Con tutela buscarán frenar fallo que permite minería a gran escala en Salento

Ante el Consejo de Estado se radicará una tutela en contra del fallo del Tribunal del Quindío que revoca un proyecto de acuerdo de marzo de este año del Concejo de Salento y con el que que favorece la minería a gran escala en este municipio. La concejal Orfa Correa, ponente del Acuerdo, en diálogo con COLPRENSA señaló que la iniciativa obedece a que en estos momentos Salento

Tras promulgar el Acuerdo el gobernador quindiano, Carlos Eduardo Osorio, presentó un recurso ante el Tribunal departamental para que se revisara el documento aprobado por el Concejo del municipio y pidió la invalidez del mismo aduciendo que, de acuerdo a lo expuesto por la Corte Constitucional, los municipios no tienen la facultad para prohibir las actividades mineras en su territorio ya que el subsuelo le pertenecen al Estado y no a las entidades territoriales.

“La regulación de la explotación de recursos naturales no renovables, tales como aquellos cuya explotación se consigue a través de la minería, no se encuentran dentro del ámbito del dominio de las entidades territoriales”, recordó el escrito de la Gobernación dirigido a los magistrados.

Añadió que el beneficio de las regalías le corresponde al Estado y no a dichas entidades por lo que no pueden prohibir las explotaciones ya que al tomar decisiones de esa índole le estarían negando oportunidades a otras entidades que también se nutren de esos recursos.

Sin embargo, la concejal Correa expuso que “lo que se buscó con el Acuerdo fue dictar unas medidas de defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Salento y, básicamente, fue la protección del suelo que es donde tenemos competencias dadas por varios artículos de la propia Constitución”.

El sustento jurídico de la concejal es una sentencia del Consejo de Estado que precisa que los municipios tienen competencias en el suelo en el sentido de controlar, preservar y defender el patrimonio ecológico de su jurisdicción.

Lo que deja entrever este hecho es que, aparentemente, continúa el choque entre las decisiones de ambas Cortes. Mientras en el Consejo de Estado se advierte la permisividad para que los municipios tengan injerencia en su suelo y permitan las actividades mineras, en la Corte Constitucional hay una providencia que reseña que las consultas previas no se podrán usar para frenar estas actividades, pues el subsuelo es propiedad de la Nación.

Sin embargo, en la defensa que el municipio le entregó al Tribunal argumentó que “las actividades extractivas afectan de manera grave e irreversible la estructura ecológica principal, en sus componentes de suelo, agua, biodiversidad, paisaje e inciden negativamente en el cambio climático y en la generación de riesgos”.

La alerta que motivó la promulgación del Proyecto de Acuerdo en el cabildo de Salento obedece a que en el municipio hay 21 solicitudes de títulos mineros y 17 ya otorgadas que se desarrollan en el 35% del territorio municipal.

“La mayoría de títulos son para la explotación de oro – dijo la cabildante de la Alianza Verde –, pero también descubrimos que hay una para la explotación de esmeraldas, que esa fue la gran perla que nos aportó catastro minero y eso no lo sabíamos”.

Otra de las preocupaciones que se han descubierto es que las empresas mineras a las que se les otorgaron los títulos mineros para la explotación en esta zona han cambiado sus nombres.

Aún no se ha definido la fecha para la radicación ante el Consejo de Estado de la tutela en contra del fallo del magistrado Luis Javier Rosero Villota. También el pleno del Concejo decidirá si lo presenta a título de la Corporación o designan algunos cabildantes para entablar el recurso.

BOGOTÁ (Colprensa).