La lucha de la mayor (r) Gloria Otálora por limpiar su nombre

En diciembre de 2006, la entonces mayor de la Policía Gloria Otálora estaba en la cúspide de su carrera que desarrollaba en la Dirección de Inteligencia de la institución. De manos del entonces presidente Álvaro Uribe recibió el reconocimiento de Alta Gerencia por la creación del Sistema de Información SI2 que puso al servicio de esa dependencia. 13 meses después cayó en el ojo del huracán por cuenta de las filtraciones que desde esa unidad se hicieron a los medios y que destapó el escándalo de las chuzadas a los paramilitares que estaban en el proceso de paz.

Según la Procuraduría, Otálora fue culpable de cinco cargos relacionados con las interceptaciones ilegales y filtraciones a la prensa de las transcripciones de las llamadas que permitieron establecer que integrantes de las autodefensas continuaban delinquiendo desde prisión.

“La investigación termina y me juzgan. Culpable en cinco de los siete cargos que arrojó la investigación y me acaban la vida. A mí me destituyen, me inhabilitan 18 años para ejercer cargos públicos y me anulan”, le dice Otálora a Colprensa.

Para ese entonces la mayor Otálora era jefe de ingeniería y soporte de información en la Dipol, cargo desde el que creó el proyecto de desarrollo tecnológico que le valió el reconocimiento nacional en alta gerencia entregado por la Función Pública.

Su labor, en síntesis, era la administración de los servidores a los que tenía acceso el grupo de inteligencia de la Policía Nacional. “Con administrar me refiero a hacer todas las labores técnicas para que esos servidores estuviesen siempre activos, pero no teníamos nada que ver con la información”, aclara.

Sin embargo, el ministerio público trabajó sobre la teoría de que bajo la tarea de administrar también incluía que tenían acceso a la información que se procesaba y que bajo su tutela seleccionaron las transcripciones que fueron filtradas a la prensa dando origen a un escándalo cuyas primeras repercusiones les costó la carrera a 12 generales de la Policía.

El órgano de control disciplinario sostuvo que en el caso de la oficial hubo deficiencias en el manejo, protección y conservación de los archivos que poseía la Dirección de inteligencia. También la encontró culpable de las falencias en la protección y seguridad sobre los sistemas de información.

Con el fallo en su contra, cuya decisión fue exprés, optó por presentar su caso ante el Consejo de Estado, pero allí la providencia no fue tan rápida como en el caso de la Procuraduría. El alto tribunal tardó diez años resolviendo el entuerto jurídico en el que pedía que se desestimara la sanción disciplinaria del Ministerio Público.

La decisión de interponer el recurso la tomó tras conocer, en abril de 2008, que el patrullero Elkin Oviedo Bueno confesó en un proceso penal en su contra que fue él quien le filtró los documentos a la prensa. Sobre este mismo episodio aparece una referencia en el fallo que el Consejo de Estado profirió en contra del entonces jefe de la Dipol, general Guillermo Chávez.

Oviedo fue condenado por estos hechos por el juzgado segundo penal de Antioquia por los delitos de concierto para delinquir y cohecho. Esta sentencia fue recordada en los procesos contra Chávez y Otálora.

“Esa era mi principal prueba – dice Otálora – pero en el Consejo de Estado no aceptaron esa evidencia. Interpuse un recurso que se tardaron dos años en resolver y, finalmente, aceptaron incluir esa prueba”.

Sin embargo, no todo salió como esperaba. La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo, desestimó las peticiones, incluida la autoincriminación de Oviedo. En septiembre del año interpuso una tutela ante esa decisión, pero en enero de este año le anunciaron que fue negada. Impugnó ese fallo en febrero, pero en abril se mantuvieron en la decisión.

En mayo pasado presentó una solicitud ante la Corte Constitucional. Es su última carta para salvar su nombre. “Quiero que la Corte revise mi caso. Conmigo han cometido una injusticia terrible. He tenido dos procesos, uno disciplinario que fue muy eficiente, en nueve meses lo sacaron. El administrativo que duró 10 años. Llevo 12 años buscando la justicia y la verdad con una prueba que no tiene margen de duda, que es irrefutable. Oviedo reconoció que lo hizo. Yo no”.

BOGOTÁ (Colprensa).