Exministro Andrés Felipe Arias critica la indiferencia del Estado

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Andrés Felipe Arias, exministro de Estado.

Al cumplirse seis meses de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pronunciara en favor del exministro Andrés Felipe Arias ante su solicitud, conminando a la justicia a garantizarle la doble instancia después de que fuera condenado a 17 años de prisión por las irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro, el funcionario se manifestó ayer a través de una grabación que dio a conocer desde Estados Unidos, en la que dijo que el Estado colombiano no ha cumplido.

El dictamen del Comité dice que Colombia violó el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al carecer el acusado, tras ser declarado culpable, de un recurso que le permitiera acudir a un Tribunal superior.

 “Hoy se cumplen los seis meses y el Estado colombiano le incumplió al máximo órgano protector de derechos humanos en el mundo”, dijo el exministro, quien está privado de libertad desde hace más de un año por la solicitud de extradición por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Arias Leyva dijo que “el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas falló a mi favor, ordenándole al Estado colombiano que en un plazo de seis meses me otorgara la posibilidad de apelar a la injusta condena y a revisar el despojo de todos mis derechos políticos”.

El Comité es uno de los máximos organismos en esa materia en el mundo, no obstante sus decisiones no tienen carácter vinculante, es decir, pueden ser acogidas o no por el Estado al que se refiere.

El exministro se preguntó en la grabación “si Naciones Unidas hubiera fallado a favor de un líder social o político de izquierda o de las mismas Farc, y no a favor de Andrés Felipe Arias, ¿el Estado colombiano hubiera permanecido indolentemente inmóvil? Seguro que no”.

Arias reiteró que su proceso estuvo plagado de anomalías y violaciones a sus derechos. “Opté por salir al exilio a defender mi inocencia y mis derechos. Particularmente al derecho a apelar mi condena, derecho humano universal que protege contra los errores que pueden cometer los países”, expresó.

La defensa de Arias presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Atlanta, en Miami, contra la decisión del Departamento de Estado que aprobó la solicitud de extradición a Colombia, argumentando sus apoderados la no existencia de un tratado en este sentido entre Colombia y Estados Unidos.

No obstante, este juez tiene hasta seis meses para decidir si deja en firme la extradición a Colombia o atiende la petición del exministro de asilo en ese país, pues argumenta que fue perseguido por razones políticas del gobierno Santos por haber hecho parte de la administración de Álvaro Uribe.

En su momento el gobierno Santos negó que persiguiera a Arias Leyva o a cualquier otro ciudadano y explicó que la Cancillería de entonces solicitó su extradición atendiendo una petición de la Corte Suprema de Justicia.

La doble instancia en la Corte fue instaurada en la Corte Suprema en enero de 2018 a través del Acto Legislativo 1, sin embargo Arias fue condenado en 2015.

Sin embargo, tras el pronunciamiento del Comité de ONU a favor de Arias la Corte Suprema fue enfática en que “el recurso de apelación contra la sentencia que lo condenó, el poder para procurar que lo haga no lo tiene la Corte ni ningún otro órgano de la Rama Judicial. Simplemente porque el cumplimiento del dictamen del Comité supone necesariamente una reforma de la Constitución Nacional. De una parte, para suprimir los efectos de la cosa juzgada en casos como el del exministro y, de otra, para crear con carácter temporal un organismo judicial que actúe como superior jerárquico de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ante el cual puedan impugnarse las sentencias de única instancia hoy ejecutoriadas”.

Concluyó la Corte señalando que es el Congreso y no la Corte Suprema de Justicia, “el llamado a adoptar las medidas legislativas necesarias que permitan satisfacer el requerimiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, si Colombia admite atender su dictamen”.

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