HOY DIARIO DEL MAGDALENA
Periódico de Santa Marta

Medimás, dos años de quejas y tutelas

El agüero dice que cuando uno se levanta con el pie izquierdo le va mal y eso, parece, es lo que le pasa a la EPS Medimás, que tras dos años de operación, no logra consolidarse y su panorama se vislumbra oscuro: empezó con 5,6 millones de afiliados y ahora cuenta con 3,6 millones.

Jorge Andrés Hincapié es uno de ellos. Es un paciente que sufre una enfermedad huérfana (xantomatosis cerebrotendinosa) que afecta su movilidad, y ha vivido todo lo que ha pasado con Medimás.

Desde 1994, cuando nació Saludcoop, está afiliado y, ahora, sufre como muchos las dificultades de acceder a servicios de salud con la EPS de la actualidad, aunque funcionar parece un piropo, pues entre enero de 2018 y mayo de 2019 se han radicado 120.045 Peticiones quejas y reclamos (PQR) contra esta entidad.

De queja en queja

Para ser más precisos, en promedio, contra la EPS radicaron 232,6 PQR cada día de los 516 que hay entre enero de 2018 y mayo de este año. Para tener un panorama más amplio basta con mirar el informe de tutelas en la salud, presentado por la Defensoría del Pueblo a principios de este mes, el cual indicó que en 2018 se radicaron 207.936 tutelas reclamando este servicio.

En este ítem, Medimás aparece con 24.731, es decir, representó el 11,89 % del total de los recursos presentados contra las EPS, siendo la empresa que, a juicio de la Defensoría, más vulneró este derecho catalogado como esencial.

“No me han otorgado dos medicamentos: ácido quenodexosicólico –no disponible y sin tratamiento hace 5 años– y la coenzima Q10”, explicó Jorge, resaltando que “solo han suministrado medicamentos normales para los síntomas”.

Su situación ha sido tan compleja, que el 14 de agosto de 2017 le envió una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que le decretaran medidas cautelares para lograr su objetivo. La CIDH, el 7 de febrero de 2018, le respondió que estudiaría su solicitud.

Esa, aunque fue vista como una buena noticia, no ha dado los frutos esperados, pues al consultarle, con resignación responde: “El caso sigue en estudio. Lo que pasa es que no tengo recursos para un abogado que me lo mueva”.

Radiografía

El caso de Jorge es apenas un acercamiento a lo que les ha pasado a los ahora 3,6 millones de afiliados a Medimás. Esta cifra también es una muestra de que la empresa no funcionara como debe ser, pues hoy, hace dos años, empezó su operación con 5,6 millones de afiliados, es decir, en sus 370 días de operación, 2 millones de afiliados se han ido para otras empresas.

Es más, el abogado José Roberto Acosta, a quien el Tribunal de Cundinamarca le aceptó una demanda contra la EPS, señala que es “deplorable lo que ha pasado con esta EPS. Se pensó que era la solución, pero lo que pasó fue que se agrandó el problema, porque no prestan con garantía un servicio esencial como es la salud”, expresa Acosta.

Una apreciación similar tiene el exministro de Salud y exdirector de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Jaime Arias, quien destacó que la EPS ha tenido más bajos que altos en lo que lleva operando.

“Eso empezó mal, siguió mal y terminará mal, sobre todo para los pacientes, que son los mismos pacientes que vienen sufriendo desde Saludcoop, pasando por Cafesalud y ahora”, dice Arias, explicando que la EPS tuvo momentos en los que parecía que se recuperaba, pero volvía a a caer, “y no pudo pasar a la otra orilla, la del éxito empresarial y el beneficio de sus usuarios”.

No obstante las cifras la Superintendencia Nacional de Salud, los reclamos de los pacientes y las voces críticas de los analistas y los mismos organismos de control, Medimás ve las cosas de una manera diferente.

En un comunicado enviado a EL COLOMBIANO, sostuvo que “estamos haciendo las cosas como son”. Aunque más allá del balance de los dos años, se refirió a los 90 días que lleva al frente la nueva administración, la del ahora presidente, Alex Martínez, quien llegó a reemplazar a Néstor Arenas, que dejó la EPS por diferencias administrativas, según se pudo establecer en su momento.

