Congreso se prepara para aprobar el nuevo proyecto de lucha contra la corrupción

Mañana partes el congreso podría estar aprobando el proyecto de ley número 18 de 2018 Senado – 005 de 2017 Cámara, “por medio del cual seadoptan medidas en materia penal y administrativa en contra de la corrupción y se dictan otras disposiciones.

Uno de esos pocos proyectos con posibilidades está en el puesto 22 del orden del día de la plenaria del Senado citada para este martes.

Se trata del proyecto de ley número 18 de 2018 Senado – 005 de 2017 Cámara, “por medio del cual se adoptan medidas en materia penal y administrativa encontra de la corrupción y se dictan otras disposiciones”, radicado el 20 de julio de 2017 por el exfiscal Néstor Humberto Martínez y que fue acumulado con otras iniciativas parlamentarias, cuatro de ellas presentadas por congresistas de la bancada del Centro Democrático y otra por el exministro de Justicia, Enrique Gil.

Aunque, como se ve, el origen de la propuesta es anterior a la consulta anticorrupción, entró al paquete impulsado por la mesa técnica porque responde a uno de los mandatos que si bien no superó el umbral logró más de 11 millones de votos.

Específicamente es el punto 2 de la consulta que le preguntó a los ciudadanos: ¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contrala administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?

Por este punto votaron afirmativamente 11.521.048 personas, el 99,54% de quienes sufragaron (11.673.166 colombianos).

El proyecto propone que, por ejemplo, al enriquecimiento ilícito de servidor público se le aumente la pena de nueve a 22 años. El concierto para delinquir agravado tendría una condena de 18 años y el delito de falsedad, cuando afecte a menores de edad, se elevaría a 18 años.

El articulado tiene ponencia positiva para cuarto y último debate desde el 6 de noviembre, preparada por el grupo de senadores coordinado por Germán Varón (Cambio Radical) e integrado por Roosvelt Rodríguez (Partido Social de Unidad Nacional, La U), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Angélica Lozano (Alianza Verde), Paloma Valencia (Centro Democrático), Esperanza Andrade (Partido Conservador), Gustavo Petro (Colombia Humana), Alexander López (Polo Democrático), Julián Gallo (‘Carlos Antonio Lozada’, partido Farc) y Carlos Eduardo Guevara (MIRA).

El 15 de mayo, la plenaria del Senado decidió aprobar 35 artículos de la iniciativa que no tenían ninguna proposición con una votación de 53 votos a favor y ninguno en contra.

El éxito del proyecto estuvo a punto de malograrse porque, faltándole solo un debate y la conciliación entre los textos diferentes aprobados en Cámara y Senado, se consideró que era necesario conocer la posición del fiscal que llegue a remplazar al renunciado Martínez.

La plenaria del Senado aceptó por unanimidad una proposición del senador José Luis Pérez, de Cambio Radical, de postergar el debate hasta que se eligiera al sustituto de Martínez al frente del ente investigador.

Como esa elección puede demorarse, empezando porque el presidente Iván Duque anunció que se tomará su tiempo para confeccionar la terna, la semana pasada la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el fiscal general encargado Fabio Espitia se reunieron con los ponentes y voceros de las bancadaspara destrabar el proyecto.

Gutiérrez explicó que el proyecto, al que solo le restan poco más de 20 artículos para que sea aprobado, establece la supresión de los beneficios para“servidores públicos de elección popular”, así como “los temas que tienen que ver con la obligación que tienen las entidades públicas para dar por terminados unilateralmente los contratos cuando hay eventos de corrupción, sin que los contratistas puedan ceder el contrato y a cambio de ello obtener beneficio económico”.

 “Esta norma es bastante gruesa. Tiene varios mecanismos de lucha contra la corrupción incluidos por la Fiscalía General y por diferentes partidos políticos, y tiene dos orientaciones en materia penal y en materia administrativa”, dijo Gutiérrez, quien añadió que también se busca la eliminación de la casa por cárcel y los subrogados judiciales para quienes cometan delitos de corrupción.

Otra iniciativa que tiene posibilidades de ser aprobada es la que obliga a hacer pública la declaración de renta a los funcionarios. Tras ser tramitada en comisiones primeras conjuntas, el 20 de agosto recibió el visto bueno de la plenaria del Senado y espera la aprobación de la Cámara, para lo cual tiene desde diciembre ponencia positiva preparada por los representantes Juanita Goebertus (Alianza Verde), Adriana Matiz (Partido Conservador), Ángela María Robledo (Colombia Humana) y Gabriel Santos (Centro Democrático).

En similar situación está el proyecto de ley que modifica el Artículo 4 de la Ley de Infraestructura que obliga al Estado a adoptar pliegos de contratación estandarizados. Ya fue aprobado en segundo debate y pasó para su trámite en la Cámara.