Justicia española aprueba la extradición de Carlos Mattos

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La fiscalía general de Colombia le imputó nueve cargos al expresidente de Hyundai Colombia, Carlos Mattos por presuntamente haber pagado más de 100 millones de pesos para que una jueza civil beneficiara sus pretensiones dentro de un litigio que sostenía con el Grupo Eljuri de Ecuador

Audiencia nacional de España aprobó la extradición del empresario cesarense Carlos Mattos a Colombia, investigado por múltiples delitos relacionados con tres procesos que se le siguen a raíz de su pleito con  multinacional coreana Hyundai.

Sin embargo, Mattos tiene aún el recurso de súplica que debe fallar la sala plena de la Audiencia y esperar la aprobación administrativa del consejo de ministros.

La que motivó la solicitud de extradición resume supuestos sobornos ofrecidos a un juez para fallar una demanda a su favor, en este caso tienen una medida de aseguramiento.

La otra investigación resume otro soborno, el entregado a una juez para garantizar algunas medidas cautelares en la misma demanda que enfrentó a Mattoscon la multinacional coreana Hyundai.

La Fiscalía General de Colombia solicitó a España la extradición del empresario y esta tarde se conoció que la Audiencia Nacional la aprobó, pues la defensa interpuso un recurso de súplica que ahora tendrá que resolver la sala plena de la Audiencia y luego la aprobación administrativa del Consejo de Ministros.

Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que Mattos ya no tiene circular roja en su contra, es decir, ya no tiene orden de captura internacional. No obstante, los fiscales del caso solicitarán que se ordene una nueva captura en las próximas horas.

Mattos es investigado por sobornar, supuestamente, al juez Reinaldo Huertas, a su asistente, a abogados e ingenieros para que el proceso fuera direccionado al despacho de Huertas y este, posteriormente, fallara a su favor y lo beneficiará con la representación exclusiva de la marca Hyundai en Colombia.

Y el segundo proceso, es por pagarle cerca de 100 millones de pesos como regalo a la jueza Ligia Hernández. Según la Fiscalía, por dictar unas medidas cautelares a su favor en el mismo proceso.

DEMOLEDORA PRUEBA

Pese a que negó de manera categórica haber entregado dinero para verse favorecido con una decisión judicial, y calificar de bandido a quien lo acusa, el país conoció ayer el video y testimonio de la jueza que dice que Carlos Mattos le dio plata o le mandó dinero para que una decisión suya le resultara favorable.

En junio de 2016, la jueza 16 civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández fue abordada por el oficial mayor del juzgado sexto civil Dagoberto Rodríguez. En esa oportunidad la felicitó por su decisión de ratificar las medidas cautelares para la empresa Hyundai Colombia, en el pleito que tenía con el Grupo Eljuri de Ecuador para la distribución en el país de los vehículos de la marca coreana.

Rodríguez, quien ha manifestado su interés de colaborar con las autoridades, relató que en dicho encuentro se le manifestó que en agradecimiento el empresario Carlos Mattos le iba a enviar “un detalle”. El exfuncionario judicial –quien ya aceptó cargos por el direccionamiento del expediente en el caso Hyundai Colombia- narró que él fue el encargado de darle posteriormente este regalo.

En un encuentro en un concurrido centro comercial en el occidente de Bogotá, la jueza recibió una caja envuelta con cinta. “Cuando yo llegué al apartamento abrí la caja de zapatos la cual estaba muy sellada. Quité las cintas y en la caja de zapatos había 30 millones de pesos”, reconoció la misma funcionaria judicial en su interrogatorio.

Sin embargo, después de esa primera entrega, la funcionaria judicial le habría manifestado que esa cifra era muy pequeña por la decisión que había tomado. Fue así como poco tiempo después se fijaron otras citas para realizar la entrega de otro dinero. La jueza sostiene que fueron en total 100 millones de pesos, mientras que el testigo clave asegura que fueron en total $200 millones.

Una parte de este dinero los iba a utilizar en su defensa jurídica en un proceso penal que se le adelantaba en la Corte Suprema de Justicia, por una denuncia que presentó una empresa. “Fueron cuatro entregas y $100 millones. No más. Esto es una aceptación libre, voluntaria y he entendido lo que la Fiscalía me ha imputado”, señaló Hernández en la audiencia de imputación de cargos.

