100 familias denuncian que les quiere ‘tumbar’ sus casas

Residentes de los barrios Villa Franca, Brisas del Nevado y  Villa Betel, ubicados en el kilómetro 1 vía Gaira en su margen suroeste, denuncian que fueron notificados con una orden en la que se les obliga a desalojar sus viviendas y entregar los terrenos.

Según el fallo emitido por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, las cerca de 100 familias deben desalojar las viviendas antes de las 8:00 de la mañana del día sábado 10 de agosto, fecha en que se efectuará la restitución.

Esto como resultado de una acción interpuesta por Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Santa Marta y el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental, Dadsa, el pasado 18 de mayo del 2015.

Ante esto, José Antonio Cabrera Carrillo, Wilson José Palma Meza, Elina del Padrón Ramírez y Jesús Montoya residentes de los sectores antes mencionados, lo único que piden es respeto al Derecho a una Vivienda Digna, al  Debido Proceso y a la Defensa, pues según sus conceptos, estos les fueron vulnerados por la Justicia Colombiana.

“Quieren tumbarnos las casas y no son cualquier casita hay casas de un piso, de dos pisos, entonces quieren desalojarnos así como así, que nos quedemos en la calle, hubo dos fallos la primera instancia y la segunda instancia, a nosotros no nos comentaron nada de esos fallos hicieron todo a nuestras espaldas”, manifiesta Cabrera.

En este sentido, Cabrera Carillo manifiesta sentir violado sus derechos, pues alega no haber recibido ningún tipo de notificación al respecto de las dos instancias anteriores en las que se llevaron a cabo los fallos que hoy los obligan a abandonar sus tierra, asimismo, dicen sentirse sin ningún tipo de mecanismo de defensa.

“Violaron el Debido Proceso, tenían que pasarnos una notificación para que uno pudiera defenderse, sin embargo, lo que hicieron fue que llegaron un día con un papel diciendo que teníamos que desalojar la casa y cuando  quisimos preguntar porque teníamos que desalojar, lo único que nos dijeron fue ahí tiene la orden búsquese un abogado”, expresó Jesús Montoya.

INTERPUSIERON UNA ACCIÓN DE TUTELA

Frente a esto, el día 20 de junio del presente año, los habitantes afectados interpusieron una Acción de Tutela contra el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental, Dadsa, Secretaría de Gobierno Distrital de Santa Marta, Inspección de Policía Sur, Casa de Justicia, Inspección Policía Gaira Santa Marta y el Distrito de Santa Marta por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales a la vivienda digna, confianza legítima, niños y educación.

Asimismo, solicitaron que las 100 familias sean incluidas en los programadas de vivienda que se encuentren implementados en la administración, esta medida la exigen como alternativa a la solución de vivienda, la cual alegan no se les ha ofrecido.

Sin embargo, la respuesta que recibieron dos días después por parte de la Secretaría de Gobierno Distrital manifestó qué: “No se pueden endilgar responsabilidades ni vulneración a los derechos fundamentales de los accionantes, cuando lo que está realizando la entidad es producto del cumplimiento a una orden judicial”,

Por parte del Dadsa, la respuesta fue: “No se encuentra legítima la causa(…), asimismo, no se acudió por parte de los accionantes ante la administración a efecto de que se dé apoyo a las familias para reubicación y subsidio de vivienda u otra alternativas, además que se debe tener en cuenta que la diligencia de restitución se tiene programada para el 10 de agosto de 2019 a partir de las 8:00 de la mañana por la inspección de Policía Sur, siendo esta la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa de las familias en la diligencia como proceso verbal sumario policivo el cual expone la respuesta.”

Tras haber recibido dicha respuesta, José Antonio Cabrera Carrillo, Wilson José Palma Meza, Elina del Padrón Ramírez y Jesús Montoya, ratifican que no acudieron porque nunca se les llegó una notificación, “nadie nos dijo nada, ni siquiera supo nuestro abogado, al él tuvimos que informarle nosotros, esto se hizo a nuestras espalda, no nos dieron la oportunidad de defendernos, estos no son terrenos que invadimos, aquí en Villa Franca tenemos escrituras de la compra del terreno, este terreno perteneció a mi difunto suegro, el lo compro legalmente”, sostuvo Jesús Montoya.

“Con las manos atadas” y “asustados” así manifiestan sentirse las familias tras no encontrar ningún tipo de solución o amparo por parte de las autoridadesque ellos aseguran tienen que protegerlos; los residente piden a las autoridades competente hacerse cargo de esta injusta situación en la que los afectados son ellos, puesto que los están obligando a salir de las casas y los terrenos que han habitado con sus familias e hijos por más de 20 años.