La erradicación estalló la bomba de la coca

“Lo que pasó en Tumaco es el ejemplo de por qué no puede hacerse erradicación y sustitución de cultivos en el mismo territorio y al mismo tiempo”. Las palabras son de Juan Felipe Cruz, investigador de Dejusticia, quien junto a Sergio Chaparro hicieron un análisis denominado “Coca, instituciones y desarrollo”, sobre los retos que tienen los municipios productores de coca a mediano y largo plazo para la implementación del Acuerdo de Paz alcanzado con las Farc.

Para Dejusticia, es menester que el Gobierno detenga la erradicación forzada de cultivos ilícitos, especialmente en esas zonas donde ya se está avanzado con los campesinos en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito

No se trata de no hacer erradicación o de no cumplir con la meta de 50.000 hectáreas que se fijó para el Ministerio de Defensa, se trata, explica Dejusticia, de que la erradicación está reglada en el Acuerdo de Paz y debería ser la última opción para situaciones específicas: cuando a pesar de existir acuerdos con las comunidades, haya familias que no sustituyan; cuando se incumplan compromisos; cuando no se tenga razón de quiénes son los dueños de los cultivos o cuando no haya acuerdo con las comunidades.

“El acuerdo es claro en manifestar que la sustitución de cultivos ilícitos es la apuesta principal y parece que el Gobierno está olvidando eso, porque tiene esa necesidad de bajar el número de hectáreas, porque se sigue pensando en esa lógica, se está entorpeciendo el esfuerzo de paz”, señaló Cruz.

Su planteamiento es claro: la orden de erradicar 50.000 hectáreas para finales de este año podría llevar incluso a que se vulnere el Acuerdo de Paz, privilegiando el garrote, las cifras de incautaciones y de destrucción de laboratorios de coca, a los planes de sustitución.

“Estamos discutiendo asuntos de hectáreas de coca, de cuántos laboratorios se están destruyendo, que si es el Clan del Golfo o ‘Guacho’, que son elementos coyunturales y un efecto del abandono estatal. La política de drogas está distrayendo el debate, y lo importante ahora es el debate sobre el desarrollo rural en los territorios. Es muy difícil solucionar el problema de Tumaco y los municipios cocaleros si nosotros seguimos teniendo como punto de referencia las hectáreas de coca”, agregó.

Y es que en Tumaco hay 23.000 hectáreas de coca, casi la misma cantidad que tiene todo el departamento de Putumayo, que tiene 26.000 hectáreas. Cruz explicó que las zonas más cocaleras son Norte de Santander, el Sur de Bolívar, el Bajo Cauca Antioqueño, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, mientras en el último informe del Simci y de las Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), se reportó un aumento en el Chocó.

“En Tumaco hay un ‘cóctel’ de incapacidades estatales, grandes poderes locales basados en la coca, la minería y el hurto de hidrocarburos, y una clase política cooptada por el crimen organizado. Este ‘cóctel’ para la implementación del Acuerdo es un reto de cómo construir Estado, como fortalecer el proceso de desarrollo del municipio, derrotando esos poderes locales y fortaleciendo la participación comunitaria, porque en Tumaco hay una gran movilización. El problema no es la coca, sino el cóctel”, explica Cruz.

En ese sentido, la idea que promueve la publicación consiste replantear la política antidrogas, para que se aprovechen las grandes oportunidades que puede traer el Acuerdo de Paz para los territorios cocaleros.

Al tiempo, Dejusticia propuso que el programa de sustitución se ajuste al contexto de cada territorio y que haya en zonas ‘calientes’, con presencia de grupos armados ilegales y disidencias, un acompañamiento de terceros neutrales como la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU o la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

 

Los retos

Los municipios cocaleros tendrían en ese sentido unos retos de cara a la implementación del Acuerdo de Paz, que les permitan salir de una serie de desventajas estructurales, como un mal “desempeño de la justicia local, menor capacidad tributaria, índices de desarrollo humano más bajos y más altas tasas de homicidio, pobreza, concentración de la tierra, mortalidad infantil y población privada de afiliación a salud o de servicios básicos como el acueducto”.

A corto plazo se necesitaría, de acuerdo con el informe, garantizar ingresos suficientes para los productores de cultivos ilícitos, a fin de “mitigar el impacto sobre la dinámica municipal de la dependencia de la economía de la droga, que complementen y acompañen la estrategia progresiva de sustitución”.

