Gobierno otorgará 118.345 cupos a núcleos vulnerables

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El gobierno nacional tiene proyectado para los dos próximos años darle al Magdalena 118.345 cupos para las personas más vulnerables, lo cual será verificado por varias entidades en aras de evitar colados.

El DPS busca sacar a millones de colombianos de la pobreza extrema con los programas sociales, por lo tanto, este Departamento hace parte de esa iniciativa que tiene una hoja de ruta establecida a través del PND.

Por
EMILY
BUSTAMANTE NÚÑEZ

El Magdalena, es uno de los departamentos priorizados por el Gobierno Nacional a través del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, al registrar índices de pobreza por el orden del 48,5%, según las últimas cifras del Dane.

Por lo anterior, la directora general del DPS, Susana Correa Borrero, aseguró que hay una amplia oferta con los programas bandera como Familias en Acción, para el cual tienen previstos para estos primeros dos años alrededor de 118.345 cupos.

Así mismo, con Jóvenes en Acción estamos previendo llegar en este mismo periodo a más de 2.800 estudiantes con incentivos monetarios para que puedan seguir sus estudios superiores.

Igualmente, y atendiendo el Pacto por la Equidad de oportunidades para grupos étnicos: Indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rrom, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, empezarán a vincular este año a 360 familias de Santa Marta al programa Iraca, el cual brinda atención integral con enfoque étnico para promover la seguridad alimentaria, el fortalecimiento familiar y comunitario y el impulso a proyectos productivos.

El emprendimiento, también como pilar del Plan de Desarrollo, tiene un gran componente en los programas de la entidad como Mi Negocio, que para el período 2019-2020, tiene una asignación de 1.020 cupos distribuidos en Aracataca, El Banco y Plato y con el programa de Emprendimiento Colectivo que capitalizará a 22 organizaciones productivas de tipo asociativo-comunitario que tienen como líneas productivas la ganadería de leche, el reciclaje, la piscicultura y la avicultura principalmente.

LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

En el departamento del Magdalena se beneficiarán en 2019 un total de ocho municipios con obras de mejoramiento de condiciones de habitabilidad en el marco del programa interinstitucional Casa Digna Vida Digna con inversiones por el orden de los $8.483 millones. Actualmente, se ejecutan seis obras por el orden de los $13.322 millones.

En el país realizaremos 600.000 mejoramientos junto con los Ministerios de Vivienda y Agricultura, de estos, Prosperidad Social ejecutará 325.000 con una inversión de $2,5 billones.

En el Magdalena, a la fecha han terminado 59 obras y seis se encuentran en ejecución por el orden de los $9.962 millones. Así mismo, en 2019 ejecutaremos obras en 14 municipios, con inversiones que superan los $67.986 millones.

“Esto es solo una muestra de todo el esfuerzo que estamos poniendo y de las líneas del Plan Nacional de Desarrollo que estamos siguiendo. No descansamos. La certeza de que hay colombianos sufriendo las privaciones de la pobreza es el impulso que nos conducirá a brindarle al país lo que merece y que hasta ahora no ha sido posible lograr: la equidad. Nuestro principio claro e ineludible es que aquí nadie se queda atrás”, dijo Correa Borrero.

En Magdalena, el programa Mi Negocio ha invertido más de $6.000 millones en procesos de formación que permitieron a los participantes construir un plan que les permitió crear oportunidades de generación de ingresos a través del desarrollo de una actividad económica.

Un total de 310 emprendedores de Pivijay en Magdalena ya tienen su propio negocio, generan ingresos y apoyan a su comunidad con una idea productiva con la que están mejorando su calidad de vida y avanzando en su ruta hacia la superación de la pobreza.

RETOS DEL DPS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Correa Borrero, expresó “el sector de la inclusión social y la reconciliación, liderado por Prosperidad Social, tiene un papel preponderante al ser parte esencial del pilar de Equidad del Plan Nacional de Desarrollo, que responde a través de sus diferentes entidades como el Icbf, la Unidad de Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica, al reto de avanzar en inclusión social, desarrollando estrategias específicas para la superación de pobreza y pobreza extrema y la reparación integral de las víctimas”.

Agregó que “más que un reto, es una obsesión que compartimos con el presidente Iván Duque: lograr la equidad. El Plan Nacional de Desarrollo tiene como objetivo sacar a 1.5 millones de colombianos de la pobreza extrema. Pero nosotros desde Prosperidad Social queremos ir más allá, por lo que nos hemos propuesto sacar a 3.5 millones de personas de esta condición y por eso, ya estamos afrontando el reto de rediseñar nuestros programas a través de una gran modernización institucional, de política pública y de estrategias que están contempladas en el Plan”.

LAS NOVEDADES

En lo que a Prosperidad Social compete, comenzaron el diseño de la ruta de superación de la pobreza extrema que es la apuesta más grande para el cuatrienio, donde, a través de nuestra participación a través de la secretaría técnica de la Mesa de Equidad, coordinarán las acciones del Estado gestionando la oferta social pertinente.

Además realizarán monitoreo al cumplimiento de las metas en superación de pobreza para estos cuatro años: Conseguir que al menos 2,9 millones superen las condiciones de pobreza monetaria, que 1,5 millones de personas superen la pobreza extrema y 2.5 millones superen la pobreza multidimensional.