“En tres oportunidades más le entregó cifras similares y ubicó los sitios en su apartamento donde le entrega a usted en total 200 millones de pesos”, manifestó el fiscal del caso citando la declaración de Dabogerto Rodríguez.

Sin embargo, el ente investigador no tiene evidencia suficiente para corroborar que el soborno fue superior a los 100 millones de pesos.

 “La Fiscalía estima que la cuantía se acerca a la cifra por ella narrada. Insistiendo que no contamos con la posibilidad de establecer. Estos dineros no se registran en el sistema financiero, estos dineros no tiene contabilidad como para llegar a establecer cuánto realmente fue lo que le pudo haber enviado el señor Mattos o cuánto realmente fue lo que recibió la imputada”. 

La jueza, quien tiene una medida restrictiva para salir del país, está a la espera que se fije la condena en su contra por el delito de cohecho (aceptación de sobornos). Como aceptó cargos en la audiencia de imputación de cargos la ley fija una rebaja del 50% del monto de la sentencia.

De acuerdo con la Fiscalía, existe abundante material probatorio para demostrar que Mattos incurrió en el delito de cohecho por dar u ofrecer, proceso en el que se busca revivir la orden de captura internacional en contra del empresario por el proceso del caso Hyundai.

SOBORNO A FUNCIONARIOS JUDICIALES

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que Ligia Hernaìndez, juez 16 civil municipal, en compañía de Dagoberto Rodriìguez NinÞo, oficial mayor del juzgado sexto civil del circuito, aceptaron cargos dentro de la investigación por el pago de sobornos de Mattos a funcionarios judiciales para obtener beneficios en el proceso que se adelanta en su contra.

 “La Fiscaliìa pudo establecer que, ademaìs de los iliìcitos relacionados con la manipulacioìn del reparto y el presunto pago al juez sexto civil de circuito de Bogotaì -que son de amplio conocimiento-, se habriìa efectuado un segundo pago a servidor de la justicia, a propoìsito una decisioìn judicial que favoreciìa los intereses del ciìrculo empresarial de Carlos Mattos”, advierte la Fiscalía.

“Los investigadores fueron informados por algunas personas que, en el marco de un proceso civil que cursaba en el juzgado 16 civil municipal de Bogotaì,Mattos habriìa dispuesto el pago de una suma de dinero a una juez de la Repuìblica”, añade el ente acusador.

Además, puntualiza: “Seguìn las evidencias recaudadas, para el efecto se habriìan cancelado maìs de cien millones de pesos. Uno de los pagos se habriìa efectuado directamente por el empresario, con el concurso del senÞor Dagoberto Rodriìguez NinÞo, oficial mayor del juzgado sexto civil del circuito y quien conociìa a la juez 16 civil municipal”.

De acuerdo con la Fiscalía, por el proceso Hyundai se han hecho imputaciones de cargos a once personas de las cuales ocho han aceptado su responsabilidad en la comisión de varios delitos.

EL CASO MATTOS

El denominado caso Hyundai revivió a raíz de una serie de capturas realizadas por la Fiscalía que revelaron un episodio de corrupción por parte de servidores de la Rama Judicial y de particulares y que ponen en entredicho al poderoso empresario cesarense Carlos Mattos. El origen de este escándalo se remonta a septiembre de 2015, cuando Hyundai Motor Company de la República de Corea le quitó la representación de la marca en Colombia a Mattos, dueño de Hyundai Colombia Automotriz S.A. Fue el fin de una relación comercial de casi 25 años.

La casa matriz coreana le entregó esa representación al grupo ecuatoriano Eljuri, pero Mattos no se quedó quieto y acudió a los estrados judiciales en Colombia para que los carros de la marca no pudieran ser vendidos en el territorio nacional si no era a través de su compañía. Corea quería el divorcio, él no. En abril de 2016, el juez Sexto Civil del Circuito de Bogotá, Reinaldo Huertas, determinó como medida cautelar que solo Mattos podía hacer negocios con Hyundai Corea mientras la demanda contra esa multinacional se estudiaba.

Para ese entonces, parecía una pelea entre dos privados y nada más. El periodista Daniel Coronell, sin embargo, arrojó un manto de duda sobre la determinación judicial cinco meses después. En una columna publicada en la revista Semana el 24 de septiembre de ese año, Coronell reveló lo siguiente: «El señor juez (Reinaldo Huertas) compró su carro nuevecito y de contado, menos de una semana después de haber entrado en vigencia la medida cautelar que favorece los intereses de Mattos».

