Militar acusado de matar a Dimar Torres firmó preacuerdo con Fiscalía

El cabo segundo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo, implicado en la muerte de Dimar Torres Arévalo, exguerrillero de las extintas Farc, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, antes de que fuera presentado el escrito de acusación en su contra.

Por esta vía, el militar aceptó su responsabilidad por homicidio en persona protegida a cambio de una rebaja o la pena de mínima del delito imputado, acogiéndose a una terminación anticipada del proceso.

Así también, evitó ir a un juicio oral y público con pruebas y testigos que de ser hallado culpable se expondría a una pena entre 40 a 50 años de prisión y se debatirían aún más detalles sobre estos hechos.

Dicho preacuerdo, que deberá conocer la defensa de la víctima y un delegado de la Procuraduría, será presentado el próximo 21 de noviembre ante un juzgado especializado de Cúcuta, cuando se conocerá el monto total de la pena, y el juzgado decidirá su aprobación o rechazo.

Por este caso, también está llamado a responder el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita por favorecimiento por encubrimiento, luego de que el presidente Iván Duque, junto con el ministro de Defensa, Lorenzo Guillermo Botero, y el fiscal (e) Fabio Espitia anunciaron que tienen indicios de su presunta responsabilidad en el caso.

Este oficial habría tenido conocimiento de las acciones adelantadas por un grupo de militares que retuvieron a Torres y posterior a ello lo habrían asesinado intentando así esconder su cuerpo en un hueco que fue hallado por la comunidad durante su búsqueda.

En ese entonces, el fiscal (e) aseguró que el ente acusador cuenta con pruebas y evidencia que incluye grabaciones, en las que se puede establecer que Pérez Amézquita conoció de los hechos y lo negó a las autoridades judiciales y administrativas.

El asesinato de Dimar Torres ocurrió el pasado 22 de abril en el sitio denominado como Carrizal del municipio de Convención. Aunque en un primer momento, el cabo afirmó que el excombatiente le intentó arrebatar su fusil esta versión fue desmentida.

“El informe de balística y el informe forense es totalmente claro que lo que dijo el cabo es mentira. A partir de ahí se han iniciado todas las investigaciones y hay un coronel investigado, y esperamos que si hay más personas, que han estado detrás de un acto que es un crimen, deban pagar”, señaló entonces el presidente Duque.

Los hechos

Tras su captura, el cabo Gómez Robledo, oriundo de Bogotá, fue presentado ante el Juzgado Segundo Penal de Garantías del Circuito de Ocaña. Desde entonces, fue privado de la libertad al recibir medida de aseguramiento que cumple en una unidad militar.

La Fiscalía detalló que aquel día a las 5:20 de la tarde Dimar iba en su motocicleta Suzuki desde el corregimiento de Miraflores y en Carrizal fue detenido por el suboficial, quien lo cuestionó y recriminó.

“Acto seguido, le apuntó con el fusil 5.56 e impactó en cuatro oportunidades, ocasionándole heridas mortales (malar y nasal de la cara, lateral escapular del brazo izquierdo, glúteo y muslo izquierdo). El cabo arrastró hasta la otra orilla el cadáver y regresó para llevar la moto hacia el matorral”, explicó el fiscal.

De acuerdo a la narración, el militar no contaba con la existencia de un testigo directo, que observó toda la escena donde Dimar estaba sentado (en la moto) y asustado por la acción del uniformado. Minutos después, se escucharon los disparos y avisó a la comunidad que se trasladó al campamento militar en donde encontraron la escalofriante escena del crimen.

“Aquí ocurrió un delito en persona protegida y existen elementos de prueba. Murió un campesino dedicado a la agricultura en unos terrenos prestados por su hermano, desde el día que decide acogerse a los programas de reincorporación civil con la dejación de armas”, agregó el ente investigador, tras solicitar la medida de aseguramiento y considerar al militar como un peligro para la sociedad.

En su intervención, agregó que Dimar no solo cosechaba productos, sino que era un líder para la comunidad y hasta hacía unos meses oficiaba como conciliador y estaba acreditado por la Oficina del Alto Comisionado para La Paz como desmovilizado y reincorporado a la vida civil.

“Es absurda la versión donde se afirma que él intentó arrebatar el fusil (al militar) desde una posición sentado en la moto. Además, pruebas de balísticas determinan la cercanía del fusil con la cabeza”, detalló.

El hueco

En la audiencia concentrada (legalización de la captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento) el delegado del fiscal cuestionó la intención del cabo de alterar la escena del crimen. Además, la demora en la notificación a sus superiores.

“Solo a eso de las 4:30 de la madrugada del otro día, supuestamente se percató un teniente (de los hechos). Por qué se demoraron en reportar la muerte de un civil. Entonces, hay algo más de fondo”, sostuvo.

El Colombiano