Chuzadas 2.0: nada está claro en las interceptaciones a los magistrados

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La sombra de las ‘chuzadas’ entre 2005 y 2010, de las que fueron víctimas magistrados, periodistas y miembros de la oposición, regresa al panorama nacional. La tormenta política y judicial se desató luego de que la magistrada Gloría Stella Ortiz, presidente de la Corte Constitucional, le contó al país que ella y los nueve magistrados que hacen parte de la Sala Plena tienen fuertes sospechas de interceptaciones y seguimientos.  

La situación llegó a tal punto que Ortiz remitió e hizo pública una carta al fiscal Néstor Humberto Martínez, en la que le pedía que investigara el tema. “Se sirva adelantar las investigaciones que haya lugar, con el fin de establecer e informar a esta presidencia si las comunicaciones telefónicas de los magistrados de la Corte Constitucional son objeto de interceptación, ya sea como eventuales sujetos activos de un hecho punible o como parte de una investigación penal en contra de otro individuo”, dice un aparte de la misiva.

La respuesta del jefe del búnker no fue menos sorprendente, ya que confesó que desde enero tenían información sobre la situación. Fue por ello que designó a Fabio Espitia, uno de sus subalternos, para que resuelva el tema.  

“He dispuesto a que a esta investigación se sumen los audios recaudados por la Fiscalía desde el mes de enero de este año, que darán cuenta de la existencia de una presunta organización criminal interesada en una actuación en la Corte Constitucional, para lo cual pretendería acceder a sus comunicaciones privadas”, dice la contestación del jefe del ente acusador.  

La respuesta, más allá de despejar dudas, lo que hizo fue abrir un abanico de interrogantes, de los cuales aún hoy no se han dilucidado. Por ejemplo, si se habla de una organización criminal, ¿cuál es el nombre de la misma? ¿quiénes son los interesados en conocer de los temas personales de los juristas? ¿para qué tener esa información en sus manos?

Y la más crucial de todas, ¿si desde enero, como lo dijo el jefe del búnker, supuestamente sabía, ¿por qué no elevó las alertas de seguridad de un caso de esta magnitud y no habló con las autoridades correspondientes para salvaguardar la vida y las comunicaciones de los magistrados?

Sobre el primer paquete de cuestionamientos solo dijo “que eran dos personas que hacían parte de una organización criminal y que se dieron cuenta de las interceptaciones en el marco de una investigación que adelanta la entidad en contra de la corrupción”.

Uno de los programas bandera de la fiscalía de Martínez Neira se llama ‘Bolsillos de cristal’ y tiene como objetivo perseguir la corrupción. Sin embargo, esta vez su bolsillo no atinó. Supuestamente, aún no acierta en saber quiénes pueden estar detrás de las interceptaciones.  

El hecho llama la atención porque en las continuas ruedas de prensa que cita el fiscal o uno de sus subalternos, siempre hablan con nombres propios de las personas que están investigando y de las bandas que están detrás de la comisión de delitos.

Basta recordar, por ejemplo, que en el más reciente escándalo de chuzadas mencionó al general en retiro Humberto Guatibonza, quien supuestamente era parte de esta organización junto con exoficiales del Ejército y una exfuncionaria del Ministerio de las TIC, a quienes se refirió con nombres propios.

De igual forma sucedió cuando anunció la corrupción de la DIAN y la captura de los Ambuila, en el arresto del fiscal Carlos J. Bermeo de la JEP, el sonado caso de Jesús Santrich y en la detención del entonces director de la cárcel La Picota, mayor Luis Fernando Perdomo. En todas, Martínez Neira intervino en conferencia de prensa mostrando vídeos, fotos y audios de cada uno de estos expedientes.

‘UNA TUTELA’, LA MANZANA DE LA DISCORDIA

En el nuevo episodio de las ‘chuzadas’ el pasado 14 de febrero, Martínez Neira se contactó con el entonces presidente de la corporación el magistrado Alejandro Linares, para expresarle lo conocido hasta ese momento.

El fiscal le solicitó al togado entregar un listado de las tutelas que se tenían en la corporación. La respuesta llegó días después. Sin embargo, desde el búnker no han podido identificar cuál es el documento que tiene en vilo la seguridad de los juristas y si hay un hilo conductor que los lleve a los presuntos responsables.  

Los togados, al conocer que las eventuales interceptaciones se podían tratar de un documento que reposa en uno de los despachos emprendieron la búsqueda. No escatimaron un minuto en revolver los archivos, hallando, incluso, acciones de tutela que no fueron acogidas por el alto tribunal. Sin embargo, lo que llama la atención es que son promovidas por personas que en este momento son investigadas por las autoridades.  

Según expresó la actual presidenta de la corporación, estos documentos relacionarían al entonces fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, subalterno de Martínez Neira y hoy extraditado a los Estados Unidos, precisamente, por hacer parte de una organización criminal dedicada a conceder favores judiciales a cambio de dinero, y los exmagistrados Leonidas Bustos y Gustavo Malo también vinculados en dicho entramado de corrupción.

Pese a que las tutelas comprometen a personas de gran envergadura, la presidenta descarta que sea por estos hechos que los magistrados estén siendo intervenidos. Misma hipótesis tiene el fiscal, además de haber señalado que las interceptaciones “no tiene nada que ver con el proceso de paz”.

Pese a todo ello, lo que sí preocupa a los togados es que precisamente las interceptaciones tengan relación con informes, documentos, demandas y tutelas que han llegado al alto tribunal. Por ejemplo, desde el semestre pasado la Corte ha tenido en sus despachos temas álgidos como la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como la ponencia sobre el glifosato, además del ‘articulito’ de Odebrecht en la llamada ley de infraestructura.

Todas las decisiones han pasado por Sala Plena, la Ley Estatutaria de la JEP con la sentencia C-080 ha sido una de las decisiones más amplias del alto tribunal una vez se firmaron los acuerdos de paz. Esta determinación, que prácticamente les llevó todo el 2018, no era una cosa que se debía tomar a la ligera, pues estaban discutiendo cómo sería el funcionamiento del tribunal que juzga a excombatientes de las Farc y personas que cometieron actos delictivos en el marco del conflicto armado.

Sumado a esto, el magistrado Alberto Rojas Ríos quien, según fuentes de la Fiscalía, ha sido amenazado junto con su familia, tiene en su despacho la ponencia del glifosato. También una verdadera papa caliente que tiene en vilo al Gobierno Nacional en aras de buscar una salida al aumento de cultivos ilegales, pues precisamente esa determinación ha sido la que prácticamente ha evitado que el químico se use a la ligera por las afectaciones que no solo sufre el medio ambiente sino también los lugareños de donde sea aplicado.

Y como una última decisión importante está el famoso “artículito” de Odebrecht. Se trata del artículo 20 de la Ley 1882 del 2018, de la Ley de Infraestructura, que estableció una fórmula para la liquidación de contratos que fueran declarados nulos por corrupción.

Esta determinación aún no está en firme. Está en estudio de Sala Plena debido a una demanda que interpuso el excontralor Edgardo Maya, por considerar el artículo “un mico de la mayor indignidad”, ya que abrió la puerta a pagarles a contratistas corruptos. Quizá un king kong más grande de los que ha denunciado el gobierno en las últimas semanas en torno a otros debates.

BOGOTÁ (Colprensa).

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