«En Fonade hubo una asociación criminal»

´En Fonade se estructuró una asociación criminal que tenía como finalidad favorecer a particulares en la adquisición irregular de contratos a cambio de dádivas indebidas a funcionarios públicos”. Esta es una de las frases con las que la Fiscalía se refiere al entramado de corrupción que se creó dentro de esta entidad entre noviembre de 2016 y diciembre de 2017, según el escrito de acusación radicado por el ente acusador en contra de tres personas.

Los involucrados son Héctor Julio Álvarez Rivero, Hugo Germán Bula Mercado y Marcela Sofía Alies Fuentes. La Fiscalía detalló en su documento la forma en la que cada uno de ellos actuó para favorecer a unas empresas en la adjudicación de una interventoría para los contratos de diseño y construcción del programa de vivienda gratuita para los departamentos de Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Quindío y Huila.

La interventoría de este proyecto fue tasada en un monto cercano a los 16 mil millones de pesos.

A esa licitación se presentaron las empresas KHB Ingenierías, Técnicas Territoriales y Urbanas y Tecniconsulta, siendo esta última la favorecida, haciendo parte del Consorcio Interviviendas que también era integrado por las empresas Insoam, representada por Juan Felipe Morales Tabares, y Orión Cia, en cabeza de Amaury Segundo García De la Espriella.

 “Este proceso de selección no se tramitó dentro de los principios de moralidad, imparcialidad e igualdad establecidos (…) al contrario, se orientó por los intereses particulares de funcionarios de Fonade y de particulares interesados en hacerse al millonario contrato de interventoría”, dice el ente acusador en uno de los puntos del escrito.

Entre las irregularidades que se detectaron se destaca que los hoy procesados facilitaron al Consorcio Interviviendas la subsanación de errores en la propuesta para que fueran favorecidos con la licitación y, además, acordaron el pago de dádivas indebidas a los funcionarios públicos.

De Héctor Julio Álvarez, la Fiscalía sostiene que “era el hombre de confianza de un influyente senador de la República”, por lo que le fue fácil hablarle al asesor de la gerencia de Fonade, Jorge Iván Henao, para que el mencionado Consorcio fuera el favorecido con ese contrato.

 “A cambio de esta intervención, Héctor Julio Álvarez recibió la suma de 150 millones de pesos dinero del que fuera beneficiado a través de las entregas realizadas por Richard Kamal Nader Ordosgoitia, aumentando su patrimonio de manera ilícita”, advierte la Fiscalía.

La millonaria suma fue entregada en tres pagos: el primero por $14 millones en efectivo, otros $20 millones transferidos por Amaury García y, el tercero, por $116 millones, destinados al pago de una hipoteca en la que la esposa de Héctor Julio Álvarez figuraba como deudora.

En el caso de Marcela Sofía Alies se argumenta que sería la presunta responsable de elaborar cinco certificaciones falsas en las que indicaba que García De la Espriella había laborado como ingeniero en diferentes proyectos ejecutados por Tecniconsultas. Esa supuesta experiencia fue expuesta en la presentación de la propuesta del Consorcio.

Agrega el ente acusador que por estas certificaciones, Juan Felipe Morales le entregó a Marcela Sofía la suma de 50 millones de pesos.

Bula Mercado laboraba como profesional jurídico en Fonade y fue el encargado, de acuerdo a las pesquisas de la Fiscalía, de remediar las equivocaciones contenidas en la propuesta del Consorcio. Además, sería la persona que influyó en el comité evaluador para que le adjudicaran la interventoría.

“Por estas conductas contrarias a sus deberes oficiales recibió una cuantía de 10 millones de pesos por el señor Richard Kamal Nader Ordosgoitia, aumentando su patrimonio de manera ilícita”, advierte la Fiscalía dejando en firme el llamado a juicio en contra de estas personas.

BOGOTÁ COLPRENSA