Coronell cuestionó la celeridad con que el juez en cuestión había manejado el proceso. Mattos radicó la demanda contra Hyundai Corea a finales de febrero de 2016 y, a principios de abril  el juez ya había tomado la decisión de vetar temporalmente el negocio entre Hyundai Corea y el grupo ecuatoriano Eljuri, con su empresa Neocorp. Miles de automóviles Hyundai se quedaron represados en los puertos del país, Neocorp no podía comercializarlos. Mattos pedía una indemnización por encima de los $770.000 millones. Mattos pidió más medidas cautelares ante otro juzgado civil de Bogotá, pero esta las rechazó por considerarlas «no razonables».

En noviembre de 2016, el pleito llegó a su fin. Mattos y Neocorp afirmaron en un comunicado conjunto que, en la casa del empresario colombiano, habían llegado a un acuerdo. «Con esta firma comienza la culminación de uno de los casos empresariales más importantes del año», dijeron las partes. La cifra de la indemnización a Mattos nunca se hizo pública, pero se supo que fue menor a su solicitud original. Neocorp retomó la compraventa de automotores Hyundai. Hasta ahí, parecía un final feliz.

ARRESTADOS Y CULPABLES

Durante 13 meses del caso Hyundai no se habló más hasta que, en enero de este año, la Fiscalía hizo público que avanzaba en la fase uno de esta investigación, por la manipulación en el sistema de reparto en el Centro de Servicios Judiciales de los juzgados civiles de Bogotá. En ese momento, el ente investigativo anunció que abriría imputación formal contra Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del Juzgado Sexto Civil del Circuito; Edwin Fabián Macías Castañeda, exempleado de ese mismo despacho; y Wilmar Andrey Casas Mendoza, actual empleado de la Rama Judicial.

La hipótesis era entonces mucho más clara: la demanda que presentó Carlos Mattos en contra de la casa matriz coreana había sido direccionada. Las audiencias estaban programadas, supuestamente para el 12 de enero de este año; no se realizaron. El caso, de nuevo, parecía no tener rumbo hasta que, el pasado 16 de mayo, se produjo la primera captura: la del ingeniero Edwin Enrique Angulo Martínez, adscrito al Grupo de Soporte Tecnológico de la Seccional de Administración Judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, Angulo Martínez contactó a varios contratistas y les habría exigido dinero para incidir en el proceso de selección del proveedor de equipos tecnológicos para los diferentes despachos judiciales. La Fiscalía ya le imputó los delitos de concusión e interés indebido en la celebración de contratos. De estos, el ingeniero solo aceptó el primero ante el Juzgado 8 Penal de garantías de Bogotá en audiencia realizada el pasado 21 de mayo.

Luego, fueron detenidos Wilmer Andrey Patiño Rodríguez, Wilmer Casas Mendoza, Ramón Orlando Ramírez Fuentes y Carlos Arturo Gómez, quienes habrían aceptados los cargos que les imputó por la Fiscalía de cohecho propio, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores. A estos funcionarios también les imputaron cargos por la manipulación en el sistema de reparto, los judicializaron a puerta cerrada y aceptaron cargos.

Casas, por ejemplo, fue quien accedió irregularmente al sistema de reparto de proceso el 29 de febrero de 2016, día en que Mattos radicó su demanda contra la casa matriz de Hyundai y que terminó en manos del juez Sexto Civil del Circuito, Reinaldo Huertas, quien falló en favor de sus intereses. Esa anomalía se descubrió por una denuncia de la coordinadora del Centro de Servicios Administrativos para los juzgados civiles, laborales y de familia, Jenny Andrea Barrios, que terminó conociendo la Fiscalía.

A estas cinco detenciones se sumó la de Luis David Durán, uno de los abogados que hace parte del equipo jurídico del empresario Carlos Mattos, quien ayer aceptó haber participado en la manipulación del reparto de la demanda.  Igualmente, el miércoles pasado fue arrestado en Barranquilla Edwin Fabián Macias Castañeda, quien fue escribientedel Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá. Esta detención se ordenó por los delitos de utilización ilícita de transmisores o receptores, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático y cohecho propio. Macías también aceptó cargos.

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