¿Quién gana, el delincuente o la justicia?

POR:
FERNANDA
TORRES TOVAR

«Realmente me equivoqué y pido perdón. Le pido perdón no solo a su señoría, también a la Fiscalía, a mi familia, al país entero», fueron las palabras de Leonardo Luis Pinilla, más conocido como ‘Porcino’, investigado por el ‘Cartel de la Toga’, luego del preacuerdo que suscribió con la Fiscalía General de la Nación y que a avaló a regañadientes una juez de Conocimiento de Bogotá.

Este preacuerdo, que levantó más de una crítica, establece que Pinilla será condenado a tres años de prisión por el delito de concusión, pena que pagará en una casa fiscal, y además que tendrá que cancelar una multa de 25 salarios mínimos mensuales legales y la interdicción de derechos durante 30 meses.

«Si bien este preacuerdo no viola los derechos (de Pinilla) y se evidencia colaboración con la justicia, el despacho no está de acuerdo con la pena relativamente baja que pidió la Fiscalía», consideró la administradora judicial.

Este preacuerdo se suma a otros tantos que ha avalado la justicia. La justificación que se ha dado en todos los casos es que la colaboración ha sido eficaz para que las investigaciones avancen, pero, en realidad, ¿qué tanto gana la justicia con ellos? ¿Quién gana más, la justicia o el sindicado?

Para el director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Hernando Herrera Mercado, el mecanismo existe en el país desde hace más de 10 años, y no tiene otro fin distinto a que, en el caso del delincuente, tener una rebaja en su pena y cesar la persecución penal; y en el caso de la Fiscalía, obtener información que le pueda servir para desmantelar alguna estructura o tener detalles de cómo y quienes cometieron el ilícito.

“En estos casos lo que valora la Fiscalía es la información que le brinda el indiciado, es decir, no se trata solamente de que la persona confiese, dado que para eso hay otro tipo de beneficios, sino que su colaboración sea importante para desarticular macrodelitos”, dijo Herrera Mercado.

El director destacó que esta modalidad, que también es usada normalmente en Estados Unidos, ha servido para desarticular gruesos actos de corrupción enel país, como el caso Odebrecht, el ‘Cartel de la Toga’, el ‘Carrusel de la Contratación’ y Fidupetrol, entre muchos otros.

Si bien estos emblemáticos casos han puesto en la palestra pública a la justicia, también han permitido conocer la forma como altas esferas del Gobierno y la política recibieron coimas y cómo se han concedido penas irrisorias para delitos graves en especial contra la administración pública.

Prueba de ello es ‘Porcino’. Según el ordenamiento jurídico debería haber recibido una pena de 8 a 15 años de prisión si hubiese sido juzgado sin ningún beneficio, sin embargo él lo hará en una casa fiscal en su tierra natal y solamente durante tres años.

Con esto queda en evidencia que el preacuerdo se ha vuelto el salvavidas de los delincuentes. No obstante, esta figura tiene que cumplir un control de legalidad con una serie de requisitos que reposan en el Código de Procedimiento Penal.

El primero de ellos consiste en apegarse a la norma y corroborar que el procesado no tiene doble beneficio, es decir, que no haya tenido una rebaja de pena previo a firmar el preacuerdo.

Del mismo modo, dice la normativa que no se puede preacordar por un hecho que no sea tipificado como delito, y que las víctimas del proceso también deben conocer que se está adelantando una negociación con el señalado.

¿QUIÉNES PUEDEN SUSCRIBIR UN PREACUERDO?

Por lo general, los preacuerdos conocidos públicamente durante los últimos días suelen ser para personas que están inmersas en delitos de corrupción y se pensaría que este mecanismo está diseñado para este tipo de delito, pero no es así.

Herrera Mercado explicó que toda persona que esté inmersa en actos delictivos puede acogerse a un proceso de colaboración mutuo con la justicia. Por ejemplo, sí las autoridades llegaran a capturar a un joven robando celulares, él junto con su defensa pueden acceder a este mecanismo.

En este caso, como suele pasar en otros, el hombre se comprometería a entregar información sobre cómo actúa la banda a la que pertenece, dónde queda su lugar de acopio, entre otros detalles, y en caso de que la información revelada ponga en riesgo su vida, la Fiscalía consideraría imponer un esquema de protección.

