Fiscalía: 3 mil imputados por corrupción en el país

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Néstor Humberto Martínez Neira, fiscal general de la Nación.

Según el ente acusador, estos hechos ilícitos han dejado una pérdida de 4 billones de pesos

Una radiografía del principal mal de Colombia, la corrupción, presentó la Fiscalía General de la Nación en un informe que abarca los resultados del plan ‘Bolsillos de Cristal’, el cual inició en agosto de 2016.

Desde la fecha, más de 3 mil personas han sido imputadas por hechos de corrupción, una cifra sin precedentes en la lucha contra la corrupción en el país.

De esos 3 mil imputados, se han llevado ante los jueces de control de garantías a 1.036 funcionarios, entre alcaldes, gobernadores, magistrados, jueces, fiscales e investigadores judiciales; 754 exfuncionarios y 1.210 particulares como representantes legales de empresas y contratistas.

FUNCIONARIOS JUDICIALIZADOS

Según el listado del ente acusador, de los funcionarios de elección popular que han sido judicializados por apropiación de los recursos públicos del país, hay 208 alcaldes; 95 concejales; 26 congresistas y 26 gobernadores.

Mientras que los funcionarios públicos que también enfrentan cargos por corrupción hay 66 jueces,  122 fiscales e investigadores  y un exviceministro, quien es el de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales, enredado por el escándalo de la multinacional brasileña Odebrecht.

LOS SECTORES INVOLUCRADOS

En su informe, la Fiscalía también alertó sobre los sectores del país que más tienen casos de corrupción. Para el ente acusador, los sectores como la salud, la infraestructura, la educación y las pensiones están en la “lista roja” de la corrupción en Colombia. En ese listado se destaca los recursos destinados a la alimentación infantil a través del Programa de Alimentación Escolar, que ha tocado a varias regiones del país dejando gobernadores y alcaldes judicializados.

En el primer lugar se destaca el sector de Justicia, con un porcentaje de 12; Infraestructura (9,8%); Salud (8,33%); Fuerza pública (7,93%); Pensiones (6,5%); PAE e ICBF (4,46%); Educación (2,8%); Cárceles (2,76%); Elecciones funcionarios (1,96%); Regalías (1,3%); Dian (1,2%); Celebraciones y fiestas (1,16%); Agentes de Tránsito (1,1%); POT (1%); Mermelada tóxica (0,86%) y Medio ambiente (0,8%).

Cabe recordar que el sector de la justicia es uno de los más afectados por el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia conocido como el ‘cartel de la toga’ que tocó a varios presidentes de ese Alto Tribunal y algunos magistrados por participar en una compraventa de fallos de tutela. Por este caso están involucrados Leonidas Bustos, Gustavo Malo, Luis Gustavo Moreno, Francisco Ricaurte, entre otros.

En materia de recursos públicos embolatados, la Fiscalía estima una cifra que superó los $4 billones y al menos 106 millones de dólares, principalmente en casos como las irregularidades en el cobro de pensiones, el PAE, el ICBF, Odebrecht, Reficar y el Invima.

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