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Si no se sabe, pues difícil formarse una opinión y obrar en consecuencia. ¿Y, así, cuál sanción social? Si se preguntara en una encuesta nacional o en una reunión pequeña o grande, ¿cuántos congresistas han sido puestos presos?, creo que las respuestas serían muy equivocadas aún entre personas bien educadas. Lo propio ocurriría si se pregunta cuántos congresistas o concejales o diputados han perdido la investidura, una facultad que ejerce el Consejo de Estado.

Estas consideraciones las hago a propósito de una información que recibí el miércoles pasado. La Corporación para la Excelencia de la Justicia, que dirige ahora el abogado Hernando Herrera, acaba de colocar en su página electrónica la información sobre los aforados que han sido sancionados desde 1991, senadores, representantes, ministros, altos funcionarios. En total, 232. ¡Por fin! Es el tema de la transparencia. Si los ciudadanos no pueden encontrar con facilidad esta información siguen con la cantaleta de que “la Justicia es para los de ruana”.

Tengo entendido que Hernando Herrera tratará de hacer una publicación semejante sobre los abogados, jueces y magistrados que han sido sancionados, de diferente manera por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Entiendo que, a partir de 1992, el total pasa de veinte mil. Muy pero muy preocupante.

En el tema disciplinario que maneja la Procuraduría, ¿cuántos gobernadores, alcaldes, ministros, gerentes, rectores, funcionarios y hasta representantes, diputados y concejales han sido destituidos, suspendidos, inhabilitados? Las cifras son significativas.

La Contraloría General tiene amplios poderes y está utilizando Big Data y Analytics, con excelentes resultados. Y también la Fiscalía.

Una buena divulgación contribuiría a cambiar la actitud de los ciudadanos: recuperarían algo de la confianza hoy perdida con respecto a la lucha contra la corrupción y estarían mejor dispuestos a denunciar y a mostrarse más intolerantes frente a comportamientos corruptos.

El desencanto, el escepticismo, el cinismo, se disminuirían si los ciudadanos pudieran acceder fácilmente y cuantas veces quisieran a una información creíble y legible.

Es una excelente contribución de la Corporación al fortalecimiento de la Democracia.

La lucha contra la corrupción depende de la información. Por eso la herramienta más eficaz es la delación premiada. Un instrumento que permite que los ciudadanos que saben de una situación ilegal o indebida gocen de la posibilidad de hacer una denuncia segura, una protección creíble y obtengan una recompensa generosa que debe oscilar entre el 10% y el 30% de los dineros protegidos o preservados. En Estados Unidos donde esta figura opera muy bien hubo una recompensa que sobrepasó la cifra de cien millones de dólares: la información sobre las cuentas bancarias secretas en Suiza.

¿Cómo estimular la información, o sea, la denuncia premiada? es una dimensión clave para erradicar sobre todo la gran corrupción, al estilo Odebrecht. Todo un mecanismo, una asociación para delinquir globalmente, conformada por empresarios y políticos. Está muy bien reflejada en la serie de Netflix.

Este tipo de corrupción deforma la democracia, deslegitima las instituciones, destruye la confianza de los ciudadanos en el sistema político y económico y hace mofa de las políticas públicas. Y, quién lo creyera, contaminó los más altos niveles de la política y del empresariado no solo en Brasil sino en otros países de la región.

Hay que insistir hasta el cansancio en el perverso efecto de estas organizaciones criminales. Es lo peor.

*ExMinistro de Estado