Corrupción y justicia

El hecho de que cuatro expresidentes del Perú estén cercados por el escándalo de Odebrecht y sus coimas millonarias parece evidenciar dos cosas, por lo menos: que los niveles de corrupción en el vecino país llegaron demasiado lejos, al punto de cooptar la cabeza del Ejecutivo sin consideración alguna, y que el hecho de que haya capturas, encarcelamientos y prohibiciones para salir del país de esos altos dirigentes evidencia que allá la justicia viene actuando con rigor para castigar a los responsables y cerrar el paso a que episodios tan lamentables puedan repetirse.

El hecho más reciente en el desarrollo de este escándalo y sus consecuencias fue la captura el martes en los Estados Unidos del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), con fines de extradición. De acuerdo con funcionarios de la empresa brasileña le habrían pagado 20 millones de dólares para obtener licitaciones en obras públicas, especialmente la de tres tramos de la carretera Interoceánica Sur. Toledo, quien había huido en el 2017, argumentando que era un perseguido político, para no poner la cara a las acusaciones, deberá enfrentar ahora un juicio en su país que seguramente lo dejará muchos años en la cárcel.

Antes de la captura de Toledo, los peruanos vivieron estupefactos la reacción del expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien el pasado 17 de abril prefirió quitarse la vida a responder ante las autoridades por los señalamientos en el mismo sentido. También están comprometidos Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien se vio obligado a renunciar y hoy está internado en una clínica con afecciones cardíacas, y Ollanta Humala (2011-2016), quien estuvo 9 meses en detención preventiva y tiene ahora prohibición para salir de su país, mientras avanzan las investigaciones, sobre todo con respecto a la construcción de un importante gasoducto. Igual ocurre con la candidata presidencial Keiko Fujimori, quien habría recibido dineros de Odebrecht para financiar su fracasada campaña.

Los peruanos parecen querer ir hasta las últimas consecuencias para hallar la verdad acerca de lo ocurrido con Odebrecht en ese país, y dar castigos ejemplarizantes. Es un buen síntoma en un país que en la década de los 90 del siglo pasado sufrió el rigor del autoritarismo de Alberto Fujimori, y que ahora no sale de un círculo de corrupción que no se sabe dónde irá a parar. De todos modos, la catarsis que se hace desde el ámbito de la justicia es sana para una democracia amenazada, como en este caso. Sacar todo lo putrefacto, exponerlo al mundo, y al mismo tiempo aplicar correctivos que cierren el paso a que en el futuro surjan hechos similares, no es sencillo, pero los peruanos se están «dando la pela», como se dice en el argot popular.

Después de Brasil, Perú es el país que más ha sufrido con el escándalo de Odebrecht en América Latina, pero si en otros países de la región no es tan visible el escándalo, no es porque haya sido menos grave, sino tal vez porque las investigaciones han avanzado con menor celeridad. En Colombia debemos reflexionar al respecto, porque por lo menos en las elecciones del 2010 y 2014 hay claras evidencias de la intromisión de dineros de Odebrecht para pagar sobornos y buscar amistad con quien resultara elegido. Con seguridad, si se escarba hacia el pasado, se encontrarían evidencias claras de ese modus operandi, que no es ninguna novedad en nuestro país.

El hecho de que en nuestro país el exfiscal Néstor Humberto Martínez se haya tenido que declarar impedido para conocer de varios procesos alrededor de Odebrecht, y que el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa en pocos meses haya avanzado más en las indagaciones que el titular en varios años, deja muchas dudas que deben ser asumidas con seriedad. Ojalá que quien llegue al organismo acusador pueda lograr resultados contundentes.

*Internacionalista.