Hombre intentó hacerse pasar por indígena para evitar su extradición

Luego de la detención de Pablo Ricardo Quiñones Solarte, en el barrio Ciudad Córdoba de Cali el 19 de abril de 2018, el Gobierno de España remitió una nota verbal a las autoridades colombianas pidiendo la extradición del connacional a quien acusan de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Corte Suprema de Justicia acaba de avalar esa petición y será cuestión de días para que Quiñones comparezca ante el Juzgado Central de Instrucción No. 1 de la Audiencia Nacional de Madrid.

Sin embargo, antes de que se tomara la decisión, un hecho llamó la atención del magistrado Eugenio Fernández y fue un oficio dirigido al alto tribunal proveniente del Cabildo local indígena Zenú Tierra Santa en el que se pedía que Quiñones fuera llevado ante el cacique gobernador para que ser juzgado.

El abogado del procesado también insistió en esa petición en aras de frenar la comparecencia de Quiñones ante el magistrado juez Santiago J. Pedraz Gómez, titular del citado juzgado español. Este despacho documentó que el colombiano en agosto de 2015 envió a través de una aerolínea un primer cargamento de flores, pero que no contenía estupefacientes para dar apariencia de legalidad a la empresa que representaba.

Varios despachos después, un cargamento de cocaína logró llegar a suelo europeo, pero fue decomisado por las autoridades holandesas y se responsabilizó del mismo a Quiñones quien se movía entre ese país y España, por lo que fueron las autoridades de este último país quienes hicieron el trámite ante sus homólogos colombianos para que respondiera por los delitos ya mencionados.

Así las cosas, la Corte Suprema basó su concepto de extradición en los lineamientos para este tipo de casos cuando se pone de manifiesto el fuero indígena. Es decir, el alto tribunal analizó sí Quiñones cumplía o no los requisitos para ser considerado como tal.

Al respecto la Corte señaló que no se tiene por acreditado la pertenencia de Quiñones al mencionado resguardo indígena Zenú del Alto San Jorge Sur del departamento de Córdoba, tampoco se estableció que las conductas investigadas ocurrieron en el territorio del pueblo indígena y no hay evidencia de que el citado resguardo cuenta con sus propias autoridades y con un sistema de justicia ancestral adecuado para garantizar los derechos de los sujetos procesales y de la sociedad.

El caso de Quiñones, incluso, trascendió a la Jurisdicción Especial para la Paz, instancia ante la que buscó la garantía de no extradición, pero el tribunal respondió que el procesado “no aportó prueba alguna de su pertenencia a esa comunidad indígena”.

También se pidió información ante el Grupo de investigación y registro de la dirección de asuntos indígenas, rom y minorías del Ministerio del Interior para que aportaran información al respecto. La cartera política fue contundente y precisó que en las bases de datos institucionales “la denominada Comunidad Tierra Santa no se registra como parte del Resguardo Zenú del Alto San Jorge, y así mismo, el ciudadano Pablo Ricardo Quiñones Solarte no figura como integrante del Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge o Cabildo Indígena alguno”.

A estas evidencias se sumó la del cacique gobernador indígena Zenú quien afirmó desconocer las circunstancias fácticas por las que Pablo Ricardo Quiñones Solarte es requerido en extradición.

Con el concepto favorable del alto tribunal, ya solo falta la firma presidencial para que Quiñones Solarte sea enviado ante las autoridades españolas.

BOGOTÁ (Colprensa).