Paso seguido, Martínez destaca que al llegar a la EPS y tras revisar el panorama, “pusimos en marcha un proceso de reorganización, luego de hacer un diagnóstico de cómo estaba la EPS, y desde ya nuestros 3 millones 600 mil usuarios, están sintiendo el resultado de las acciones implementadas”.

Desde el gobierno

Sobre el panorama de la EPS, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, se remitió a las actuaciones que ha realizado el organismo de control, que consisten en dos medidas de vigilancia especial, y menciona la preparación del sistema para trasladar a los afiliados, en caso de que el Consejo de Estado respalde la decisión del Tribunal de Cundinamarca, que ordenó el traslado de los usuarios a otras EPS (ver Para saber más).

En caso de que eso suceda, resaltó el superintendente, “los vamos a ubicar en otras EPS que no tengan medida de vigilancia”, pues no se puede “permitir que un usuario salga de Medimás y llegue a una peor”, agregó Aristizábal.

Lo mismo planteó el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, quien en diálogo con este diario fue cauto al referirse al tema, y simplemente manifestó que “respetamos el debido proceso, luego del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, aunque precisó que la Supersalud sigue el desempeño de esta y otras EPS que concentran el mayor número de tutelas, quejas y reclamos para analizar qué tareas ejecutar.

Frente al posible traslado a otras EPS, el ministro destacó que “el sistema tiene la capacidad de asimilar el movimiento de ciudadanos de unas EPS que, por ejemplo, se liquiden o se les revoque licencia, para un conjunto numeroso de EPS que están cumpliendo”.

En este punto hay que recordar que el Ministerio de Salud, respondiendo a uno de los llamados del Tribunal, ya diseñó y presentó la resolución que indica cómo debe funcionar el sistema cuando una EPS sea liquidada.

En este proceso de vigilancia también han actuado la Procuraduría General, en cabeza de Fernando Carrillo, y la Defensoría del Pueblo, con Carlos Alfonso Negret, quien en entrevista con este diario, manifestó que mientras se resuelven los procesos administrativos, Medimás, tal cual lo ha dicho la Supersalud, debe “seguir garantizando los servicios de salud a sus usuarios”.

Frente a lo planteado desde el gobierno y los organismos de control, el presidente de Medimás respondió que, con el objetivo de mejorar y prestar una óptima atención, “nos hemos sentado con directivos de IPS, con entes territoriales, con alcaldes, personeros, pactando nuevos compromisos para que los procesos de atención se den de la mejor manera y para prevenir el riesgo de enfermedades entre la población”.

¿Cómo terminará?

El exministro Arias destaca que el fin de esta novela está cantado y será con Medimás fuera de operación, aunque señaló que “no sabremos cuándo se dará” y, la principal razón que argumenta es que la EPS “sí tenía experiencia como prestador, pero no como asegurador, y eso fue lo que no los dejó acomodarse”.

Al respecto, José Norman Salazar, director del Centro de derecho médico (grupo académico que analiza el sector salud desde el Eje Cafetero), manifestó que la situación para la EPS no tiene un buen futuro, pues indicó que al tener menos afiliados recibe menos recursos del Estado.

¿Por qué? La respuesta es sencilla: las empresas prestadoras de salud reciben, anualmente, recursos a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que se les reconoce a las EPS por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y que este año, para el régimen contributivo, se ubicó en $847.180, mientras que en el subsidiado es de $787.327.

Así las cosas, Medimás recibirá este año 2,9 billones por UPC, teniendo en cuenta que del contributivo le ingresarán 1,8 billones (tiene 2,1 millones de afiliados) y por el subsidiado otros 1,1 billones (con 1,4 millones de afiliados).

Esta plata les sirve a las EPS para sostenerse y garantizar la prestación de los servicios y, como lo plantea Salazar, “con menos afiliados, los recursos del la UPC serán menores, lo que deja ver un panorama económico más complejo, porque tendrá menos recursos para operar”. Entre tanto, los usuarios como Hincapié, lo único que esperan es que nos les sigan vulnerando sus derechos y, como sea, “nos garanticen la atención sin tener que acudir a mecanismos judiciales”, concluyó Hincapié.

Medellín, (El Colombiano)

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