Gobierno de Rúgeles firmó 3 contratos por $ 1.182 millones para repartir agua

El mandatario distrital aseguró que todos los hallazgos serán puestos en conocimiento de los organismos de control para que estos sean los que concluyan si se presentaron o no irregularidades o delitos.

Tal como lo había manifestado el pasado sábado, este lunes en horas de la tarde a través de una trasmisión en vivo en sus redes sociales, el alcalde Rafael Martínez en compañía de dos funcionarias de la administración presentaron a la ciudadanía las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde encargado, Andrés Rúgeles Pineda, así como de su entonces secretario General, Emiro Castro durante los cuatro meses que estuvieron en la administración distrital.

El encuentro marcado por el mensaje de Martínez que no haría lo que en su entonces el alcalde encargado junto con su gabinete a través de sus declaraciones afirmaban de corrupción total dentro de la administración, sino que simplemente “destaparía” los hallazgos tras un mes luego de su regreso, para así ponerlos en conocimiento de las autoridades para que estos sean “los que tomen cartas en el asunto”.

El caso que más llamó la atención luego del proceso de empalme fue el polémico contrato de arrendamiento de 10 carrotanques, que una vez se hizo fue criticado por el método de contrato, además de su valor, y que fue analizado por las funcionarias las cuales encontraron que estas actuaciones podrían ser catalogadas como “presunto delitos de celebración de contrato sin el lleno de los requisitos”.

Los contratos analizados por la funcionarias fueron firmados el 23 de abril, 2 de junio y 12 de julio, cada uno por un valor de $394 millones con Contrasto S.A.S cuyo representante legal es Ciro Sánchez Peñaranda, hijo de la exdefensora del Pueblo, Liseth Peñaranda.

“En la primera etapa de Estudios Previos, encontramos que no tiene el desarrollo técnico del objeto a contratar (…) revisamos cuales eran las características técnicas que debía que tener un contrato de estos y hay hallazgos porque no se determinó porque ejecución del contrato se pagaría ese valor, sino que se dejó abierto a las actividades que del contratista” manifestaron las abogadas asesoras del alcalde Martínez quienes aseguraron que se debía especificar las características de los vehículos y las personas que iban a conducirlos por lo que cualquier vehículo era apto para ser contratado, lo cual no ocurrió.

Según los hallazgos, al momento de hacer los estudios previos, entre los soportes a realizar el contrato se enuncian “documentos futuros” como el Decreto de la Declaratoria de Calamidad Pública el cual se dio días después, de igual forma suceden con las tres cotizaciones que se exigen para justificar los valores a contratar, las cuales fueron presentadas posterior a la fecha de construcción de los estudios previos, lo cual según manifestaron las abogadas hay vicios similares en los tres contratos, sumado a  otra irregularidad en el proceso de evaluación, teniendo en cuenta que documentos exigidos de soporte no fueron presentados en las condiciones que debían ser, por ejemplo la hoja de vida de la empresa no fue anexada, sino la del representante legal.

Otro de los hallazgos radica en las actividades que se pretendían contratar, las cuales según los registros de Cámara de Comercio, no estaban habilitados para la empresa con la que se hizo con el contrato, lo que aducen  es que “no cumplía con la capacidad jurídica”.

Además de los documentos que acreditan la experiencia los cuales no certifican las condiciones necesarias para ser escogido, por lo que la evaluación debía ser negativa y reiniciar la etapa y contratar a una empresa que cumpliera realmente con el perfil y las actividades a ejecutar, dijeron las asesoras jurídicas.

TODO LO HIZO EMIRO

Otro de los hechos que genera alarma es que Emiro Castro, quien fungió como secretario General, firmó el contrato en las tres etapas contractuales del proceso. Firmando los estudios previos como Director encargado de la Oficina de Gestión de Riesgo, evaluando los contratistas que se presentaron firma como secretario General, y luego firma el contrato no siendo alcalde encargado ni designatario sino como alcalde por lo se constituiría en otro de los vicios, dice la administración de Martínez.

MÁS IRREGULARIDADES

Pero según lo encontrado las irregularidades no se limitarían únicamente a la etapa de contratación, sino igualmente en los soportes presentados, o más bien no presentados para acceder a los pagos por el contrato.

Según manifestaron las abogadas se le hacían los pagos sin el cumplimiento de los soportes de pagos parafiscales de los trabajadores de la empresa, aunque la contadora y el supervisor en documentación certificaba el cumplimiento de los soportes, lo cual podría catalogarse como “Elusión y evasión fiscal”, además de la no verificación del estado de los vehículos.

“En el informe del contratista manifiesta que solo laboraron 27 días diurnos y 24 nocturnos, siendo el contrato por 30 días (…) adicionalmente a ellos se le programaban los viajes pero dentro de las ordenes emitidas por la Oficina de Gestión de Riesgo que fueron 887 viajes de los cuales solo se certificaron 647 y de los recorrido nocturnos que debían ser 489 solo hay soporte de 430 viajes”, lo que según las funcionarias existe un faltante de 299 viajes que fueron pagados pero de los cuales no hay soporte o anotación alguna.

IRREGULARIDADES EN NOMBRAMIENTOS:

De igual forma se encontraron posibles irregularidades en el nombramiento de la entonces secretaria de Despacho, Nirma Chicre puesto que se encontraba impedida para asumir el cargo.

“Es un hecho notorio, que Nirma Chicre en diciembre del año pasado firmó como ponente una investigación contra Carlos Caicedo, lo que quiere decir que era funcionaria de la Contraloría Distrital (…) lo que la impedía en ser contratada para ocupar en la entidad en la que realizaba investigación (…) además omitió información a la Jefa de Talento Humano” manifestaron.

De igual forma, otro funcionario esta vez de la Secretaría de Cultura, Vanessa Bermúdez, la cual presuntamente no cumpliría con los requisitos constitucionales en cuanto a la formación académica exigida para el cargo, no está relacionada con el perfil y la profesión de la funcionaria.

Según se manifestó, ya se están proyectando las respectivas quejas disciplinarias para que la Procuraduría investigue acerca de estos procesos y se tomen las decisiones en torno a si existen faltas que se hayan incurrido por estos nombramientos.

Por su parte, luego de estas develaciones Martínez aseguró que, “Hay unas presuntas irregularidades en contratos, dos nombramientos viciados, todo esto será puesto en manos de las autoridades, esperemos que los involucrados puedan explicar sus actuaciones”, sentenció.