Trasteo de electores en 27 de los 32 departamentos

Al menos 262 municipios del país están en alto riesgo de trasteo de votos, a propósito de las elecciones para Alcaldes y Gobernadores que se registrarán en octubre próximo, afirmó el Procurador Fernando Carrillo Flórez.

El jefe del Ministerio Público argumentó que la trashumancia electoral conocida como trasteo de votos es una práctica que se lleva a cabo  desde años memorables en el país, por esto como medio de prevención la Procuraduría ha encontrado 105.000 cédulas inscritas en 15 municipios de los cuales más de 57.000 podrían ser «potenciales trashumantes».

De acuerdo con el informe revelado, el municipio Urrao (Antioquia), Palmar de Varela (Atlántico), Soplaviento (Bolívar), Briceño, Chivata, Labranzagrande, Mongua, Turmeque (Boyacá) son los principales lugares en el país hallados con inscripciones atípicas.

A juicio del jefe del Ministerio Público, los departamentos que más tienen riesgo de sufrir trasteo de votos son Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Santander y Norte de Santander. Sin embargo, aseguró que en este momento hay 27 de los 32 Departamentos con trashumancia electoral.

Señaló que en zona fronteriza donde se podría registrar mayor delitos electorales, los procuradores delegados estarán vigilantes.

DELITOS ELECTORALES

Según el Ministerio del Interior, a pocas semanas de que se realicen las elecciones locales de octubre los delitos electorales más frecuentes en el país continúan siendo violación al régimen de propaganda electoral, constreñimiento al sufragante, trashumancia electoral y violencia política. Se mantiene la alerta por la proliferación de noticias falsas.

Así mismo, la entidad reportó que hasta el 15 de agosto se presentó un aumento del 20,8% en el total de quejas electorales a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) del Ministerio del Interior. Pasaron de 989 a 1.195 en solo una semana.

No obstante, el procurador General, Fernando Carrillo, afirmó que una de las grandes preocupaciones que tiene la entidad que dirige es el aumento de la trashumancia electoral. Hasta el momento se han identificado 262 municipios en riesgo electoral por este delito.

“El trasteo de votos y el trasteo de cédulas es una de las situaciones más patológicas del sistema electoral colombiano. Hemos diseñado un mecanismo donde hemos cruzado variables que tienen que ver con diversos censos, con información que tiene el Sisben, con información que tienen empresas prestadoras del servicio de salud para demostrar que esto sigue siendo una característica lamentable del proceso electoral colombiano”, aseguró Carrillo.

El Procurador además aseguró que para cometer este delito se está utilizando la población migrante venezolana, siendo Bogotá, Antioquia y Cundinamarca las zonas donde mayormente se presenta este tipo de delito electoral. Así mismo, recordó que quienes incurran en esta conducta pueden pagar penas privativas de la libertad de entre cinco y nueve años.

VIOLENCIA POLÍTICA

Para la Misión de Observación Electoral (MOE) los delitos que siguen siendo más preocupantes están relacionados con la violencia política. Según el último reporte de este organismo desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 27 de julio de 2019 se han registrado 37 líderes políticos, sociales y comunales víctimas de este de delito, habiendo sido asesinados en el 26%.

La MOE hizo énfasis en el nivel de violencia que se ha presentado hasta el momento hacia los candidatos a los distintos cargos de elección popular para las administraciones locales, incluso antes de que concluyera el periodo de inscripción. En el informe se identifican 40 hechos de violencia contra ellos de loscuales nueve fueron asesinados teniendo intensiones de a alcaldías y concejos.

Dichas agresiones se habrían presentado en 131 municipios pertenecientes a 26 Departamentos, equivalentes al 11,6% del total nacional, incluyendo la divulgación de panfletos amenazantes a colectividades y atribuidos a grupos al margen de la ley como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército de Liberación Popular (EPL), las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’  y las ‘Águilas Negras’.

Incluso, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en el marco del lanzamiento de la estrategia #VerdadElecciones2019, aseguró que en muchas regiones del país el narcotráfico quiere poner alcaldes, gobernadores, concejales y disputados.

«Estas prácticas que estamos censurando de cara al debate que se abre sobre la verdad en los procesos electorales también tiene mucho que ver con esas alianzas macabras y oscuras por debajo de la mesa. Como las redes de corruptela de los carteles de únicos proponentes, de los carruseles de contratación o de los que quieren después aprovecharse de las posiciones en la administración para cambiar el uso del suelo de manera a añada y favor a algunos pocos con interese mezquinos», señaló el mandatario.

Duque también dijo que es hora de que se acaben las guerras sucias y de que los partidos asuman responsabilidad para que no se hagan pactos públicamente, pero se permita que algunos apelen a brigadas digitales para deslegitimar la argumentación, la moralidad, el carácter y la personalidad del contrincante.

