HOY DIARIO DEL MAGDALENA
Líder en la región

NACION-PUBLICIDAD

NACION-Leaderboard1

Norte del Cauca, sin luz por la marihuana

Paulatinamente, la noche vuelve a ser noche en el Norte del Cauca. En sectores de 18 veredas, la Compañía Energética de Occidente está suprimiendo el servicio de energía eléctrica por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, como una forma de acabar con los invernaderos de marihuana, iluminados ilegalmente desde que cae la tarde y hasta que sale el sol.

Lo que inició en noviembre pasado como propuesta del entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, empezó a consolidarse este fin de semana cuando la empresa de energía desmontó los primeros siete transformadores de distribución utilizados para alimentar invernaderos y secaderos de cultivos ilícitos, y destruyó tres tramos de 300 metros de red de media tensión de 13.200 voltios construidos sin autorización en Toribío.

Eso es solo el comienzo. La tarea encomendada por el ente investigador es llegar a 32 puntos específicos en los cuales se ha identificado la concentración de estos sembrados, que utilizan las bombillas para simular la luz y la temperatura imposibles de lograr a 2.000 metros de altura y que son necesarios para que la mata de marihuana crezca más rápido.

“El uso ilícito del servicio público ha favorecido los referidos cultivos, generando mayores ingresos para la organización que se lucra de su comercialización”, expresó la Fiscalía en un comunicado.

Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, UNODC, en esa región hay 69 hectáreas de marihuana, lo que corresponde al 68 % de cultivos del país.

¿Tarea ineficiente?

La idea, según explicó Edward García, alcalde de Corinto, es que las cuadrillas de la empresa energética recorran los cuadrantes señalados por la Fiscalía, que en el caso de su jurisdicción corresponden a toda la zona rural, y poste por poste desmonten las conexiones irregulares, hasta que queden desconectados los invernaderos clandestinos y las viviendas que toman la energía de allí.

En Toribío lograron un acuerdo comunitario entre las autoridades indígenas, las juntas de acción comunal y las autoridades civiles: juntos acompañaron a la empresa e incluso revelaron otras conexiones que eran desconocidas para la Fiscalía.

Mauricio Casso, secretario de Gobierno de ese municipio, explicó que se esto se debe a un descontento que existe entre la comunidad por cuenta de la expansión de los cultivos de uso ilícito en los últimos tres años y medio. “Nuestros abuelos vivían sin marihuana y ahora nos estamos dejando permear por economías foráneas”, dice Casso.

Sin embargo, para César Jerez, vocero de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana de Colombia, esto no es más que un chiste, ya que “al otro día, el dueño del invernadero tendrá funcionando una motobomba a combustible”.

La queja de ambas administraciones es que el Programa de Sustitución de Cultivos, que prometía ser la solución a la problemática, nunca llegó.

Problemas de seguridad

La Compañía Energética de Occidente pidió a las autoridades de Corinto acompañamiento, pero tras varias reuniones con líderes de las Juntas de Acción Comunal, estas dijeron que no permitirán la presencia de la Fuerza Pública.

“En este municipio hay problemas de orden público, varios grupos armados en disputa y la gente no quiere quedar en medio de enfrentamientos con el Ejército o la Policía”, explicó el alcalde.

A lo que se suma que “en Corinto es preocupante la situación de la infraestructura Eléctrica, se están superando los límites de capacidad de los circuitos que se reflejan en interrupciones del servicio como consecuencia de la sobrecarga, producto del crecimiento desmedido de conexiones irregulares para los cultivos”, dijo la empresa.

Si este minucioso trabajo no se logra hacer, la compañía se verá forzada a cortar el servicio de los tres circuitos que alimentan la electricidad en toda la zona rural de Corinto, y así dejar en la oscuridad a 18.000 habitantes, incluidas las escuelas, manifestó García.

Al respecto, Luis Eduardo Celis, asesor de Posconflicto de la Redprodepaz, afirmó que esta es una medida totalmente arbitraria e irrelevante: “Se violan los derechos humanos y no se avanza ni un ápice en la lucha contra las drogas”.

El Colombiano

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Aceptar Leer más