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‘‘Santa Marta sigue con un POT caduco’’

Santa Marta tiene un Plan de Ordenamiento Territorial que data del año 2000, sin embargo continúa su expansión urbanística sin normas claras.

 

Según la dirigente gremial la ciudad necesita con urgencia la expedición de un POT debidamente evaluado, revisado, completo, con una normativa clara, que responda a la visión y modelo de ciudad.

 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta, es de los denominados POT de primera generación, expedido en el año 2000 y desde entonces, legalmente ya tuvo que haber surtido como mínimo tres revisiones, pues así lo dispone la Ley 388 de 1997.

‘‘Lamentablemente para nuestra ciudad, El ‘Jate Matuna’ como se denomina nuestro POT, no ha sido revisado ni ajustado en ninguno de sus componentes, en el corto, mediano o largo plazo; no obstante, del año 2000 al año 2017, la ciudad si ha cambiado mucho y si algo debemos aprender de esta experiencia es que las ciudades crecen y se desarrollan con o sin norma’’, precisó Liane Saumeth, directora de Camacol Santa Marta.

La representante gremial asegura que cuando los Curadores Urbanos identifican que hay un vacío o contradicción normativa para aplicar la norma a un caso concreto, la ley indica que pueden solicitar a las Secretarías de Planeación Distrital la expedición de circulares que aclaren o complementen esos vacíos lo cual se supone que debe ser analizado y ajustado posteriormente a medida que se van surtiendo las revisiones de ley de los POT.

Al referirse a las consecuencias de no hacer revisiones de ley al POT, Saumeth comenta que se expiden circulares, resoluciones y decretos a criterio de funcionarios ya sea para habilitar proyectos de infraestructura, para desarrollos inmobiliarios o para construir vivienda de interés social y prioritario.

‘‘Dichas circulares, resoluciones y decretos se modifican, se revocan, se vuelven a expedir otros todo acorde a la presión de desarrollo de la ciudad o por diversas razones pero el punto es el mismo: sin normas claras que propicia es una gran inseguridad jurídica y los procesos se hacen más lentos y muchísimo más costosos’’, comenta.

Fue categórica al expresar que la inseguridad jurídica puede generar otras consecuencias aún mas grave y es la proliferación de asentamientos humanos ilegales y esto último, sí impacta negativamente en la calidad de vida, en la capacidad de la infraestructura urbana y aumenta los riesgos de catástrofe ante eventos sísmicos dado que estos asentamientos se construyen sin licencia, sin aplicación de normatividad no son edificaciones sismoresistentes y es por ello que en el país tenemos antecedentes lamentablemente trágicos de construcciones ilegales que se levantaron con la ilusión de un hogar y terminan con el dolor de cobrar las vidas de quienes las habitan.

En conclusión, la ciudad de Santa Marta necesita con urgencia la expedición de un Plan de Ordenamiento Territorial debidamente evaluado, revisado, completo, con una normativa clara, que responda a la visión y modelo de ciudad, no socializado sino concertado con la ciudadanía y gremios, bien estructurado en su componente ambiental, rural, urbano y sobre todo de riesgos.

‘‘Respecto a esto último, tenemos una gran oportunidad para que la Alcaldía y el Concejo Distrital expida la normativa que permita la aplicación del artículo 53 de la ley 400 de 1997, el cual establece que en las zonas de amenaza sísmica intermedia como es el caso de nuestra ciudad de Santa Marta, las Alcaldías deben evaluar la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones indispensables tales como hospitales, sedes de Cruz Roja, Defensa Civil, Unidad de Gestión de Riesgo, entre otras y para los casos de edificaciones residenciales preexistentes a la vigencia de la ley, podrán ser eximidas del pago del impuesto de delineación urbana y del impuesto predial por un tiempo determinado, para que ajusten sus edificaciones a las normas sismoresistentes’’.

 

CONTROL URBANO

Según Liane Saumeth en zonas que se les asigne el tratamiento de mejoramiento integral, se pueden adoptar los instrumentos para efectos de que no solo se legalicen los barrios surgidos irregularmente, sino que también se puedan evaluar los predios que se construyeron sin licencia y sin cumplir con normas de sismoresistencia.

Dijo que debe reforzarse el control urbano para evitar el surgimiento de nuevos asentamientos ilegales. La Sociedad Colombiana de Ingenieros en la Edición 938 de su revista llama la atención indicando que más del 80% de la población colombiana habita en zona de amenaza sísmica alta o intermedia.

‘‘Es por ello que Camacol, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, entre otros gremios, hemos hecho importantes aportes participando en las mesas técnicas para la revisión, actualización y ajuste de la normativa y de las reglamentaciones de sismoresistencia en el país. Es realmente valioso replicar esta labor a nivel regional en las mesas de trabajo de revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial’’, puntualizó.

 

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