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Periódico de Santa Marta

Gobierno prepara reglamentación de la Ley de Teletrabajo

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De acuerdo con el ‘Cuarto Estudio de Penetración del Teletrabajo en Empresas Colombianas’, realizado por la Corporación Colombia Digital y el Centro Nacional de Consultoría para el año 2018, había algo más de 122 mil teletrabajadores en el país

Con corte a 2018, cerca de 122.278 trabajadores del país estaban bajo la modalidad de teletrabajo, con este panorama la ministra de Trabajo, Alicia Arango Olmos, manifestó que en los próximos meses se expedirá la reglamentación de ley de teletrabajo para facilitar el control y el desarrollo de esta clase de actividades económicas.

“El tema del teletrabajo hay que reglamentarlo porque se necesita tener trazabilidad de qué es lo que hace cada trabajador empleado en su casa. Hoy en día es muy difícil saberlo, muchas veces para saber qué es lo que hace cada empleado se contratan sistemas, pero estos no dan. La idea es que eso se pueda controlar, de tal manera que el empleador tenga la tranquilidad de poder usar el teletrabajo como una forma de empleo en su empresa”, expresó la jefe de la cartera laboral.

Respecto a esta modalidad, Olmos destacó que su función principal es ser equitativa al ser una opción laboral para personas con discapacidad o para quienes cuentan con dificultar para movilizarse por la ciudad, contribuyendo así también a la limpieza del medio ambiente. 

 “El teletrabajo sirve a una persona con discapacidad que no puede salir de su casa, pero que puede trabajar. Monte una silla de rueda en un bus a ver si es fácil o hay acceso. Entonces, el teletrabajo le da ese derecho de trabajar a quienes cuentan con dificultades”, agregó Olmos, quien participó en el Concordia Summit 2019 en el hotel Grand Hyatt de Bogotá.

De acuerdo con el ‘Cuarto Estudio de Penetración del Teletrabajo en Empresas Colombianas’, realizado por la Corporación Colombia Digital y el Centro Nacional de Consultoría para el año 2018, las ciudades con mayor número de teletrabajadores son Bogotá, que pasó de tener 55.848 trabajadores remotos en el 2016 a 63.995 en el 2018. A estas le siguen Medellín, que pasó de 25.081 a 29.751 en el mismo periodo; Cali, que tuvo un crecimiento exponencial, pasando de 5.723 a 13.379; Bucaramanga, que quintuplicó su cifra en dos años, pasando de 869 a 4.992, y Barranquilla, que se mantuvo con 4.827 teletrabajadores.

REFORMA PENSIONAL

Una vez más en medio de sus declaraciones, la ministra de Trabajo reiteró que el proyecto de reforma pensional estará listo para el mes de diciembre y que es un trabajo conjunto con el ministerio de Hacienda con el objetivo de que este sistema sea más equitativo en la cobertura de cotización.

“El motivo por el cual nosotros no empezamos una reforma enseguida al posesionarnos es porque las propuestas que había no representaban a todos los sectores de los trabajadores. Este país necesita que la gente sepa que el 44% de los trabajadores no tiene derecho a nada y así no se puede hablar de pensión”, afirmó Olmos. 

En distintas ocasiones el Gobierno ha resaltado que en la reforma pensional que se adelanta no está contemplado aumentar la edad de pensión, una de las mayores preocupaciones de los colombianos. 

EL PND EN MATERIA LABORAL

 El Plan Nacional de Desarrollo (PND) aprobado por el Congreso de la República la semana pasada incluye nueve artículos impulsados por el Ministerio de Trabajo, con los cuales se buscará promover en el país la política de trabajo decente, generación de empleo, formación laboral y diálogo social.

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, manifestó que lo aprobado en el PND permitirá promover una política de trabajo decente, generación de empleo y formación laboral en el sector.

 “Lo aprobado para nuestro sector permitirá al Gobierno Nacional abrir puertas para mejorar las políticas laborales de este país, en donde no se reconocía que aquí las personas ganan un salario por debajo del mínimo, que es necesario que tengan protección para la vejez y que no sigan volando como lo están haciendo”, expresó Arango.

Dentro del articulado, se destaca el numérala 197, que determinó el piso de protección social que busca brindar la capacidad de pago y la afiliación a salud subsidiada, la vinculación a los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) y el derecho a un seguro inclusivo.

“Este punto es uno de los de mayor relevancia en lo aprobado, porque vincula a los BEPS, de forma voluntaria, a personas contratantes con un salario por debajo del mínimo. No se puede desconocer que 44 % de la población del país gana menos del salario mínimo y eso no puede ser así, todos debemos estar en el sistema, pero hay 9 millones que no lo están”, apuntó la jefe de la cartera laboral.

La normatividad establece que es obligatoria en los casos de personas dependientes con relación contractual laboral o por prestación de servicios que trabajan tiempo parcial y que debido a esto reciben un ingreso mensual menor al salario mínimo.

 “Podrán hacer parte del piso de protección social diversos tipos de trabajadores que devengan menos de un salario mínimo. En caso de dependientes o independientes contratistas el aporte deberá ser asumido por el empleador o contratante”, destacó Arango.

