Independencia de Cataluña: declaración difícil de aplicar

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La proclamación abriría una crisis sin precedentes en España y agravaría todavía más el conflicto entre las autoridades regionales y el poder central pero sus consecuencias y su desarrollo están rodeadas de incógnitas.

 

Los dirigentes de Cataluña podrían declarar este martes la independencia, abriendo un periodo de transición hacia la creación de una república en esta región española que todavía carece de elementos esenciales para ejercer como un Estado independiente.

La proclamación abriría una crisis sin precedentes en España y agravaría todavía más el conflicto entre las autoridades regionales y el poder central pero sus consecuencias y su desarrollo están rodeadas de incógnitas.

El presidente regional, Carles Puigdemont, repite insistentemente que “no hay un botón” para convertirse automáticamente en un país independiente y confía en una mediación internacional para acordar la solución del conflicto con el Gobierno español.

La desconexión empezará cuando entre en vigor la ley de transitoriedad jurídica que constituye Cataluña como una república independiente y da un plazo de seis meses para que se convoquen elecciones para escoger el parlamento encargado de redactar la Constitución del nuevo país.

La puesta en marcha de esta ley debería producirse dos días después de la publicación oficial de los resultados pero los independentistas podrían congelar su aplicación a la espera de conseguir una mediación con el ejecutivo español de Mariano Rajoy.

 

¿QUÉ LEY REGIRÁ EN CATALUÑA?

Esta ley se autodefine como la “norma suprema” en Cataluña hasta la aprobación de la nueva Constitución y erige al presidente regional como nuevo jefe de Estado.

Según este texto, el Gobierno regional sustituirá a la administración española en el territorio de Cataluña, que queda definido por el espacio terrestre y el subsuelo de la región, su mar territorial y su espacio aéreo, y se convertirá también en la autoridad aduanera, controlando las fronteras.

 

Sin embargo, esta ley fue suspendida por el Tribunal Constitucional y su despliegue no será reconocido ni por el Gobierno español ni por la Justicia española, que investiga a Puigdemont y su Gobierno por desobediencia.

Los mismos líderes regionales reconocen que Cataluña todavía no está preparada para actuar como un Estado independiente. “No hay un solo país que pueda funcionar de manera independiente de la noche a la mañana”, dijo el expresidente catalán Artur Mas (2010-2016).

Si bien la región dispone de amplias competencias en educación, salud o incluso seguridad, con un cuerpo policial autónomo dependiente del Gobierno regional, carece de control sobre infraestructuras o capacidad de recaudar sus impuestos.

El puerto, el aeropuerto, la red ferroviaria, la red de telecomunicaciones o la red energética están bajo control del Gobierno central, que además dispone del ejército y un despliegue de miles de agentes de sus cuerpos policiales en la región.

Las autoridades catalanas cuentan con una incipiente agencia tributaria pero actualmente solo recauda el 5% de los impuestos en la región. Además, carecen de acceso a los mercados de financiación y dependen de los préstamos de liquidez de Madrid.

Por último, aunque pretenden crear un nuevo poder judicial catalán, los jueces y fiscales en la región apuestan por defender la Constitución e investigan en múltiples causas a los líderes independentistas, por lo que difícilmente aplicarán la nueva ley.

 

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