Hallazgos fiscales por $8.353 millones en auditoría a la ANT

Con 4 hallazgos de posible incidencia fiscal por $8.353 millones de pesos, concluyó la auditoría financiera que realizó la Contraloría General de la República a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por la vigencia 2018.

Uno de los hallazgos fiscales que advierte la entidad, por $1.920 millones, corresponde al presunto daño patrimonial que habría significado la supuesta falta de gestión de la ANT para recuperar los recursos no pagados por los arrendatarios de los predios ubicados en las islas del Rosario y San Bernardo. A 31 de diciembre de 2018 se evidencia una cartera de más de 90 días y hasta 8,53 años de morosidad.

Para la Contraloría, la Agencia Nacional de Tierras permitió que particulares usufructuaran bienes estatales sin la contraprestación requerida, lo que genera un alto riesgo de daño patrimonial por el aprovechamiento de bienes del Estado en beneficio de terceros.

El equipo auditor encontró evidencia de que uno de los contratos Interadministrativo, suscritos con la Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telematicos COLVATEL S.A. E.S.P, habría sido pactado a la medida de los intereses del proponente.

Los auditores advirtieron expresamente que “si bien la contratación directa es justificable para los contratos interadministrativos, es claro que en el estudio previo no se evaluó cuál era la modalidad de contratación más adecuada para este tipo de servicios, sobre todo cuando el objeto planteaba una tarea compleja: ordenar 5.111 expedientes de procesos agrarios, contenidos en aproximadamente 831 cajas”.

Siguiendo con el análisis del contrato interadministrativo, la Contraloría identificó sobrecostos y estableció un presunto daño patrimonial por $367 mil millones. Por esa razón objeta también un pago pendiente a favor de Colvatel por valor de $518 mil millones, pendiente por el posible incumplimiento contractual.

Es este caso el ente de control dijo que “los estudios previos se realizaron exclusivamente con la información de Colvatel y no hay evidencia de consulta de la información al Archivo General”.

Incumplimiento en compra de predios

La Contraloría informó que por denuncia de una veeduría ciudadana, fueron puestos en evidencia posibles incumplimientos de los compromisos pactados en el marco de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.

El ente de control comprobó que el Incoder adquirió 430.880 hectáreas que no puede entregar porque no son adecuadas para riego por gravedad. La compra se realizó sin contar con el concepto técnico de EMGESA, como se había establecido en el acuerdo.

Los recursos comprometidos son del orden de los $3.263 millones para su posterior entrega a la población afectada. Sin embargo, la Contraloría insiste en que “los predios no son aptos para cultivo, toda vez que no se pueden adecuar para el riego. Por eso, la ANT no ha podido adjudicar los mencionados terrenos”.

A esto se suma también la compra del predio Yarumal, ubicado en la jurisdicción de Turbó, en el Urabá antioqueño. Allí se habría producido un detrimento patrimonial por $3,000 millones porque la compra fue hecha sin que existiera la certeza de la existencia de la comunidad étnica que se beneficiaría del bien.

Para la Contraloría, la situación debe ser resuelta por la ANT, y no por el Ministerio del Interior como lo indica la entidad en su respuesta a la Contraloría, por cuanto, la situación ocurre precisamente por la acción del INCODER, que tituló el predio a las familias campesinas, cuando existía ocupación del mismo por la comunidad indígena de Quintana.

BOGOTÁ (Colprensa).

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