Arrancan los tribunales de  garantías electorales

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El Consejo  Nacional Electoral viene adelantando algunas investigaciones sobre campaña anticipada que no está autorizada todavía así como presunta trashumancia  para los comicios de octubre por quejas que presentan los ciudadanos desde diferentes regiones del país.

Con la designación por parte del Consejo Nacional Electoral de los integrantes de los 32 tribunales de garantías y vigilancia en cada uno de los departamentos, y uno más para la capital de la República, se iniciará a partir del 2 de julio y hasta el 30 de noviembre por parte de este organismo la inspección y control en los propios territorios de las elecciones de autoridades locales el 27 de octubre próximo.

Es la primera vez desde que se autorizaron en 1989 que comenzarán su labor con suficiente tiempo de antelación a la fecha de los comicios.

El Consejo Nacional Electoral a través de la Resolución No. 2713 de ayer designó para los tribunales de garantías y vigilancia electoral un total de tres integrantes en Antioquia, uno en Arauca, dos en Atlántico, dos en Bolívar, tres en Boyacá, uno en Caldas, dos en Casanare, uno en Cauca, tres en Cesar, uno en Córdoba, uno en Guainía, dos en Guaviare, uno en Huila, uno en La Guajira, uno en Magdalena, tres en Meta, dos en Nariño, uno en Norte de Santander, dos en Putumayo, tres en Quindío, dos en Risaralda, dos en San Andrés, uno en Santander, uno en Sucre, tres en Tolima, uno en Valle y uno en Vichada.

En los siguientes días serán designados los integrantes de los restantes tribunales de garantías y vigilancia electoral.

Son funciones de estos tribunales recibir y dar curso a los reclamos y quejas escritas que presenten los funcionarios o empleados oficiales, los ciudadanos, los partidos políticos y los grupos o movimientos políticos, sobre irregularidades que se presenten durante el proceso electoral; así como formular recomendaciones a las autoridades administrativas y de policía encargadas de velar por la normalidad del proceso electoral, conducentes a garantizar el normal desarrollo de los comicios y la pureza del sufragio.

Además ordenar las investigaciones a que haya lugar, solicitar la destitución del empleado oficial a quien se le haya demostrado su participación en política o la violación de la imparcialidad frente a los partidos, grupos y movimientos políticos.

Finalmente poner en conocimiento de las autoridades judiciales las conductas que eventualmente sean constitutivas de alguno de los delitos tipificados en el Código Penal para asegurar la vigencia de los derechos políticos y el libre ejercicio del sufragio.

Sin embargo, con la presencia de tribunales de garantías y vigilancia electoral en los territorios el organismo puede ejercer un control directo a estas irregularidades y otros tópicos como propaganda electoral y financiación de las campañas.

Asimismo por falta de presupuesto estos tribunales no se han podido instalar en todos los departamentos del país en la mayoría de las anteriores elecciones. Por ejemplo, en los comicios legislativos y presidenciales de 2014 los recursos alcanzaron para ubicarlos solo en las 18 regiones con mayor riesgo electoral.

En las elecciones de 2018 por primera vez se instalaron tribunales de garantías y vigilancia electoral en cada uno de los departamentos del país y uno más en la capital de la República, sin embargo, fueron constituidos a través de la Resolución 0737 del 6 de marzo de ese año pocos días antes de las elecciones de Congreso y dos meses antes de la primera vuelta presidencial. Es decir, no contaron con el tiempo suficiente para desarrollar su labor de vigilancia.

En noviembre pasado la Misión de Observación Electoral (MOE), en un informe que presentó para la primera Comisión de Seguimiento Electoral Nacional, de cara a los comicios de este año, insistió en la importancia de contar con un mecanismo para el control de las campañas electorales en los territorios, por lo que destacó la necesidad de tribunales electorales con la capacidad, formación, credibilidad e independencia para cumplir con sus funciones.

En ese sentido, la MOE solicitó celeridad en la constitución de los tribunales de garantías para que con suficiente antelación puedan hacer un control efectivo del desarrollo de las campañas en lo que se refiere a publicidad, financiación e inscripción de cédulas.

Añadió que “para cumplir con esta tarea, es necesario que al menos durante los seis meses anteriores a la elección y hasta tres meses después entren en funcionamiento”.

Si bien los tribunales de garantías y vigilancia electoral en todo el país para los comicios de octubre venidero no serán instalados con los seis meses de anticipación que propuso la MOE, hay que decir que cuando arranquen el próximo 2 de julio apenas tendrá cinco días de haberse iniciado la campaña y además contarán con tiempo suficiente para controlar la propaganda, pues en espacio público a través de vallas, pasacalles y volantes se puede hacer desde el 27 de julio próximo y en radio y televisión desde el 27 de agosto próximo.

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