Protección a líderes sociales: un dolor de cabeza para el gobierno

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Desde su llegada a la Casa de Nariño,  el presidente Iván Duque ha tenido que enfrentar la muerte de más de 120 líderes sociales, según cifras de Indepaz, que prendieron las alarmas en el Gobierno.

Por
FERNANDA TORRES TOVAR

El ataque perpetrado el fin de semana a un grupo de líderes sociales en la vereda Lomitas, jurisdicción de Santander de Quilichao, norte del Cauca, en el que se encontraba la defensora de derechos humanos Francia Márquez, abrió de nuevo el debate por la protección que debe ejercer el Gobierno Nacional a esta población, que se ha convertido en blanco de los delincuentes.

Desde su llegada a la Casa de Nariño, el 7 de agosto de 2018, el presidente Iván Duque ha tenido que enfrentar la muerte de más de 120 líderes sociales, según cifras de Indepaz, que prendieron las alarmas en el Gobierno y los llevaron a tomar una serie de medidas para acabar con el flagelo de persecución y amenaza que padecen los cerca de 7000 defensores de derechos humanos en Colombia.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, en 2018 fueron asesinados 172 líderes sociales en Colombia, donde el departamentos del Cauca, con 35 muertes, es el de mayor violencia contra esta población. Le siguen Antioquia (24), Norte de Santander (18) y Valle del Cauca (14). Además, en lo corrido de 2019 la cifra de homicidios ya asciende a 25 defensores de derechos humanos.

El Gobierno, desde los ministerios de Defensa y del Interior, ha manifestado que a la fecha se encuentran bajo protección de las autoridades cerca de 5000 líderes sociales en el país, lo que todavía no sería suficiente para eliminar la amenaza y la zozobra con la que viven estas personas, pues más allá de un esquema de seguridad, todavía no se logra atacar de fondo la problemática social.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que existen dos planes especiales que podrían llegar a mitigar la situación: El primero corresponde al Plan de Acción Oportuna (PAO), que ha dejado 23 visitas en el territorio nacional, y, la segunda, a la activación de la Comisión de Garantías de Seguridad.

Gutiérrez añadió que desde el mandato de Iván Duque se generó un programa ‘Se Busca’, que puso en la lupa de las autoridades a 31 personas señaladas de atentar contra los líderes sociales, de los cuales ya hay ocho capturados. También señaló que hay líneas de atención directas hacia la Fiscalía, que llevan a que quienes son víctimas de ataques den parte a las autoridades.

A juicio de la alta funcionaria, hay una estrategia integral que convoca a la Defensoría, a la Procuraduría y a la Fuerza Pública. Sin embargo, con dichas iniciativas las amenazas no han disminuido, prueba de ello el último ataque a la ganadora del Nobel Medioambiental, quien salió ilesa. Sin embargo, dos de sus escoltas pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección resultaron heridos.

A esto se suma la cifra de asesinatos entregada por la Defensoría del Pueblo, en la que se asegura que el 72 % de los 172 asesinatos que se presentaron con posterioridad a la Alerta Temprana 026 de 2018, han ocurrido en municipios que también habían sido advertidos por la entidad.

La entidad también aseguró, en días pasados, que se registró un incremento en las amenazas de hasta el 47 %, es decir, 982 amenazas entre marzo de 2018 y febrero de 2019; así como que entre enero de 2016 y el 31 de enero de 2019, 462 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, 25 de ellos en 2019.

Si bien la Nobel Medioambiental recibió todo tipo de llamadas de solidaridad desde el Gobierno Nacional después del ataque el pasado fin de semana, para ella resulta ser una acción de intranquilidad para su vida y la de su familia.

“Quedo intranquila porque no solo es la vida de Francia sino la de muchos líderes y lideresas. Que haya 5000 personas protegidas eso quiere decir que la situación está complicada. El Gobierno debe mirar que otros mecanismos se pueden realizar”, dijo Márquez en diálogo con Colprensa

Lo que preocupa a Márquez y a la Defensoría es que los ataques vienen expresamente de las estructuras criminales que hacen presencia en el país. Las disidencias de las FARC, el EPL, el ELN y el ‘Clan del Golfo’ que, al parecer, se han encargado de librar toda clase de acciones para evitar que los defensores de Derechos Humanos hagan su trabajo.

LAS INICIATIVAS PARA SU PROTECCIÓN

Ha sido tanta la preocupación de los entes de control por mitigar las amenazas y los asesinatos en los líderes sociales que la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Carlos Negret, ha llegado a lugares recónditos en el país. El funcionario ha visitado sitios donde quienes tienen el poder de las armas son las estructuras criminales mencionadas e identificadas por el órgano defensor.

Por su parte, la Procuraduría General en enero pasado lanzó la campaña ‘Mesa Por La Vida’, que no es otra cosa que llegar a los territorios y generar estrategias locales que permitan evidenciar el motivo por el cual los líderes están siendo atacados.

Otra iniciativa, que se registró durante la semana pasada, ocurrió entre ambos entes de control y comunidades internacionales, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional (Usaid), para brindar garantías a los líderes.

En ese momento, y desde el municipio de Soacha, Cundinamarca, el procurador Fernando Carrillo señaló que el pacto consiste en intercambiar información que les permita a las autoridades colombianas esclarecer las causas por las que son amenazados los líderes.

 “Hoy hemos firmado un acuerdo con Naciones Unidas para que nos entreguen información. Es importante cada día contar con esto. La OEA nos ha ayudado a verificar diferentes casos. A partir de la fecha con la información en los territorios vamos a clarificar quienes son los responsables de los ataques contra los líderes”, dijo el jefe del Ministerio Público durante la semana pasada.

Por su parte, Elizabeth Ramírez, directora de la oficina de Gobernabilidad de Derechos Humanos y Democracia de Usaid en Colombia, manifestó que lo ideal para mitigar las amenazas e incluso las muertes a los líderes sociales es reunir diferentes representantes del Estado y de la comunidad para dialogar constructivamente en esta problemática.

 “Nos preocupa mucho dado el rol prioritario que juegan (los líderes) en la construcción de la paz y en la implementación de los acuerdos de paz”, argumentó la delegada, quien añadió que desde su posición lo que hacen es mediar en este tipo de procedimientos, donde se espera reunir actores de ambas partes para buscar mejores soluciones, prevenir y tener mejor rendición de cuentas sobre este flagelo.

LOS LÍDERES EN LAS REGIONES

Si bien, en este momento Francia Márquez es la cara de los líderes amenazados y atacados, no se debe desconocer los miles de defensores de Derechos Humanos que están en las veredas y municipios recónditos del país.

Por ejemplo, Albano Aricapa, líder social de un corregimiento ubicado a tres horas de Tarazá (Antioquia), aseguró sentirse agobiado por la cantidad de amenazas a las que se enfrentan, por lo que el llamado al Gobierno Nacional es que se adquiera un seguro de vida para cada uno de ellos, dado que si no es posible evitar que se atente en su contra, al menos su familia no quede desamparada.

La petición muestra la sensación de desamparo que tienen los líderes sociales de Tarazá, un municipio en el que en los dos primeros meses de este año ya habían sido asesinados dos defensores de derechos humanos, según información de la Gobernación de Antioquia.

Por otro lado, líderes en San José Uré, en Córdoba, temen por la integridad de su comunidad. Pues según Alfredis Manuel Ramos, un hombre de tez morena, sombrero vueltiao y bastón de mando cruzado en el pecho, en muchas ocasiones han existido persecuciones contra defensores, no solo de parte de las estructuras al margen de la Ley sino también por parte de la Fuerza Pública./Colprensa

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