Implementación de la JEP

Sigue dando de qué hablar la reglamentación de la JEP, cuya Ley Estatutaria, adelanta su trámite en el Congreso, donde ha visto las verdes y las maduras para  salir adelante.  La semana pasada, al momento de su votación en el Senado, no contaba con mayorías, al punto que, si no es por un problema técnico electrónico de última hora, que sirvió de pretexto para suspender la sesión, se ahoga la iniciativa.  Fue necesario que el Gobierno amenazara con la expulsión de la  Unidad Nacional, es decir, retirar  las prebendas burocráticas a los disidentes, para que esta semana pudiesen aparecer votos en favor de un buen porcentaje de artículos del proyecto; sin embargo, la amenaza de retirar la mermelada, le costó  la ruptura con Cambio Radical, que políticamente acierta al tomar distancia  con el Gobierno y su desgaste político.  

También sucedió algo inusitado;  la argucia que utilizó el Gobierno de sacar un Decreto  de naturaleza reglamentaria,  aun antes de estar lista la ley, para su implementación administrativa y financiera,  sirvió a fin de crear hechos políticos que  impidieron la desintegración de las fuerzas gubernamentales en el Congreso.

Se pregunta el observador desprevenido, ¿Por qué tanto desencanto con una Jurisdicción Especial para la Paz; sobre la cual debería haber casi que un consenso nacional?  Porque la gente de Colombia se ha dado cuenta de que dicho aparato burocrático que se crea, paralelo a la administración de justicia ordinaria, suplantando el diseño constitucional de la Rama Jurisdiccional,  no tiene otro sentido que darle gusto a las Farc de no ser juzgadas por la jurisdicción ordinaria,  no pagar cárcel en establecimientos de reclusión, no ser extraditadas y no tener necesariamente que reparar a las víctimas. Además, porque tiene que darse un remedo de justicia, para efecto de mantener en distancia a la Corte Penal Internacional, que podría avocar competencia, si  no se hace justicia en Colombia  con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.

Esa jurisdicción es innecesaria, lo que van a hacer los nuevos magistrados, perfectamente podía haberlo hecho la jurisdicción ordinaria en salas especiales, que aplicasen la ley de justicia transicional y restaurativa. El gran grueso de los guerrilleros no va a ir a ella, pues van a ser amnistiados y ello implica desistir de la acción penal. Solo irán los máximos responsables, que a lo sumo llegan a doscientos.  Va a ver más magistrados que casos de la guerrilla para juzgar y sin embargo nos va a salir bien caro el gusto para los colombianos, a cargo de las ya envilecidas arcas del Estado. Otra corte más como si no hubiera ya bastantes en Colombia.  El esfuerzo debería ser para reducirlas y no para crear nuevas.

*ExMagistrado