La inflación legislativa

Se dice que la inflación legislativa suele ser peor que la monetaria, queriendo significar con ello que conviene más a una sociedad la estabilidad de sus leyes, que un sistema jurídico en permanente cambio. Las reformas solo deben hacerse cuando son estrictamente necesarias, para procurar desarrollo, equilibrio y justicia social. Nos enseñamos a evaluar a los gobiernos y a los congresistas por su iniciativa para presentar proyectos de ley y sacarlos adelante,  cuando el parámetro debería ser precisamente el contrario; la medida debería ser por su capacidad de atajarlos en ciertos casos.

Ser criticó al Gobierno en la legislatura pasada porque solo salieron 16 leyes, cuando ello bien podía ser motivo de alborozo. Los congresos se deberían concentrar más en su función de control sobre la acción de Gobierno y menos en introducir cambios legislativos innecesarios.

El Parlamento inglés no se la pasa haciendo leyes.

Comentemos algunos de los proyectos que están en la palestra legislativa en este momento en Colombia.

Se acaba de presentar un proyecto de ley para cambiar el procedimiento arbitral, que se encuentra regulado en una ley reciente, la Ley 1563 de 2012, norma que apenas está siendo digerida por los abogados y la jurisprudencia, pero a la que ya se le quieren introducir importantes cambios. Por supuesto, que todo es susceptible de mejorarse, pero la pregunta pertinente sería ¿Qué tan necesario es modificar una norma que está cumpliendo su propósito, para adentrarnos en unos cambios que incluso remueven procedimientos que han hecho cultura en nuestro medio? En nuestra opinión es mejor dejar las cosas como están, los cambios no son fundamentales ni necesarios.

Lo mismo podría decirse con la complicada iniciativa de fusionar los Códigos Civiles y de Comercio que ya ha hecho algún tránsito en el Congreso. Una iniciativa de más de 5 mil artículos que no ha sido discutida en la academia, que al parecer sigue la reciente reforma argentina, pero que sin duda amerita una mayor reflexión por los estudiosos del derecho privado.

La tercera prima en materia laboral, seguro encarna un deseo de justicia para con la clase trabajadora del país, que somos la mayoría de los colombianos. Ya escuchamos un experto, al Presidente de la ANDI, señalando que traerá recesión y desempleo.

La cadena perpetua para violadores de niños en Colombia, es otro proyecto que ocupa al Congreso. Por supuesto que no hay nada más execrable que los delitos de los abusadores de menores y deseamos que les caiga todo el peso de la ley. Sin embargo, eso de la política criminal debe inspirar un sistema y debe ser coherente con las demás conductas criminales. Si les ponemos cadena perpetua por el abuso, ¿cuál será la sanción si los matan? ¿Pena de muerte? ¿Dos cadenas perpetuas? ¿Qué pasa con el asesinato y el secuestro? ¿Cuál sería la proporcionalidad? En estancos separados no se puede manejar una política criminal.

También en materia de política internacional se quiere “encarrerar” todavía más el servicio exterior, exigiendo idiomas en la época de los traductores inteligentes y burocratizando las embajadas, que siempre han llevado a estadistas y personas con experiencia en el conocimiento del Estado.

Por los contenidos de los proyectos enunciados todo indicaría que lo mejor sería dejar así. A veces el afán de innovar desestabiliza y es hora de repensar cuál podría ser la más conveniente de las tareas de un Legislativo en los tiempos actuales.

*ExMagistrado