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Acusados funcionarios de la Cancillería

Estarían implicados en las irregularidades en la contratación de la logística de la VI Cumbre de las Américas en Cartagena.

La Fiscalía acusó formalmente a Araminta Beltran urrego (quien fue cónsul de valencia España), Alexander Pondevit ( secretario primero de consulado de España) y Antonio Rafael Porras (representante legal unión temporal Aviatur), por compulsa de copias que hizo la Procuraduría General de la Nación en abril del presente año en la que fueron relacionados 66 contratos suscritos entre Marketmedios-otros y entidades del Estado, la fiscalía determinó que existe mérito para investigar contratos suscritos con:

Ministerio de Relaciones Exteriores

Findeter

Fondo Nacional del Ahorro

Ministerio de Relaciones Exteriores

La Fiscalía General de la Nación tomó la decisión de radicar escrito de acusación contra dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y un particular, por presuntas irregularidades en la contratación de la organización de la VI Cumbre de Las Américas que se cumplió en la ciudad de Cartagena entre el 9 y 15 de abril de 2012.

La Fiscalía encontró que el 29 de noviembre de 2011, fue suscrito un contrato por cuarenta y tres mil quinientos millones de pesos ($43.500.000.00) con la Unión temporal Cumbre de Las Américas para cumplir con las actividades logísticas y operativas para el desarrollo del certamen diplomático.

La Unión Temporal Cumbre de Las Américas Cartagena 2012, a la que fue otorgado el contrato, estaba conformada por las empresas Aviatur, Gema Tours, Contacto SAS, Marketmedios Comunicaciones S.A y Creativa Producciones. Cada uno de los integrantes del consorcio tenía una participación accionaria del 20%.

Cuatro meses después, el 30 de marzo de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores autorizó una adición presupuestal por doce mil millones de pesos ($12.000.000.000). A juicio de la Fiscalía, esta destinación configuraba un negocio nuevo y requería un proceso de comparación de ofertas, de tal manera que habría una violación grave a los principios de planeación, economía y eficiencia, y selección objetiva.

Además, la Fiscalía investiga si el 50% de la suma adicionada fue usado para un doble pago de servicios de salud, imprevistos y gastos generales, actividades que estaban cubiertas por el contrato original. Los restantes seis mil millones de pesos ($6.000.000.000) fueron destinados para la producción y transmisión de televisión.

La Fiscalía encontró que antes de la licitación, el canal público RTVC ofreció a la Cancillería colombiana los servicios de televisión por cuatro mil cuatrocientos noventa millones de pesos ($4.490.000.000); sin embargo, por este concepto fueron pagados siete mil ochenta y ocho millones de pesos ($7.088.000.000) a La Unión Temporal Cumbre de Las Américas Cartagena 2012, valor que salió indirectamente de la adición presupuestal. Es decir, habría un sobrecosto de dos mil quinientos millones de pesos ($2.500.000.000), respecto del ofrecimiento de RTVC.

Adicionalmente, se determinó que tal como lo estableció una auditoría de la Contraloría General de la República, los funcionarios de la Cancillería vinculados al proceso, presuntamente pagaron sin soporte alguno más de cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000), cifra que incrementaría el supuesto peculado a seis mil quinientos millones de pesos ($6.500.000.000).

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