Constitucional Gloria Ortiz Corte impone límites a las arbitrariedades de la SIC

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En consecuencia, la Presidencia de la Corte deplora que personas, amparadas en el ejercicio legítimo de su derecho a opinar, formulen acusaciones que distorsionan la realidad ´, dijo la presidenta de la Corte

La Corte Constitucional le salió al paso a un comunicado de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y a un editorial del exsuperintendente Pablo Felipe Robledo, en los que exponen sus argumentos acerca de las decisiones emitidas por la corporación durante este año.

Robledo, por su parte, cuestionó los señalamientos que en su momento hizo la presidenta de la Corte, Gloria Ortiz, cuando se emitió decisión sobre las inspecciones que debe realizar la SIC.

La Corte expresó que no es cierto que lo que se dio a conocer en la rueda de prensa del pasado 10 de abril de 2019 sea diferente a lo quese menciona en el texto de la sentencia mencionada, como lo anunció el exsuperintendente.

En ese entonces, la Corte explicó que la SIC puede hacer inspecciones sin problema, pero tiene límites cuando se trata de adquirir información privada, dado que en esos casos se requiere de una orden judicial.

 “Revisadas ambas actuaciones y a partir de su interpretación armónica, se llega a la inequívoca conclusión que ambas guardan unidad de sentido, esto es, que las normas legales que establecen facultades de registro y revisión de documentos por parte de las superintendencias de Sociedades e Industria y Comercio, en ejercicio de sus funciones, no se oponen a la Constitución”, dijo en elcomunicado el alto tribunal.

Del mismo modo, la corporación reseñó que “su constitucionalidad depende de que las mismas (i) no puedan ejercerse al margen del debido proceso establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso y (ii) no se extiendan a aquellos registros o interceptaciones que por su naturaleza y al hallarse excluidos del ámbito empresarial, exigen necesariamente contar con orden proferida por autoridad judicial”.

En el comunicado emitido por el alto tribunal, la presidenta anunció que las actividades de debate y decisión de las diferentes sentencias responden a criterios de transparencia, objetividad y razonabilidad.

 “En consecuencia, la Presidencia de la Corte deplora que personas, amparadas en el ejercicio legítimo de su derecho a opinar, formulen acusaciones que distorsionan la realidad y que, sin contar con ninguna prueba para ello, ponen en cuestión la legitimidad y el obrar de esta Corporación”, argumentó.

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