Colombianos deben pagar deuda por $ 1,2 billones de la Ruta del Sol

Según informó la superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, la decisión de liquidar la compañía se tomó por el hallazgo de “una situación crítica, inconsistencias como balances sin ser firmados por quien corresponde, asambleas realizadas fuera del término de ley, estados financieros con anotaciones como que son un negocio que no está en marcha”.

Por
ANDRÉS MUÑOZ

Esta semana Colombia despertó con una nueva deuda. Ese día la Superintendencia de Transporte convocó a liquidación a la empresa Ruta del Sol S.A.S, encargada de las obras del corredor vial que promete conectar la Costa Caribe con el centro del país. La liquidación se da porque la compañía no tenía objeto contractual y además tenía inconsistencias jurídico-administrativas. La deuda que tendrán que pagar los colombianos por esta disolución es de mínimo $1.2 billones.

Según informó en entrevista a Colprensa la superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, la decisión de liquidar la compañía se tomó por el hallazgo de “una situación crítica, inconsistencias como balances sin ser firmados por quien corresponde, asambleas realizadas fuera del término de ley, estados financieros con anotaciones como que son un negocio que no está en marcha”.

Los contratos del proyecto de concesión de la Ruta del Sol II fueron firmados entre la sociedad Ruta del Sol S.A.S, el Instituto Nacional de Concesiones, Inco (hoy convertido en la ANI) y el Ministerio de Transporte, durante el periodo del presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2010 y pocos meses después empezaron las irregularidades. Todo esto derivaría en la deuda que hoy tiene el país.

Cuando se dio el cambio de gobierno en 2010, el nuevo mandatario, Juan Manuel Santos, reformó el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y lo transformó en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), esto porque en su momento la nueva administración concluyó que el Inco  no contaba con las condiciones institucionales y organizacionales necesarias para liderar grandes cambios de infraestructura del país por razones relacionadas con el dimensionamiento yherramientas con las que fue proyectada la entidad.

Una vez el Inco se transformó en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el proyecto avanzó sin mayores problemas hasta 2015 cuando se firmó la concesión 001 de 2015 entre la ANI y Ruta del Sol S.A.S para continuar el proyecto Ruta del Sol II con una renovación del corredor Puerto Salgar-San Roque.

Pese a este nuevo contrato, dos años más tarde en 2017, la ANI y Ruta del Sol S.A.S suscribieron un acuerdo de terminación y liquidación del contrato de Concesión 001, sin que exista una claridad sobre los motivos de suspender el acuerdo para seguir el proyecto.

La empresa Ruta del Sol S.A.S, hoy en proceso de liquidación, está conformada por cuatro inversionistas: constructora Odebrecht con un 25%; Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S con el 37%, CSS Constructores S.A., propiedad de Carlos Solarte (acusado por irregularidades en el contrato Tunjuelo Canoas) con un 4,99%, y Episol, filial de Corficolombiana (Grupo Aval), empresa que tuvo como presidente a José Elías Melo Acosta, procesado por el pago de sobornos para la adjudicación de la Ruta del Sol Tramo 2, con el 33%.

¿QUÉ VA A PASAR?

Todos estos elementos sumados llevaron a que hoy Ruta del Sol S.A.S. esté en proceso de liquidación por parte de la Superintendencia de Transporte. Esta movida deja en el aire el pago de unas deudas que suman $1,2 billones de capital, más $230.000 millones en interés a inversionistas de buena fe que, en este caso, son Itaú, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco de Bogotá y Banco AV Villas.

Con esto, el Gobierno trabaja en un acuerdo conciliatorio con los bancos para cancelar el saldo de los dineros. Sin embargo, este acuerdo no ha sido avalado por la Procuraduría, hecho que debe ocurrir antes del 6 de agosto. Entretanto, el Gobierno deberá colocar $1 billón en Títulos de Tesorería (TES) para solventar la deuda con los terceros de buena fe (los siete bancos).

Sin embargo, la decisión ha sido criticada fuertemente por varios sectores al considerar que el Estado, con recursos de los colombianos, no tendría por qué asumir la deuda de entidades privadas.

Parte de las críticas es que el 33% de la empresa Ruta del Sol S.A.S es propiedad de Corficolombiana (Grupo Aval), que pertenece a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pero, al mismo tiempo, parte de los deudores de buena fe son el Banco de Bogotá, el Banco de Occidente, el Banco Popular y el Banco Av Villas, que son del mismo grupo empresarial de Sarmiento Angulo. Es decir que ellos recibirían parte del pago de 1,2 billones.

Un día después de que se conociera la decisión de iniciar la liquidación de Ruta del Sol S.A.S, la constructora Odebrecht (dueña del 25%) emitió un comunicado en el manifiesta que la deuda bancaria relacionada con el Proyecto Ruta del Sol Sector II, es de la Concesionaria y no de la firma brasileña.

«La deuda corresponde al financiamiento con el cual la Concesionaria ejecutó el contrato de concesión, contratado con la banca comercial, incluyendo bancos pertenecientes al grupo empresarial de Corficolombiana, los cuales otorgaron el 50% de dichos créditos» reza el comunicado de la compañía brasileña.

Y resalta que ni la Concesionaria ni Odebrecht han participado en ninguna agenda de conciliación con la participación de los bancos financiadores ni con el Estado.

La empresa brasileña considera que «el pago del financiamiento de las obras efectivamente ejecutadas debe realizarse con el valor de liquidación del contrato que debería ser determinado a partir de los peritajes practicados en el ámbito del Tribunal de Arbitramiento que se encuentra en curso y con fecha de fallo previsto para el día 6 de agosto, a fin de evitar que se genere un enriquecimiento sin causa por parte del Estado colombiano» agregan en el comunicado.

Esta novela que llevó a la actual situación aún no termina. Será hasta el próximo 6 de agosto cuando la Procuraduría y el Tribunal de Arbitramento definan yavalen el monto exacto a pagar por estas irregularidades.