Fijados valores máximos de recobro por medicamentos

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Cerca de 1.600 medicamentos hacen parte de este primer conjunto. Dentro del grupo de principios que cobija la resolución, están algunos que se emplean para controlar el colesterol, antigripales y analgésicos.

Por primera vez en el país, un Gobierno les pone techo a los valores que las entidades le cobran a la Nación por suministrar tecnologías y procedimientos a los colombianos que no se financian a través de la UPC.

El Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución 1019 de 2019, con la cual se facilita el acceso de los ciudadanos a más medicamentos y se hace más eficiente el gasto público.

La Viceministra de Protección Social, Diana Isabel Cárdenas, indicó que la resolución fija los valores máximos de cobro y recobro que pueden solicitar las entidades al Gobierno nacional por los medicamentos y las tecnologías en salud que no están financiados por la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

La medida determina los montos máximos que cobran las EPS e IPS por grupos terapéuticos relevantes, luego de que el Ministerio aplicara una fórmula técnica y justa.

La funcionaria explicó que anteriormente había gran dispersión por esos valores. Por ejemplo, por el mismo componente de un medicamento administrado a un paciente, una EPS le cobraba al sistema de salud 20 pesos por milígramo y otras, 5 pesos.

‘Iniciamos con un grupo de 50 principios relevantes y a julio próximo esperamos tener la totalidad. Se busca reducir la dispersión en los cobros al sistemapor esos principios activos que son prescritos a los colombianos para sus tratamientos en salud’, manifestó la Viceministra Cárdenas, quien agregó que cerca de 1.600 medicamentos hacen parte de este primer conjunto.

Dentro del grupo de principios que cobija la resolución están algunos que se emplean para controlar el colesterol, antigripales y analgésicos.

Es la primera vez que se implementa una medida como esta en la historia del país. Con ella se busca hacer más eficiente el gasto público, para los recursos se destinen cada vez más a dar mayor acceso y calidad en estos servicios, base fundamental de la equidad.

Esta decisión aplica para EPS, IPS y las demás instituciones recobrantes que suministren a sus afiliados medicamentos y servicios que no están financiadospor la UPC, los cuales se entregan a través de la herramienta tecnológica Mipres y se cobran a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

La UPC es el valor anual que el Gobierno nacional reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), para cubrir las prestaciones del Plan de Beneficios en Salud (PBS), en los regímenes contributivo y subsidiado.

EL FALLO DE MEDIMÁS

De otro lado, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, aseguró que acatará el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual ordena la liquidación de la EPS Medimás y buscará la forma de no afectar la prestación de los servicios de sus afiliados, que ahora deberán ser trasladados a otras entidades promotoras de salud.

«El Gobierno y otras entidades estamos trabajando de una manera alineada para garantizar que esta transición que se da por orden del Tribunal (de Cundinamarca), no comprometa la continuidad de los servicios y de los afiliados a la EPS», dijo el funcionario.

En ese sentido, recordó que habrá «un monitoreo muy cercano tanto de los flujos financieros, que están garantizados, como de la oportunidad de los servicios que se prestan y de las quejas que se puedan dar con los afiliados».

Respecto a la situación de los afiliados en las ciudades pequeñas y poblaciones alejadas del centro del país, Uribe dijo que «habrá algunas zonas de Colombia donde haya que buscar habilitar la presencia de otras EPS, por ser Medimás la única que opera en ese sitio, pero en la gran mayoría del país hay pluralidad en la oferta de aseguramiento».

Juan Pablo Uribe recordó que está ante «un fallo judicial que hay que acatar, debe ser ejecutoriado y estamos en los tiempos en que ese proceso permite impugnaciones, recursos y también aclaraciones que van a ser determinantes de cómo avance esta transición».

Esta semana la Asociación de Clínicas y Hospitales (ACH) advirtió que Medimás adeuda cerca de 514.000 millones de pesos con un porcentaje de morosidad que ya alcanza el 47%.

Según alertó el presidente del gremio, Juan Carlos Giraldo, «si no se puede recuperar todo el dinero que se le adeuda a las instituciones, se generaría un gran detrimento a los hospitales públicos de la red hospitalaria del país».

El dirigente gremial dijo que el Gobierno Nacional debe empeñarse a través de la Supersalud a garantizar que los propietarios de Medimás respondan porestas carteras.

«Sabemos que son entidades que tienen solidez y que pueden asumir las deudas; de lo contrario, esto se convertiría en un caso más que se sumaría a las defraudaciones que se han vuelto rutinarias en el sistema», añadió el funcionario.

TRABAJADORES DE MEDIMÁS

Tras los dos fallos del Tribunal de Cundinamarca que ordenaron a Medimás EPS frenar sus operaciones en el sistema de salud, cerca de 22.000 trabajadores de la entidad podrían quedar sin empleo. Así lo confirmó el vocero del Sindicato de la Cohesión Nacional de Trabajadores de la Salud y Complementarios (Conaltrasaco), Alirio Tolosa, quien además resaltó que 800.000 empleos indirectos se perderían con el posible cierre de la EPS.

«Debido a este impacto nos oponemos férreamente al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien ordena que en término de seis meses, los afiliados a Medimás sean trasladados a otras EPS. Con esa decisión se le está pasando una cuenta de cobro a los trabajadores y estamos siendo castigados porunos jueces que no han atendido nuestras denuncias que hemos hecho durante varios años”, expresó Alirio Tolosa.

El portavoz de Conaltrasaco explicó que el fallo no indica nada con respecto a los trabajadores que podrían quedar sin empleo tras la salida de la EPS y agregó que hay «miles de familias que quedarán a la deriva» al no establecerse puntualmente quiénes son los responsables de la crisis.

 “A la liquidadora Ángela María Echeverry, actual interventora, se le enviaron decenas de denuncias para que persiguiera a los corruptos y a los dineros con los que hoy se podría activar la prestación del servicio de salud, pero ella no hizo nada y los verdaderos responsables, los antiguos dueños de Café Salud y Cruz Blanca, hoy están felices porque no devolvieron un solo peso de los $6.5 billones que se robaron”, agregó.

El sindicato afirmó que venía acompañando a los actuales dueños de Medimás, quienes, según Tolosa, manifestaron voluntad de «salvar a la EPS» con crédito para pagar a los acreedores empezando por los propios trabajadores.

TUTELATÓN

Conaltrasaco indicó que radicará en los próximos días más de 4.000 tutelas en el Consejo de Estado, juzgados y tribunales en todo el país pidiendo la revisión del fallo por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que «no se produzca una masacre laboral» y se respete el derecho a la salud por parte de los afiliados a Medimás.

 “Ya instauramos las primeras diez tutelas, vendrán muchas más porque queremos que la justicia esté al lado de las verdaderas víctimas: empleados y afiliados. Esperamos que se revise el fallo porque no es solo una EPS la que se podría salvar sino la salud de miles de colombianos”, concluyó Tolosa.

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