Dos Concejales a punto de perder sus curules

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Según la investigación dos concejales banqueños están a punto de perder sus curules.

El Veedor nacional del Partido Alianza Verde, Antonio López, abrió investigación a múltiples concejales municipales de todo el país por haber incurrido en doble militancia, en el pasado debate al con congreso ocurrido en marzo de 2018.

El Veedor Nacional de ese partido expresó que tiene casos concretos con pruebas fehacientes, como videos, fotos e imágenes, pantallazos de redes sociales, en las cuales concejales elegidos bajo la sombra del Partido Alianza Verde en el debate al congreso de marzo de 2018 sufragaron para senado y cámara de representantes por candidatos de partidos o movimientos políticos diferentes.

Cuando lo entrevistaron señaló que:  “casos como el de Judith Alcendra, concejal de Guamal, Magdalena y Yolaidis Pedroso, concejal del municipio de El Banco, Magdalena, que hicieron campaña por Jorge Luis López aspirante por el partido conservador a la cámara de representantes por ese departamento y por Eduardo Pulgar, candidato al senado por el Partido de la U, no pueden seguir ocurriendo con nuestro partido Alianza Verde. Tenemos las pruebas y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con candidatos que se cobijan bajo la sombra de nuestro partido y después toman decisiones personales en contra de los estatutos del partido”.

De acuerdo al comunicado del veedor nacional del partido Alianza verde, los concejales municipales encartados, de los municipios más cercanos son:

Francisco José Salazar Amarís,  El Banco

Yolaidys Pedroso Maldonado, El Banco

Adda Julia Fernández Gutiérrez, Guamal

Judith Alcendra Gulloso, Guamal

Luis Gabriel Fernández Castro, Guamal

Como producto de esa investigación los ediles pueden llegar al punto de perder la voz y el voto en el Concejo Municipal respectivo, así como tampoco se le podrán expedir avales para nuevas inscripciones, ni por el partido Alianza Verde ni por ningún otro partido.

DOBLE MILITANCIA

La doble militancia política  posee una gradación de intensidades, según el nivel de compromiso político exigible a la condición de ciudadano, de aspirante político, de directivo de partido político o de servidor público elegido popularmente.

En estos casos, además de la carga prevista para todo ciudadano, se impone el deber de respetar la obligatoriedad de las consultas populares, la imposibilidad de inscribirse por un movimiento diferente al que les permitió participar en la consulta política, la prohibición de apoyar a candidatos de otros partidos políticos y, en el caso de los directivos, aspirar a un cargo de elección popular por un partido distinto al que regentan, a menos que renuncien a su colectividad con 12 meses de anticipación.

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