Doble instancia, Ley con nombre propio: Andrés Felipe Arias

Desde la llegada del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias a Colombia se ha mantenido el hermetismo y no ha sido diferente frente a las razones por las cuáles se ordenó mantenerlo en la Escuela de Caballería.

Con la propuesta del Centro Democrático de establecer  una segunda instancia para los funcionarios con fuero (reforma que beneficiaría al exministroAndrés Felipe Arias, extraditado de Estados Unidos y recluido en la Escuela de Caballería en el norte de Bogotá) se ha planteado un intenso debate sobre si esta iniciativa sería viable jurídicamente y conveniente.

Son varios los factores a tener en cuenta. El más importante, si esta reforma podría ser retroactiva, y de ser así cuántos recursos humanos y físicos serían necesarios para llevarla a cabo, si provocaría congestión en la rama judicial y si vale la pena el desgaste legislativo que se requeriría para su aprobación teniendo en cuenta  que podría ser rechazada por la Corte Constitucional. Esos son solo algunas de las cuestiones que se han de resolver antes de que el país se vea inmerso en esta nueva propuesta jurídica.

Hay quienes apoyan que el tema se haga retroactivo y abierto desde cualquier fecha, es decir que no contemple un mínimo de tiempo. Bajo ese panorama, se podrían presentar casos aún desde 1991. Las cifras de la Corporación Excelencia a la Justicia son abrumadoras ya que en un análisis que hicieron del tema desde ese año a la fecha hay por lo menos 232 condenados con fuero y en única instancia.

En el listado de aforados constitucionales figuran nombres como Iván Moreno Rojas, condenado por el carrusel de la contratación; María del Pilar Hurtado, culpable por el tema de las chuzadas; Lucas Segundo Gnecco, procesado por corrupción; Vicente Blel, responsable de nexos con grupos paramilitares, y elpropio Andrés Felipe Arias, por las irregularidades en la implementación del programa Agro Ingreso Seguro y que le valieron una pena de 17 años de cárcel.

Una pena similar en años que también le impuso, en única instancia, el entonces procurador Alejandro Ordóñez por tres cargos por delitos contra la administración pública. El Ministerio Público le impuso 16 años.

Este nuevo cúmulo de procesos podría ser una carga para la Rama Judicial que ya de por sí enfrenta dificultades económicas e implementar una nueva salacon sus magistrados titulares y auxiliares implicaría un esfuerzo adicional en cuestiones de dinero y, en consecuencia, aumentaría la congestión judicial.

UN CAOS SIN PRECEDENTES

Hace cuatro días, voces del Centro Democrático como la de la senadora Paloma Valencia y la del senador Edward Rodríguez, anunciaron que ese partido prepara un proyecto de ley que radicará en ante el Congreso próximamente, para lograr que la doble instancia para aforados se aplique de manera retroactiva.

La propuesta, aunque favorecería al exministro condenado por el caso Agro Ingreso Seguro, crearía un caos sin precedentes en el país. De acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, actualmente hay en el Congreso 8 senadores y 6 representantes que son “herederos” de la parapolítica y que, junto a otros corporados, tendrían que declararse impedidos para la votación del proyecto, lo que podría generar un cuello de botella de dimensiones iguales o superiores al que ocasionó el debate de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP y retrasaría la nueva legislatura en el debate de temas trascendentales para el país, como la Reforma Política, los proyectos anticorrupción y la Reforma a la Justicia.

Además, la Justicia ya falló desde 1991 hasta 2018 en los casos de por lo menos 250 aforados, entre ellos, un exgobernador y 58 excongresistas por parapolítica, un excongresista por el caso Odebrecht, y un exgobernador por el Cartel de la Toga. Todos ellos podrían pedir la revisión de sus sentencias.

Por parapolítica, actualmente han sido sentenciados los senadores Dief Maloof, Miguel de la Espriella, Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives, Carlos Arturo Clavijo, Juan Manuel López, Reginaldo Montes, Ricardo Elcure, Vicente Blel, Álvaro García, Álvaro Araújo, Jorge Castro, Humberto Builes, Rubén Darío Quintero, Antonio Valencia, Mario Uribe, Enrique Caballero, Ciro Ramírez Humberto Gómez, Juan Carlos Martínez, Carlos Higuera, Carlos Galvis, Jairo Merlano, Óscar Reyes, Luis Gil, Miguel Pinedo, Javier Cáceres, Mario Náder, William Montes, Óscar Suárez y Fuad Rapag.

Igualmente, los exrepresentantes Alfonso Campo, Eric Morris, Muriel Benitorrebollo, Rocío Arias, Eleonora Pineda, Karelly Lara, Gonzalo García, Dixon Tapasco, Fabio Arango, Odín Sánchez, Édgar Torres, César Andrade, Manuel Ávila, Jesús Doval, Javier Devia, Jorge Feris, José Imbett, Alfonso Riaño, Rafael Castillo, Juan Sánchez, Estanislao Ortiz, Jaime Cervantes, Luis Almario y César Pérez.

Por el caso Odebrecht fue condenado el excongresista Bernardo Ñoño Elías y por el Cartel de la Toga, el exgobernador Alejandro Lyons.

POLÉMICA DEL INPEC

Desde la llegada del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias a Colombia se ha mantenido el hermetismo y no ha sido diferente frente a las razones por las cuáles se ordenó mantenerlo en la Escuela de Caballería.

La decisión la tomó el INPEC, pues el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas libró boleta de encarcelación con destino a La Picota pero le encargó definir su lugar de reclusión a esta entidad teniendo en cuenta el artículo 72 de la Ley 65 de 1993, que establece que la decisión es del director del Inpec, William Ruíz, quien desde el pasado viernes 12 de Julio tomó unos días de receso.

Arias, han explicado, aparece en el sistema como adscrito a La Picota porque así se establece cuando se trata de una Guarnición Militar, y lo que se presume es que se le asignó la Escuela de Caballería por el fuero que ostenta.

“El exministro no puede ser recluido en cualquier establecimiento penitenciario sino que se hace acreedor a una reclusión especial por su fuero y por la dignidad que ocupó de acuerdo a las previsiones del artículo 29 del Código Penitenciario y Carcelario”, explicó el abogado Marlon Díaz.

Las razones también estarían relacionadas con cuestiones de seguridad.