Ante esto, el aporte a los BEPS por parte de los trabajadores que accedan al beneficio será del 15 % del ingreso mensual, del cual 1 % se destina al seguro inclusivo. A la par, a la cotización el Gobierno Nacional aportará un 20 %. El articulado camina además en compañía del proyecto de reforma pensional que adelanta el Gobierno de Iván Duque y que busca ampliar la cobertura de cotización.

“Aquí la gente vale del salario mínimo para arriba y eso no puede ser. Las personas que están por debajo de esto son los más vulnerables y serán a los que les pongamos atención primero, así no estén cotizando. Esto no es para que los empleadores solo contraten por debajo del salario mínimo, quiero aclarar esa parte. Sino que estaremos haciendo control, no podemos quitarles derechos porque otros abusan. Yo hago un llamado a los empresarios para que colaboren con los Beps”, apuntó Arango.

Con respecto a la reforma pensional, la representante de esta cartera destacó que lo que se busca es dar cobertura a más allá de 8 millones de cotizantes que hay actualmente, de las cuales más de 5 millones quedarían sin pensión como consecuencia de no alcanzar el tiempo.

 “Cuando se habla de reforma pensional es para los que tienen suerte de acceder a una pensión y dónde quedan los demás. Aquellos que no alcanzan a una cotización completa, nosotros buscamos que la reforma sea integral y vaya más allá y cubra a la vejez. Es importante la reestructuración de la reforma a la vejez desde el programa de Colombia Mayor y a la par del funcionamiento de los BEPS para una propia renta vitalicia”, agregó la ministra.

Arango reiteró que el proyecto será presentado ante el Congreso de la República en diciembre de este año con un impacto en cuanto a los subsidiarios de pensiones alta y una prevención a una posible bomba pensional, de no darse la atención requerida a tiempo en la estructura.

 “Si uno mira el sistema actual ve que aumentan los mayores pero no hay gente nueva que entre a alimentar ese sistema. Hoy no está sucediendo una bomba pensional, hay con que pagar las pensiones pero a un futuro no se sabe”, comentó.

Por otro lado, el artículo 202, busca promover los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), para que los afiliados al Sistema Pensional que no alcanzan a recibir una pensión opten por vincularse voluntariamente a este programa, recibiendo un incentivo del 20 % del ahorro para mejorar la renta vitalicia que recibirían y evitando que los afiliados se lleven su dinero y lo gasten en un corto periodo, quedando desprotegidos en la mayor parte de su vejez.

La alta funcionaria explicó que las personas tendrán un plazo de seis meses para decidir si prefieren la devolución de lo ahorrado, sin subsidio. “Si no hay decisión durante ese plazo, la persona queda automáticamente vinculada a BEPS y accederá a una renta vitalicia, la cual se calcula teniendo en cuenta el subsidio del 20 % por parte del Gobierno”, comentó.

INCLUSIÓN LABORAL

Entre lo aprobado también se encuentra el artículo 198, que busca crear el sistema nacional de cualificaciones y, dentro de este, su sistema de formación para el trabajo como una vía de cualificación.

“Esta formación se estructurará desde los niveles iniciales hasta los más avanzados, de acuerdo con las necesidades del sector productivo, logrando así la pertinencia necesaria. Los oferentes serán el Sena y las instituciones de Educación Superior con oferta de formación para el trabajo”, señaló Alicia Arango.

Así mismo, indicó que con el artículo 200 se busca promover la generación de empleo para la población joven, dándole prioridad de vinculación a jóvenes (entre 18 y 28 años), en las entidades públicas.

“El 10 % de los nuevos empleos no requerirán experiencia profesional en caso de modificación de planta de personal. Adicionalmente, tendrán prioridad los jóvenes entre los 18 y 28 años que estuvieron bajo custodia y protección del Icbf”, puntualizó la funcionaria.

Otros de los artículos aprobados es el 196, sobre prácticas laborales, que busca ampliar los tipos y niveles formativos a los cuales les aplica la regulación de las prácticas laborales, incluyendo los correspondientes a educación superior en nivel de posgrado, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del Sena y la oferta de formación por competencias.

También está la inclusión laboral en el artículo 199, que pretende brindarle acceso al empleo formal a las personas que enfrentan barreras; y el Fondo para el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control y la seguridad social para mejorar la eficacia y eficiencia de las Inspecciones del Trabajo, garantizando que cuenten con los recursos necesarios para su ejecución, se encuentra incluido en el artículo 206.

Con respecto a la facultad sancionatoria, el artículo 205 estableció que la medida que facilita la terminación de procedimientos sancionatorios de las empresas de una manera expedita, cuando los investigados reconozcan el incumplimiento de las normas laborales o de seguridad social integral y se comprometan a implementar las medidas correctivas mediante un plan de mejoramiento con plazos razonables, que deberá ser aprobado por el Ministerio del Trabajo.

Para la ministra Arango Olmos, con esta nueva disposición “se pueden agilizar los resultados de los procedimientos que se adelantan y se reconoce que la sanción no es el único camino para que el empleador adecue su actuar a lo establecido en la legislación”.

Sin embargo, si un empleador reconoce su infracción y se compromete a un plan de mejoramiento, este puede estar orientado a lograr que el empleador cumpla con sus obligaciones de manera directa con sus trabajadores sin que esto implique que se declaren derechos./Colprensa

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