´Ahorro por racionalización de trámites es de $ 20 mil millones´

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“En 2019, en total, han sido aplicadas 374 acciones de racionalización a trámites y se han intervenido 33 barreras”, explicó el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.

Gobierno Nacional informó que la racionalización de trámites ha permitido un ahorro de 20.000 millones de pesos, gracias a que entre enero y abril de este año, con la campaña ‘Estado simple, Colombia ágil’, se habrían intervenido 515 trámites y normas que “han redundado en el beneficio de los ciudadanos y apoyos a los emprendedores y empresarios”.

De acuerdo con el reporte, se alcanzó en este lapso más de la mitad de la meta que se tenía para este año, con lo que se llegó a 615 trámites agilizados, contabilizando las 100 intervenciones de 2018.

 “En 2019, en total, han sido aplicadas 374 acciones de racionalización a trámites y se han intervenido 33 barreras. Además, se realizaron 208 mejoras normativas, entre las que se destaca el trabajo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que permitió eliminar, total o parcialmente, normas obsoletas, equivalentes a 25 % de su regulación”, explicó el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.

El Gobierno destacó los avances en la Ugpp, al crear mecanismos con los que se facilitan consultas por internet de procesos que antes se hacían por correo físico, evitando desplazamientos y haciendo más fácil el acceso a derechos pensionales.

Adicionalmente, se hizo énfasis en los cambios llevados a cabo por la Registraduría Nacional del Estado Civil, luego de que se permitiera que el trámite de duplicados de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía “no demore más de cinco minutos” y que su entrega se desarrolle en un máximo de 30 días.

 “La campaña buscó no solamente conocer las opiniones de la ciudadanía, sino identificar cuáles de esos trámites o regulaciones le abren la puerta a la corrupción. Porque si hay alguien que sabe dónde están esas grietas que favorecen el abuso de poder en beneficio particular, son los ciudadanos que hacen los trámites y que, a veces, se han visto expuestos a hechos de corrupción”, explicó el Director de la Función Pública, Fernando Grillo.

ARANCELES A TEXTILES

Dos de los artículos más polémicos (279 y 282) del Plan Nacional de Desarrollo fueron aprobados este jueves, tanto en Cámara de Representantes y en Senado, y en lo que se estipula el aumento del 15% al 37,9% a la importación de prendas que valen menos o igual a 20 dólares por kilo.

Ante esto, el Ministerio de Industria y Turismo, por medio de un comunicado, expuso los motivos por los que considera que dicha aprobación tendrá afectaciones en el sector y la economía colombiana. Para la cartera se “invadiría” el artículo 189 de la Constitución en cuanto a la facultad única del presidente de modificar aranceles. En el mismo sentido, excede la atribución legislativa de la Constitución Política que solo permite al Congreso de la República dictar normas generales y señalar objetivos y criterios.

En días pasados, los representantes de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) calificaron de inconvenientes los artículos anotando que con los mismos “estamos castigando a quienes están trabajando de forma legal. Este tipo de instrumentos van de forma contraria en la disminución del contrabando e impactaría fuertemente al consumidor de clase media en la compra de confecciones con un aumento del 25%. Es decir, un vestido que antes costaba 100.000 pesos ahora pasaría a un valor de 125.000 pesos frenando el comercio y la inversión”, indicó el vicepresidente de Fenalco, Eduardo Visbal.

La afectación a los consumidores, por el costo del vestuario, dar ventaja al contrabando la caída de las ventas del comercio formal y la posible afectación de los TLC son algunas de las razones de Mincomercio para declarar inconstitucional los aranceles y reprochar su aprobación.

La aprobación de este articulado se une a otros polémicos como la reducción del IVA a los combustibles del 19% al 5%, el programa de vivienda rural será manejado ahora por el Ministerio de Vivienda y las personas que ganan menos de un salario mínimo deben ser vinculados al programa de Beneficios Económicos Periódicos (Beps).

BOGOTÁ COLPRENSA

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