¿Crisis Institucional?

La renuncia de Néstor Humberto Martínez Neira al cargo de fiscal general de la Nación, supuestamente como protesta por la decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP) de ordenar la libertad del exjefe guerrillero Jesús Santrich, deja al país con la sensación de que se profundizarán las tensiones entre los poderes públicos y entre los mismos órganos de justicia, en un momento en el cual también hay nuevas revelaciones alrededor del llamado Cartel de la Toga, retiro de visas estadounidenses a magistrados de las cortes y un próximo pronunciamiento de la Corte Suprema que declararía el impedimento total del hoy exfiscal en el caso de Odebrecht.

En medio de este ambiente enrarecido, al cual también el presidente Iván Duque contribuyó con sus objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, las cuales muy probablemente quedarán hundidas definitivamente en la Corte Constitucional, la Fiscalía queda en manos de un desconocido, Fabio Espitia, quien estaría al frente de esa institución durante el resto del año, por lo menos, según los cálculos del tiempo necesario para nombrar un nuevo fiscal en propiedad. Espitia era el tercero al mando y queda en el cargo de Martínez ante la renuncia simultánea de la vicefiscal María Paulina Riveros.

Si bien la determinación de la JEP acerca de Santrich plantea dudas, debido a que los investigadores estadounidenses aseguran que la reunión que comprometería al excomandante de las Farc se celebró después del 1 de diciembre del 2016, los magistrados de la justicia transicional determinaron que tal declaración juramentada no era suficiente prueba para asegurar que Santrich había delinquido después de la firma del acuerdo de paz. El hecho de que los Estados Unidos no haya entregado las pruebas pedidas por la JEP para determinar exactamente la fecha del delito, deja preguntas que ponen en tela de juicio que el exguerrillero quede libre y no sea extraditado.

Ahora bien, el hecho de que casi de manera simultánea la JEP haya decidido ratificar la orden de captura en contra de alias el Paisa, quien ha evadido los llamados para presentarse ante esa jurisdicción y explicar su participación en delitos como el secuestro, parece demostrar que hay equilibrio en sus determinaciones, y que es falsa la acusación de algunos sectores en el sentido de que solo le interesa proteger los intereses de la desaparecida guerrilla. En todo caso, es fundamental empezar a ver la JEP como una instancia judicial válida y respetable, si queremos en realidad dejar atrás las animadversiones que dieron origen al conflicto.

De otro lado, tras la salida de Martínez esperamos que los procesos fundamentales que tramita la Fiscalía tomen el curso adecuado, y que con pruebas suficientes y rapidez se evacuen de manera eficiente. Los casos relacionados con Odebrecht en Colombia deben ganar velocidad en su resolución, no solo los del fiscal ad hoc, sino las cerca de 20 líneas de investigación de las que se habla. En el fondo de todo esto, lo que está en juego es la credibilidad en la justicia yla posibilidad de que los colombianos empecemos a ver que las instituciones están por encima de los personalismos.

Ojalá sea posible que la JEP le demuestre al país que sus decisiones son acertadas, y se gane el respeto de la sociedad colombiana al reunir resultados contundentes en materia de verdad, reparación y compromisos de no repetición, que son sus responsabilidades como justicia transicional. De igual manera, esperamos que la salida de Martínez y su llamado a que los ciudadanos respalden en las calles las supuestas causas de su renuncia no sea solo la pantomima para una aspiración electoral. Tampoco que el país caiga en la trampa de quienes promueven una constituyente para sacar provecho del actual desorden.

*Internacionalista.