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Contraloría dejó en firme fallo fiscal contra exdirectivos de la Uaesp

La Contraloría General de la República confirmó el fallo de responsabilidad fiscal por $47.425 millones en contra de cuatro concesionarios del servicio público de aseo en Bogotá, una entidad fiduciaria y nueve exfuncionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), por irregularidades en contratos celebrados entre los años 2008 y 2011.

Según el ente de Control, estos contratos se financiaron de manera irregular con recursos provenientes de las tarifas de aseo cobradas a los bogotanos, además de que se desviaron en el pago de más de 300 contratistas vinculados a la Uaesp durante la Alcaldía de Samuel Moreno, por un valor total de $47.425 millones.

El fallo de la CGR declaró responsables fiscales a Aseo Capital S.A, Aseo Técnico De La Sabana –Atesa S.A, Ciudad Limpia Bogotá S.A, Limpieza Metropolitana S.A y la Fiduciaria Bancolombia por su participar en las irregularidades por parte de los funcionarios de la Uaesp implicados en el proceso.

Asimismo, a Fabiola Ramos, Miriam Margoth Martínez, Victoria Eugenia Virviescas, Juan Carlos Junca Salas, Gerardo Cuenca, Rigoberto Morales, Bertha Cruz Forero, Julia Esther Prieto y Catalina Franco Gómez, quienes eran directivos de la Uaesp y celebraron los contratos cuestionados.

El organismo de control fiscal señaló que algunos de los contratos tuvieron como propósito realizar actividades como cerramiento y adquisición de predios, que eran gastos que debía asumir el operador del relleno Doña Juana, así como para financiar la compra de equipos de computación, transporte y arriendo de oficinas para los contratistas de la Uaesp, que no tenían ninguna relación con la prestación del servicio de aseo por el que pagan lo bogotanos en los recibos.

Otros de los convenios estaban relacionados con las actividades de cementerio a cargo de la Uaesp, y la financiación de la asesoría legal para preparar las licitaciones públicas, que la Corte Constitucional ordenó suspender en el año 2011 debido a que no incorporaban a la población recicladora en el esquema de prestación del servicio de aseo, dice el informe de la CGR. Colprensa

 

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