‘Los alcaldes y gobernadores deben proteger a los líderes sociales’: Duque

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Y la pregunta del millón ¿Y con qué plata?. Los mandatarios territoriales creen que se trata de un acto de irresponsabilidad del Presidente en endosarles cuidar la vida de los líderes cuando es un deber del Estado.

El presidente de Colombia, Iván Duque, estima que en el país “hay más de siete millones de líderes sociales”, de los cuales varios centenares han sido asesinados, y que es “difícil” protegerlos a todos, por lo que es necesario involucrar a alcaldes y gobernadores para que “estos hechos no se sigan sucediendo”.

El mandatario explicó en una entrevista con la agencia Efe que es necesario “mejorar los programas de atención, prevención y respuesta colectiva porque en Colombia hay más de siete millones de líderes sociales, según las 23 caracterizaciones que utiliza Naciones Unidas”.

“Pretender dar una protección individual, con un esquema de seguridad para cada uno (…) es difícil y por eso nos toca, donde tengamos amenazas, actuar rápidamente con esos mecanismos de protección individual pero también buscar la protección colectiva, involucrando en ese ejercicio a alcaldes ygobernadores en lo local”, añadió.

Sobre la cifra de siete millones, explicó que solo los miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC) -organizaciones cívicas de vecinos orientadas a resolver problemas comunes- suman cinco millones y están clasificados como líderes sociales.

ES UN ACTO IRRESPONSABLE

Pero seguidamente se escucharon voces de rechazo a la propuesta de Duque.

´El Presidente no puede ser tan incompetente e irresponsable con el país. El prometió muchas cosas con las que no puede. Ahora le viene e enchutar la responsabilidad de la vida de los líderes sociales a los alcaldes y gobernadores, cuando es una obligación del Estado preservárselas. Los gobiernos locales yregionales no cuentan con recursos ni para echarle gasolina al carro oficial, ahora mucho menos tendrán plata para darle un esquema de seguridad a loslíderes´, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo.

Pero además desde las regiones se conocieron manifestaciones de rechazo a lo que propone Duque. Muchos mandatarios que por razones obvias prefieren hablar bajo anonimato por temor a una represalia del Gobierno nacional, por ejemplo, en el no giro de recursos; dijeron que ´lo ordenado por el Presidente es irresponsable. Ni las alcaldías ni gobernaciones tienen recursos. Lo mismo está ocurriendo con la atención a la población migrante de venezolanos. La nación nos endosó ese problema y ahí están los resultados, no tenemos plata para brindarles atención médico y social´, dijo un alcalde de ciudad capital.

LAS CIFRAS

Datos de la Defensoría del Pueblo indican que 462 líderes sociales fueron asesinados en Colombia desde el 1 de enero de 2016 hasta el 28 de febrero pasado, mientras que la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica cifran en más de 700 las víctimas mortales de esos colectivos, a los que se suman 140 excombatientes de las FARC asesinados en los últimos tres años.

El compromiso también es “que seamos implacables para llevar a la Justicia a los criminales que han estado detrás de esos asesinatos”, y puso como ejemplo el cartel de ‘se busca’ de 34 jefes de organizaciones criminales asesinas de líderes sociales presentado hace unos meses, gracias a lo cual han sido capturados 18 de ellos.

De igual manera el presidente Duque valoró que este año se ha reducido en más del 30 % el asesinato de líderes sociales en comparación con el año pasado, “según informes del Consejero para los Derechos Humanos, amparado en la información de las Naciones Unidas”.

“¿Que si estoy contento con eso?, no, porque tenemos que seguir avanzando, pero hay una reducción. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Entender dónde se está presentando cada vez más ese fenómeno, que es en un grupo muy reducido de municipios”, dijo.

Las localidades donde según el Gobierno se perpetran más asesinatos de líderes sociales son aquellas “que han tenido influencia de grupos armados legales, que están en la coca o en la minería ilegal” y se atenta contra ellos “porque los líderes quieren sacar a la comunidad de las economías ilícitas”.

El mes pasado, el Gobierno estadounidense señaló que las áreas sembradas de coca en Colombia en 2018 llegaron a 208.000 hectáreas, lo que supone un “pequeño descenso” de 1.000 hectáreas (0,5 %) con respecto a 2017, cuando se alcanzó el récord de 209.000 hectáreas.

En ese sentido, Duque resaltó que por primera vez “en siete años se paró el crecimiento exponencial y eso tiene un mérito” porque considera un “deber” del país “enfrentar los cultivos ilícitos” para que “no sigan siendo el gran combustible de la criminalidad”.

“Pero por supuesto, queremos reducir mucho más y para eso tenemos que buscar una combinación de herramientas porque esa droga es el combustible de la violencia. Esa droga es la que alimenta esos grupos criminales que atentan contra los líderes sociales”, concluyó.

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