Además, se deberían implementar proyectos para los campesinos cocaleros, oportunidades de empleo y educación para personas que están buscando las oportunidades económicas que dan los cultivos de coca y llevar la institucionalidad a esos municipios cocaleros, en materia fiscal, administrativa, planeación, entre muchos otros, con participación de las comunidades.

“Se necesita cambiar la relación que ha tenido el país en general con estos territorios. Uno podría decir que es necesario que haya un sistema de justicia local que solucione las necesidades jurídicas en sus territorios. Eso es fundamental, las FARC en los territorios tenían funciones de Estado, impartían justicia, hacían de policía, regulaban el uso del suelo, el Estado tiene que llevar eso”, señaló Cruz.

El investigador explicó que es necesario además que haya una expansión de servicios y de flujos comerciales entre estas zonas y el país para que no fracase la estrategia de sustitución. A esto se suma, además, que se debe fortalecer a la dirección encargada de la sustitución para que tenga los elementos y la infraestructura suficientes para hacer esta tarea.

“Necesitamos mercado. Y reformas integrales que no sé si están en la capacidad de llevar a cabo. Es el drama del desarrollo rural. El campesinado cocalero es el excluido de los excluidos, y además de ser excluido es el campesinado criminalizado”, explicó.

A estos retos se suma la necesidad de una política de choque de seguridad e inteligencia para combatir al crimen organizado que hace presencia en los municipios cocaleros, para desmontar también sus vínculos con la política y la economía ilegales.

Penas alternativas

Dejusticia igualmente plantea que para construir confianza con las comunidades y se vinculen al programa de sustitución, haya garantías de no persecución penal o represalias en su contra.

“A nivel nacional deben promoverse alternativas al encarcelamiento para delitos menores de drogas, que pueden vincularse a programas comunitarios de construcción de paz y reparación en el marco del posacuerdo”, dice la publicación.

Cruz explica que se trata de generar tratamiento penal alternativo para las personas asociadas al cultivo, al procesamiento de la pasta base y a los operarios. “En los laboratorios de cocaína no está el capo sentado, está el obrero. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Tratarlos como al capo que es el dueño de todo y se queda con las ganancias? O le damos un tratamiento penal diferente, sacarlo del negocio local”, explicó.

Otra propuesta implica además tomar medidas para blindar las elecciones de la influencia del narcotráfico y la creación de un “régimen electoral especial en algunas zonas críticas –que incluya la financiación pública de campañas y mecanismos de vigilancia reforzados– puede ser necesario”.

“Para reducir la influencia de redes clientelistas por parte de políticos locales que capturan el presupuesto municipal y lo ponen al servicio de garantizar su hegemonía política o de sus intereses privados, es necesario reducir al máximo la discrecionalidad en la asignación de bienes y servicios públicos que las comunidades valoran. De esta manera, en la gestión pública se debe promover una cultura de los derechos y no de los favores”, asegura Dejusticia.

 

A largo plazo

De largo aliento, Dejusticia considera que se debe promover una serie de reformas legales y a la Constitución para que en el marco del Sistema General de Participaciones y del Sistema Nacional de Regalías se fortalezcan las transferencias “a municipios con baja densidad poblacional, mayor grado de afectación por el conflicto y necesidades sociales insatisfechas (que en buena parte coinciden con los municipios con presencia de cultivos ilícitos)”.

Igualmente, que se definan uno pisos de asignación de los presupuestos municipales y departamentales que se destinen a la inversión en el sector rural en materia de infraestructura, vías, ciencia y tecnología, entre otros.

Sobre el programa de sustitución, se propone la promoción de los usos industriales y medicinales de la coca, la amapola y la marihuana, así como “la compra directa por parte del Estado de la hoja de coca para utilizarla con fines industriales o medicinales”.

Además, se proponen ajustes para que la Fiscalía se concentre en perseguir delitos como el lavado de activos o el tráfico internacional de drogas.

Dejusticia además consideró que la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos debe presentar cuanto antes un cronograma de actuación para la elaboración e implementación de los Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA).

“Hay 64 municipios en donde existen acuerdos colectivos de sustitución y en donde no habrá PDET. En estos municipios, la herramienta para que el campesinado tenga una transformación territorial que le permita mejorar sus condiciones de vida y la productividad de sus cultivos serán los PISDA”, indicó.  El Colombiano.