´Investigación por ocupación ilegal de playas, hasta el final´

Luego del pronunciamiento hecho por la Contraloría frente  a la ocupación ilegal y arbitraria del espacio público, los gremios y autoridades piden que se haya cumplir la ley.

 

Los gremios piden además todo el imperio de la ley sobre quienes hayan violado las normas.

 

 

 

Los gremios de la economía y el turismo del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, celebraron  que organismos de control del Estado como la Contraloría General de la República, se hayan interesado en el tema de la ocupación ilegal y arbitraria de playas y del espacio público en el sector de Plenomar por parte de los complejos habitacionales y turísticos Sierra Beach, Cabo Tortuga y Sierra Laguna.

El contralor Edgardo Maya Villazón en su pronunciamiento pidió al fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, investigar el hecho de que grandes condominios se han apoderado ilegalmente de las playas de la zona de Pozos Colorados en Santa Marta.

El Contralor advirtió que  el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente, Dadma, ahora conocido como el Dadsa, no adelantan acciones para impedir los perjuicios ocasionados.

La actuación especial de la Contraloría General de la República estableció que los condominios Cabo Tortuga y Sierra Laguna están entre los que incurren en esta irregularidad, afectando el sistema de humedales costeros del lago El Dulcino.

También se cuestiona a los constructores del Edificio Sierra Beach Resort, que están produciendo graves afectaciones ambientales ambientales por descarga de sedimentos sólidos al lago.

Para el organismo de control, las autoridades ambientales del Distrito de Santa Marta no han adelantado acciones efectivas para impedir los graves perjuicios ambientales causados por la ocupación y uso indebido de bienes de uso público, en las zonas de playas y bajamar.

“Las gestiones adelantadas evidenciaron situaciones irregulares que pueden comprometer la responsabilidad penal de particulares y funcionarios públicos, toda vez que las mismas involucran la ejecución de proyectos urbanos sobre bienes de uso público o su apropiación, sin que se hayan tomado medidas necesarias para su recuperación, por parte de las autoridades llamadas a su protección”, le propone Maya a Martínez, en el documento.

Advierte que entre los condominios señalados se encuentra el edificio Cabo Tortuga, el edificio Sierra Laguna, el edificio Sierra Beach, desde el que se ha afectado el humedal lago El Dulcino por descarga de sedimentos sólidos que favorecen la colmatación acelerada, con sus respectivos daños ambientales para la dinámica ecosistémica.

 

 

PRONUNCIAMIENTO

El presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta, César Riascos Noguera, dijo que celebra que los entes de control se hayan fijado en esa situación, pero es competencia de las autoridades administrativa buscar una solución al problema.

“No es de competencia nuestra esa situación, tenemos entendidos que hay una situación de ocupación de espacio público y esos es competencia de las autoridades administrativas pronunciarse al respecto”, sostuvo el dirigente gremial.

Igualmente señaló, que se trata de unos establecimientos que en material comercial no son regidos por la Cámara de Comercio de Santa Marta, pero celebra que los entes de controles a nivel nacional se interesen en resolver esa situación.

“El hecho que la Contraloría le solicite a la Fiscalía interesarse en lo que se viene presentando, nos dice que tienen que respetar y que avance la investigación que se está adelantando al respecto”, precisó Riascos Noguera.

A su turno Omar García Silva, presidente Ejecutivo de la Federación Nacional de Hoteleros, Cotelco, Capítulo del Magdalena, dijo que es respetable la decisión que tomó el Contralor General de la República al solicitar a la Fiscalía General de la Nación investigar las supuestas invasiones de playas en el sector de Plenomar.

“Hay que tener en cuenta y que no olvide nadie en el Estado colombiano que el corredor turístico del sur que comprende Pozos Colorados, Bello Horizonte hasta Don Jaca, donde está la infraestructura hotelera en grande ha estado pendiente de un compromiso del Estado de que tenga buena infraestructura en materia de servicios especialmente alcantarillado”, dijo el dirigente gremial.

García Silva aseguró que sí existe voluntad por los hoteleros de ese sector de cumplir con la normatividad, pero también el Estado colombiano debe cumplir y dijo que serán respetuosos de las leyes, sea cual fuere el resultado de la investigación solicitada por la Contraloría.

Por su parte, Juan Carlos Palacio concejal de Santa Marta, dijo que lo que se viene observando en el sector de Bello Horizonte, donde se encuentran todos estos complejos que han hecho ocupación de la zona de playa y los espacios de interés público, es lo que se puede observar en la mayoría de playa de Santa Marta.

“Eso ocurre con todas las zonas de hoteles del sector de Pozos Colorados y Playa Salguero se ha visto. Se trata de un acto irresponsable de estas firmas o empresas, porque todo lo que no tenga el visto bueno de la División Marítima y Portuaria, Dimar, es ilegal”, dijo.

Señaló que está bien que la Contraloría haya pedido a la Fiscalía se pronuncie sobre ese sentido, porque ni el Concejo Distrital puede regular el uso del suelo porque eso solo es competencia de la Dimar y la Capitanía del Puerto.

“Es un abuso lo que han hecho estas propiedades como Sierra Laguna y Cabo Tortuga, como también fueron irresponsable en la entrega de concesiones a los hoteles que se encuentran en esa zona como Zuana, Irotama y Santamar”, precisó el concejal Palacio Salas.

 

APOYAN LA INVESTIGACIÓN

La administración del alcalde Rafael Alejandro Martínez a través de la Dirección del Departamento Administrativo para la Sostenibilidad Ambiental, Dadsa, en cabeza de Jaime Avendaño, dijo que apoya incondicional y diligente en la investigación que adelante la Fiscalía General de la Nación en atención a la petición formulada por la Contraloría General de la Nación.

“Ya era hora que se comenzara hacer un proceso de investigación con el tema de cómo se ha venido realizando la ocupación en zonas de interés ambiental por parte de terceros, dado que esto origina un gran problema para la ciudad”, dice el funcionario a través de un comunicado dado a conocer momentos después del pronunciamiento de la Contraloría.

Manifestó que con el tema de la ocupación ilegal de las playas, los samarios ven que todo se origina por la forma en que se están dando las licencias de construcción, que otorga la curaduría urbana, porque eso no es competencia del Distrito.

En la forma en cómo se comenzó a desarrollar el proceso de ocupación en zonas de interés ambiental, fue que la autoridad ambiental del Distrito comenzó a crear mecanismos para protegerlas.

“El primero de ellos fue la reglamentación para establecer que esa zona es de conservación y preservación, esto se hizo a través de una resolución emitida en el año 2013. Luego se creó otro mecanismo de control que fue la obligatoriedad de que todo proyecto de construcción que se desarrollara en el Distrito contara con unas medidas de manejo ambiental. La autoridad ambiental ha realizado estricto seguimiento al tema y ha presentado los soportes a su debido tiempo cuando las autoridades de control ha si lo han dispuesto y requerido”, precisa el documento.

Finalmente el Director del Dadsa, advierte que para nadie es un secreto que en su momento la Curaduría otorgó ese permiso, seguidamente la Dimar estableció algunas acciones, pero luego la Invemar con un estudio concluyente determinó que la zona donde se estaba desarrollando el proyecto no era de playa; este dictamen no lo dijo la autoridad ambiental sino el Invemar.