hijos en el encuentro armado./Colprensa

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