Caicedo pide garantías al Procurador General

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El candidato a la gobernación, Carlos Caicedo  le solicitó al Procurador General de la Nación a través de una carta que garantice el debido proceso en la investigación que adelanta el ente de control en su contra.

El líder del movimiento Fuerza Ciudadana, señaló que gobiernos anteriores al suyo en alianza con Metroagua se abstuvieron durante más de 25 años de adelantar atención al principio de planeación, los estudios y diseños de una solución estructural al abastecimiento de agua de la ciudad.

El precandidato a la Gobernación del Magdalena por este movimiento, Carlos Caicedo, solicitó a la Procuraduría General de la Nación, ser garante absoluto del debido proceso en la investigación disciplinaria que el organismo de control le adelanta al exalcalde de Santa Marta

Se trata de una carta dirigida al procurador general, Fernando Carrillo, al que, además, Caicedo le pide de forma expresa que sea este máximo representante del Ministerio Público quien asuma la audiencia de segunda instancia en dicho proceso sancionatorio por el cual el ex alcalde  se defiende  alegando: “Solo se ha tenido en cuenta la versión de Metroagua”, la contra parte del caso.

En la misiva, el ex mandatario se ampara en el artículo 23 de la Constitución y la Ley Estatutaria del Derecho de Petición en su modalidad de hacer, invocando su facultad constitucional de proteger los derechos humanos y garantizar su efectividad y, sobretodo de defender los intereses colectivos, según sus numerales 2 y 4 del artículo 277 de la ‘carta magna’.

 “En nombre del movimiento Fuerza Ciudadana, solicito, en su calidad de supremo director del Ministerio Público, asegurarme un juicio justo y apegado al debido proceso, pues se encuentran en gravísimo peligro mis derechos políticos de elegir y ser elegido y los derechos políticos del movimiento que encabezo en el país y particularmente en la ciudad de Santa Marta y en el Magdalena, promoviendo un cambio estructural en las practicas públicas y ciudadanas durante 7 años 2 meses, para lo cual adjunto versión libre con datos técnicos y documentales, la realidad fáctica y normativa del proceso disciplinario fallado en mi contra, donde se truncan derechos individuales y colectivos protegidos por el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 40 numerales 1 y 3 del artículo 40 de la Carta Política”, replicó Caicedo.

EL FALLO

De igual forma, el aspirante al máximo cargo administrativo del Departamento demanda que sea el procurador Carillo la autoridad competente “para fallar en segunda instancia el asunto de la referencia parágrafo del artículo siete del Decreto-Ley 262 de 2000 o se ejerza estricta vigilancia sobre la segunda instancia numeral 18 del artículo siete que debe ser resuelta sobre el fallo de marzo 26 de 2019, por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública”.

Cabe resaltar que el proceso que fue iniciado por la procuradora delegada para la Moralidad Pública, Olga Lucía Alfonso, la cual emitió un fallo en primera instancia contra Caicedo bajo el argumento de “presuntas irregularidades en la contratación de pozos de agua durante la emergencia hídrica de 2014 en Santa Marta cuando Caicedo fungía como alcalde de la ciudad”.

Medida que refutó diciendo: “No existió improvisación ni mucho menos perjuicio alguno para el erario público, por el contrario, las políticas públicas ejecutadas por mi gobierno inauguraron desde 2012 cuando triunfo en Santa Marta el voto de opinión, un periodo de cambios y recuperación de lo público que hizo ruptura histórica de la apropiación privada y de particulares de los bienes públicos, en procura de superar estructuralmente la pobreza y el rezago territorial, responsabilidad de administraciones que feriaron la institucionalidad y los recursos públicos, entregándole desde 1989 a una empresa privada probadamente incompetente y corrupta como Metroagua-Inassa, la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado e incluso el cobro de los impuestos de la ciudad”.

Agregó que “la Procuraduría me reprocha un suceso que estaba por fuera de toda previsión y control por mi parte como alcalde distrital, en tanto no tenía incidencia en la prestación del servicio. Frente a una calamidad pública, enfrentamos un problema de sequía extrema por el ‘Fenómeno del Niño’, que permitió superar en la ciudad una emergencia que pudo haberse trasformado en tragedia pública, por las decenas de protestas y manifestaciones ya que estalló un problema represado por años. Fui yo, quien exigió a Metroagua el primer plan de mejoramiento de su historia y luego ante su incumplimiento, promoví en el 2015 la terminación del contrato y la devolución de las redes, mediante una acción popular respaldada por 238 mil samarios. El procurador Fernando Carrillo fue testigo cuando acompañó en abril de 2017 al alcalde Rafael Martínez a recibir de Metroagua, la entrega de la infraestructura en deplorable estado, en cumplimiento de orden judicial del Juzgado Tercero Administrativo a favor de la acción popular”, añade en la carta.

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