EL REDISEÑO DE LOS PROGRAMAS

“Muchas de nuestras acciones se enfocarán en el rediseño de la Red Unidos, Familias en Acción y Jóvenes en Acción, cuyo proceso estará determinado luego de la entrada en vigor del Sisbén IV en 2020. Para el caso de Familias se busca, entre otras estrategias, ajustar su focalización y se espera que, dada la disminución de la pobreza, la cobertura del programa llegue a un máximo de 2,4 millones de hogares”, sostuvo la directora general del DPS.

Añadió que “para Unidos, el rediseño busca plantear que sea la puerta de ingreso a la oferta estatal para la superación de la pobreza extrema, de tal forma que el acompañamiento familiar y comunitario se convierta en una plataforma para hacer eficiente la implementación de los programas sociales para la superación de la pobreza, generando concurrencia en la población en pobreza extrema. Para el caso de Jóvenes en Acción, se ampliará la cobertura a 500.000 jóvenes adicionales en este cuatrienio, de acuerdo con la demanda del mercado laboral y la oferta de formación y educación. Uno de los objetivos es que más estudiantes en condición de vulnerabilidad accedan a la educación superior de calidad”.

Asimismo, indicó que “adicionalmente, con el objetivo de tener mayor impacto en la población vulnerable del país y ser más eficientes en la implementación de los programas de inclusión productiva, estamos diseñando tres rutas de intervención integral: la urbana y la rural, así como la étnica con enfoque diferencial, de acuerdo con la vocación productiva de los territorios y en articulación con las cadenas productivas”.

LAS RUTAS INTEGRALES

El Plan Nacional de Desarrollo establece el diseño de rutas integrales de emprendimiento rural y de emprendimiento urbano. En este sentido, están rediseñándolos instrumentos para lograr intervenciones rurales integrales fortaleciendo los componentes de seguridad alimentaria, fortalecimiento social y comunitario, mejoramiento de vivienda rural y asistencia técnica y capitalización de negocios rurales agropecuarios y no agropecuarios.

“Atenderemos los emprendimientos urbanos con doble criterio de inclusión, productiva y social. La prioridad es atender a más de 50 mil emprendedores en condición de pobreza extrema fomentando la generación de ingresos para lograr una inclusión productiva de primer nivel”, enfatizó Correa Borrero.

En términos de la doble inclusión se realizará especial énfasis en la implementación de programas de vivienda y mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los hogares de estos emprendedores.

Además la infraestructura social es un detonante para lograr su evolución y consolidación como centros de acopio, plazas de mercado, placas huella, entre otros.

En ese sentido, a partir de lo anterior y con miras a su sostenibilidad, se espera articulación con la oferta del Estado de segundo nivel y superiores Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Innpulsa y Organizaciones Solidarias, entre otros, así como con el sector privado, para promover su inclusión en mercados locales, regionales y nacionales.

TRABAJO CON LA FAO

Con el objetivo de ser más efectivos en la reducción de la pobreza rural y rural dispersa, el Gobierno nacional y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, analizaron, a la luz de la protección social ampliada, la optimización de los programas sociales actuales y cómo estos se pueden articular en una ruta integral de atención entre las comunidades que habitan esos sectores.

Esto se produjo en desarrollo del convenio entre el Departamento para la Prosperidad Social y la FAO en el cual se establecieron caminos para el fortalecimiento de la Estrategia Nacional para la Superación de la Pobreza Unidos en áreas rurales.

De acuerdo con el diagnóstico del organismo, mientras en la zona urbana una de cada cuatro personas es pobre por ingresos, en la rural lo es una de cada tres, lo cual evidencia la amplia brecha de carencias entre las ciudades y el campo.

Una de las alternativas propuestas es la Ruta integral para la reducción de la pobreza rural, la cual se propone sea la instancia donde confluyan los programas actuales de Prosperidad Social pero encaminados hacia el mejoramiento de ingresos y hacia el acceso a bienes y servicios, con miras a reducir la vulnerabilidad de los hogares y migrar hacia una sólida protección social.

 Para ese organismo, Prosperidad Social tiene a favor una amplia experiencia en focalización en zonas rurales y rurales dispersas, variedad de intervenciones en diferentes frentes, programas con co­bertura nacional como Familias en Acción y la Estrategia Unidos, capacidad de articulación entre entidades, y presencia de equipos de tra­bajo en territorio, pero señala retos como lograr intervenciones integrales de escala, profundizar en seguimiento y monitoreo, y lograr la especialización en la prestación de servicios a otras entidades y actores.

“La información que nos brinda FAO es muy valiosa, al igual que las conclusiones del análisis de sinergias a cargo de la Universidad de los Andes pues nos permite ampliar nuestra visión para realizar cambios, especialmente en Unidos, que esperamos sea la plataforma y base de datos para todo el sector social del Estado”, indicó la directora general de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, quien dijo además que al rediseño de Estrategia Unidos se le deben adicionar algunos factores que permitan atender a los colombianos más pobres del país.

 A su turno, el representante de FAO en Colombia, Alan Bojanic, manifestó que no solo en el contexto social colombiano se hace urgente articular a las diferentes instituciones relacionadas con la reducción de la pobreza. “Se trata de un desafío que enfrenta la región, no solo Colombia”, aseguró.

Dentro del convenio se realizó también la construcción de una estrategia de desarrollo de capacidades técnicas para cualificar el Modelo Rural de la Estrategia Unidos; un análisis sobre la sinergia y complementariedad de programas de inclusión social y productiva, al igual que Familias en Acción y Estrategia Unidos, y se establecieron acciones estratégicas misionales para capitalizar los aprendizajes.

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