Gobierno de Trump reanuda las ejecuciones a nivel federal

El gobierno de Donald Trump anunció que la administración federal volverá a utilizar la pena capital tras una moratoria de 16 años y programó las fechas de las ejecuciones para cinco condenados, informó el fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr. 

A instancias de Trump, que pide habitualmente castigos más duros para los crímenes violentos, Barr instruyó a la Oficina Federal de Prisiones a que adopte un nuevo protocolo para el uso de la inyección letal para allanar el camino para ejecutar las sentencias.

«El Departamento de Justicia defiende el imperio de la ley, y le debemos a las víctimas y a sus familias avanzar con la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia», dijo Barr en un comunicado.

El año pasado se efectuaron 25 ejecuciones en Estados Unidos, todas ellas llevadas a cabo por autoridades estatales para personas condenadas por cargos también estatales y no federales.

Debido a los debates sobre los métodos de ejecución y a controversias sobre las drogas utilizadas, además de las reticencias del anterior presidente estadounidense, el demócrata Barack Obama, ningún prisionero federal había sido ejecutado desde 2003.

Los primeros a los que se les aplicará esta medida serán cinco asesinos ya condenados que serán ejecutados en la penitenciaría de Terre Haute, en Indiana.

El Departamento de Justicia dijo que todos estos condenados agotaron sus recursos de apelación y que actualmente no hay ningún impedimento a su ejecución.

Barr ordenó que la Oficina de Prisiones ejecute el procedimiento mediante una sola inyección legal del fenobarbital (fenobarbitona), un barbitúrico que reemplaza un método que usaba tres drogas distintas.

El gobierno federal tiene cerca de 62 personas en el corredor de la muerte en las prisiones federales, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

La aplicación de la pena de muerte está en retroceso en Estados Unidos en la última década, debido a debates sobre la legalidad de las inyecciones letales, acusadas de provocar demasiado sufrimiento y por problemas en el suministro de las drogas que causan la muerte, debido a que muchos laboratorios no quieren estar asociados a esta práctica.

De los 50 estados, 25 utilizan este método, 21 no permiten su uso y cuatro tienen una moratoria.

NUEVA YORK AFP