A punto de hundirse proyecto contra desperdicio de alimentos

En Colombia, según las cifras publicadas en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin 2015) el 54,2% de los hogares viven en inseguridad alimentaria y aunque la proporción de desnutrición crónica disminuyó de 13,2% a 10,8%, 560.000 niños menores de cinco años tienen esta grave enfermedad, que trae secuelas irreversibles en su crecimiento y desarrollo.

Una invitación para que los congresistas no dejen hundir el proyecto de ley que establece una política nacional en contra del desperdicio de alimentos hizo la Red de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco).

 “En diciembre de 2018 recibimos con bastante ilusión el voto positivo de la totalidad de los senadores presentes en el segundo debate. Los proyectos de ley deben cumplir su trámite en máximo dos legislaturas y ese plazo máximo vence este 20 de junio. Invitamos a los honorables representantes de la Comisión Séptima de la Cámara a que miren la importancia social del proyecto de ley, que miren la situación del hambre en Colombia y la gran cantidad de alimentos que se están tirando a la basura pudiendo ser utilizados para la atención de las personas más vulnerables. Invitamos al presidente de la comisión séptima, el doctor Jairo Giovany Cristancho a que priorice la discusión de este proyecto que puede impactar de manera muy positiva la situación nutricional de miles de colombianos”, manifestó Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de Abaco.

Se trata del proyecto de ley número 127 de 2017 Senado – 301 de 2018 Cámara, “por medio del cual se crea la política contra la pérdida y el desperdicio de alimentos y se dictan otras disposiciones”, radicado el 15 de septiembre de 2017 por un grupo de congresistas entre los que se cuentan Santiago Valencia (Centro Democrático), Maritza Martínez y Eduardo Enrique Pulgar (Partido Social de Unidad Nacional, La U).

Tras su aprobación en la plenaria del Senado, el 4 de diciembre del año pasado, pasó a la Cámara donde ya la Comisión Séptima podría discutirlo, pues desde el 3 de abril tiene ponencia positiva presentada por los representantes Fabián Díaz (Coalición Alternativa Santandereana) y Faber Alberto Muñoz (La U).

Según Abaco, en términos generales el proyecto crea la política pública para prevenir las pérdidas y desperdicios de alimentos, prohíbe destruir alimentos aptos para el consumo humano y establece que los alimentos que no logren ser comercializados se podrán donar a las organizaciones sin ánimo de lucro que atienden población vulnerable.

En Colombia, según las cifras publicadas en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin 2015) el 54,2% de los hogares viven en inseguridad alimentaria y aunque la proporción de desnutrición crónica disminuyó de 13,2% a 10,8%, 560.000 niños menores de cinco años tienen esta grave enfermedad, que trae secuelas irreversibles en su crecimiento y desarrollo.

En la reciente publicación de la Ensin, el Ministerio de Salud calcula que el costo de la desnutrición en Colombia se estima en un 11% de su PIB por año, esto es cerca de $23,7 billones para 2018 y según las estimaciones del Banco Mundial, lograr la meta de acabar con la desnutrición en Colombia podría generar un aumento de los ingresos de cada colombiano entre 4,3% y 6,5% por año.

A pesar del grave panorama de la inseguridad alimentaria, según estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en Colombia se pierden o desperdician 9,76 millones de toneladas de alimentos al año. Dicha cifra es alarmante puesto que representa el

34% del total de los alimentos que el país podría consumir durante un año, es decir que, por cada 3 toneladas de comida disponible en Colombia, una tonelada va a la basura.

“Tenemos el reto de acabar con el hambre en Colombia. En un país que se bota comida suficiente para alimentar a ocho millones de personas al año, el hambre es un crimen”, señaló Buitrago, quien destacó que por eso desde Abaco “trabajamos para evitar que se bote la comida, rescatándola y entregándola a población vulnerable”.

En su artículo 8 el proyecto establece que quienes se dediquen a la producción agropecuaria, industrial, y comercialización de alimentos aptos para el consumo humano deberán realizar las acciones necesarias para prevenir, reducir y prevenir los desperdicios generados y, en el caso en que hayan quedado alimentos aptos para el consumo humano que no se comercializaron, podrán ser donados a organizaciones sin ánimo de lucro que atienden población en situación de vulnerabilidad, haciendo un especial énfasis en los niños, las mujeres gestantes y lactantes, los adultos mayores y la población en situación de discapacidad.