Con relación a la cuantificación de la pena, Herrera Mercado explicó que el preacuerdo se suele celebrar cuando se tiene más de dos delitos de por medio, y lo que hace la Fiscalía es que dentro de la oferta de negociación le ofrece al delincuente cesar la persecución por el delito de más impacto.

“Por ejemplo, una persona creó un grupo militar y compró uniformes de las Fuerzas Armadas: este hecho es un delito, pero al final resulta que con ese acto se concretaron masacres u homicidios, entonces en ese caso la Fiscalía va a concretar la negociación sobre el delito de más repercusión social», argumentó.

¿CUÁNDO ESTARÍA EN RIESGO UN PREACUERDO?

El papel del juez es fundamental en los preacuerdos, pues es quien da legalidad al convenio. Por eso el director de la CEJ recordó que el preacuerdo debe tener bases sólidas sobre todo en la Fiscalía debido a que es el delegado del ente acusador quien presenta el pacto ante el delegado de la Rama Judicial.

Dijo, además, que el funcionario judicial tiene la potestad de negar los acuerdos. Por esto recordó que existen varias modalidades en las que se pueden registrar una negativa.

El primero de ellos consiste en que el delincuente ofrece una colaboración poco eficaz. En segunda ocasión, cuando el juez considere que no están ceñidos a los lineamientos de ley.

Así las cosas, durante el día a día de los jueces estas situaciones no son inusuales. Por ejemplo, en algún momento el Juez Segundo Especializado de Bogotá no avaló el preacuerdo entre la Fiscalía y el exsenador Otto Nicolás Bula Bula, en el marco de la investigación que se adelantaba en su contra por el caso Odebrecht.

En ese entonces el juez consideró que si Bula Bula quería negociar con la Fiscalía lo que debía hacer previo a ello era un reintegro del 50% del dinero del que se pudo haber apropiado.

Otro argumento del juez, en ese momento, fue que la Fiscalía “se ha excedido en sus facultades al negociar con el imputado no solo el grado de participación sino también las penas a imponer por los concursos”.

Un caso adicional que también relaciona el entramado de corrupción de la firma brasilera Odebrecht es el de Andrés Cardona Laverde, a quien el Juez Noveno de Conocimiento de Bogotá le negó el preacuerdo que había firmado con la Fiscalía.

En ese caso, el preacuerdo consistía en la aceptación de los delitos de interés indebido en la celebración y cohecho por dar u ofrecer a cambio de una pena de ocho años de prisión. Sin embargo, el preacuerdo no fue avalado por la juez, debido a que encontró irregularidades pese a que ya se había acordado la pena y la colaboración con la justicia.

ALGUNOS PREACUERDOS

Odebrecht

Sobre el exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, las autoridades judiciales también pactaron con el funcionario que debía purgar cinco años de prisión en la cárcel Picota de Bogotá.

El hombre fue señalado de falsedad en documento tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Con el proceso de colaboración se comprometió hacer un reintegro de 877 millones de pesos.

Carrusel de la Contratación

Paola Fernanda Solarte, condenada a seis años de prisión por las irregularidades que se registraron en el contrato que tenía como objeto la construcción de un túnel en la capital del país, también recibió rebaja en su pena por medio del acuerdo al que llegó con el ente acusador.

Por estos hechos, Solarte debe cancelar 1.300 millones de pesos como reintegro, de los cuales ya ha cancelado más de 600 millones. Del mismo modo acordaron que debían pagar un poco más de 400 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV) al Estado.

Fondo Premium

La semana pasada un juez de la República también avaló los preacuerdos de Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, quienes fueron condenados a siete de prisión por el descalabro bursatil.

Por su parte, Jaramillo se comprometió a cancelar una suma superior a los 2.000 Salarios Mínimos Legales Vigentes para reparar los daños y perjuicios ocasionados en el desfalco financiero. Mientras que Ortiz debe pagar 400 millones de pesos en acciones a las víctimas.

Estos entre muchos otros procesos que tiene la Fiscalía en su poder se han movido por medio de los preacuerdos y principios de oportunidad, los mecanismos más usados para encontrar más información sobre actos delictivos a cambio de penas mínimas./COLPRENSA.