Lo que sigue para Ramiro Suárez luego de ser admitido en la JEP

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Mediante la resolución 2369 proferida por la Jurisdicción Especial para la Paz, el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo fue admitido ante ese tribunal para que cumpla con los postulados de verdad, justicia, reparación y no repetición. Sin embargo, los magistrados de la Sala de Definiciones Jurídicas le ordenan una serie de compromisos si quiere acceder a todos los beneficios que le otorga la JEP.

Suárez Corzo actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Picota, donde purga una pena de 27 años por el crimen de Enrique Flórez Ramírez, entonces asesor jurídico de la Alcaldía de esa ciudad. Aunque en los escritos que le dirigió a la JEP solicitó su libertad condicionada, el tribunal de paz señaló que aún no era el momento procesal para concederle ese beneficio.

Junto con los documentos que radicó ante esa instancia explicó su programa de colaboración con el sistema en el que incluye la reparación económica a 1000 personas que hayan sido víctimas del conflicto. Según explicó, se trata de la “creación de unidades productivas, creación de escuela deportiva y cultural, becas en formación laboral, convenios con empresas privadas en generación de empleo en beneficio de 1000 personas víctimas del conflicto armado en condición de vulnerabilidad o en condición de discapacidad en la ciudad de Cúcuta”.

Pese a esa intención, el ahora compareciente tendrá que precisar algunos puntos de esa propuesta. En uno de los apartes de la resolución los magistrados exponen que esperan un informe más detallado sobre el particular.

“Resulta necesario que se ajuste el compromiso de colaboración (…) así como la secuencia cronológica de reparación económica, con fechas precisas y, todo ello, a través de un cuadro que permita visualizar, verificar y monitorear cada fase o etapa de contribución o cumplimiento de las obligaciones adquiridas”, añade el documento.

Pero la ampliación de su comparecencia ante la JEP no es eso para con el tema de la reparación sino también sobre los hechos de los que tuvo conocimiento en el marco del conflicto. En el oficio en el que plasmó su intención de acogerse al tribunal dijo que no solo iba a contar lo sucedido con los crímenes de Flórez Ramírez y de Pedro Durán, sino también de los homicidios de Carlos Duarte, Ramiro Agudelo y su esposa.

En la modificación solicitada por los magistrados se le pide que indique de manera más exhaustiva los nombres de las víctimas y los responsables, la narración de los hechos y sus circunstancias victimizantes que rodearon cada caso. Todo, como lo establece la ley, bajo los parámetros de la verdad.

Aunque, cabe anotar, la JEP cuenta con material e información que en otras instancias judiciales hacen referencia al actuar delictivo del exmandatario elegido por el Movimiento Colombia Viva.

Sobre el crimen de Pedro Durán, por ejemplo, la JEP tiene en sus manos un escrito proferido por la Fiscalía 30 de la Unidad de Derechos Humanos que hace parte del expediente. El testimonio es de Carlos Andrés Palencia, quien hacía parte del cuadro de mando de los paramilitares que estaban en Norte de Santander.

Dice Palencia en el escrito traído a colación por la JEP que el crimen fue cometido por un sicario a quien apodaban ‘Visco Luis’ (así escrito), por encargo de un comandante al que identificaron como ‘Gato’.

“Yo le pregunté al comandante Gato que qué vuelta iba a hacer el Visco y él me comentó que tenia que hacer una vuelta de un veedor ciudadano que iba a denunciar los vínculos de Ramiro Suárez con las autodefensas (…) después me enteré que al veedor lo habían matado en una buseta”, dice la declaración de Palencia contenida en la resolución de admisión, por lo que seguramente tendrá que dar su testimonio ante los magistrados sobre este hecho.

De allí que los magistrados hayan advertido en que con base en la rigurosidad de los compromisos adquiridos se irán incrementando sus beneficios como la libertad o, incluso, la definición de su situación jurídica.

Y, además, le dan pautas para que cumpla con lo pactado, pues le advierten que en la ampliación de su propuesta incluya “qué grupos étnicos, raciales o de género hacen parte de la población víctima del conflicto armado en Norte de Santander. Indicar de manera detallada la presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia en el departamento, tiempo de injerencia, dinámicas de interacción del grupo armado con las autoridades departamentales y municipales e intervención del grupo armado ilegal en la institucionalidad departamental”.

Una vez surta de manera exitosa ese primer paso, la Sala tomará las decisiones pertinentes como el llamado a versión libre para posteriormente analizar si le concede o no el beneficio de la libertad condicionada.

BOGOTÁ (Colprensa).

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