MONITOREO

De hecho, tras la lanzarse la estrategia #VerdadElecciones2019 a las entidades se le hará monitoreo de las conversaciones en las redes sociales referentes al proceso electoral en alianza con la Universidad Javeriana, la Registraduría y chequeadores como Colombia Check y La Silla Vacía para verificar cuales de ellas pueden tener mensajes inexactos o falsos, validar sus contenidos, y devolver a la redes sociales la información verdadera.

Bajo esta misma estrategia 17 partidos se comprometieron en un Pacto Ético por la información, en el que se promoverán entre sus afiliados y militantes la necesidad de buenas prácticas de la información en el manejo de las redes sociales, evitando la difusión de noticias falsas que causen perjuicio a sus adversarios.

Así mismo, la Registraduría firmó memorandos de entendimiento con Twitter, Facebook y Google, para que estas compañías ayuden con la restricción de la difusión de noticias falsas y desinformación en el proceso electoral, así como que contribuyan al adecuado flujo de la información que circula en las redes sociales sobre esta materia.

“Este acuerdo incluye la posibilidad Twitter y Facebook sean utilizados para compartir información pedagógica, oportuna y verás para los usuarios respecto a las elecciones de octubre. También brinda la posibilidad de que la Registraduría utilice las plataformas para concientizar al público sobre información que es relevante para los ciudadanos y todas las partes involucradas en el proceso electoral”, dijo el registrador Juan Carlos Galindo Vacha.

Sin embargo, Galindo aclaró que estos memorandos no implican compartir ni hacer uso de datos personales en manos de cualquiera de las partes, sino que el propósito principal es contribuir a la difusión de información oficial de la Organización Electoral, que aporte a la ciudadanía elementos que le sirvan para ejercer su derecho a votar de manera informada.

El Registrador también recordó que las leyes colombianas establecen 16 tipos de delitos electorales tales como  la perturbación del certamen democrático, que consiste en que  a través de maniobras engañosas se perturbe la votación, quien cometa este delito podría ir a prisión de entre cuatro a nueve años y deberá pagar una multa de 52 salarios mínimos legales.

Así mismo, Galindo destacó el delito de constreñimiento al sufragante, que lo comete quien amenace o presione por cualquier medio a un sufragante con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos o voto en blanco.

Frente a este tema, el presidente Duque señaló que  Colombia prácticamente se sitúa a la vanguardia en la tipificación de delitos electorales, no obstante, pocas personas están en la cárcel por ese tipo de prácticas y por esa razón Colombia necesita que haya sanciones ejemplarizantes a quienes apelan a la compra de voto, a la intimidación del elector, a la trashumancia o a cualquier tipo de manipulación.

 “De la misma manera necesitamos sancionar cada vez con mayor drasticidad el contubernio entre el crimen organizado con la  política”, apuntó el mandatario.

 RIESGO FISCAL

Cinco departamentos, en riesgo fiscal para las elecciones regionales

Es así como con el propósito de evitar la corrupción y lograr unas elecciones mucho más transparentes, puso en marcha su estrategia de control fiscal participativo ‘Por unas elecciones 2019, transparentes y de cara a la ciudadanía’.

La campaña se encamina a identificar y disminuir los riesgos fiscales de corrupción, impulsar el control social y mejorar las competencias de los actores ciudadanos involucrados directamente en el proceso.

Para desarrollar esta tarea, la Contraloría definió siete acciones concretas, prácticamente todas ellas con carácter preventivo.

La primera tiene que ver con las alianzas interinstitucionales de cooperación, para lo cual ya está en desarrollo un acuerdo con el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral (CNE) a fin de emprender acciones preventivas.

La segunda se centra en lo que llaman encuentros regionales de sensibilización, que son conversatorios con los actores directos sobre prevención de riesgos electorales y trashumancia.

En el marco de ese afianzamiento del apoyo ciudadano, el ente de control elaboró un formato de acta de constitución de veedurías, el cual está disponible para quienes deseen hacer parte de la red nacional de veedores del control electoral. Además, se les presta la asesoría técnico legal y procedimental requerida sobre el asunto.

Es así como ya se han promovido 11 veedurías ciudadanas.

Otra acción definida implica habilitar puestos de quejas y denuncias en los principales sitios de votación y en las misiones de observación electoral.

Además, entre los aportes claves que tendrá el ente de control en la prevención del desvío de recursos públicos a las campañas se encuentra el suministro de insumos fiscales sobre la contratación estatal susceptible de riesgo electoral territorial.

La Contraloría tiene el sistema de información Océano, con el cual se pueden apreciar todos los manejos de recursos públicos en materia de contratación.

Asimismo, la Contraloría elaboró el mapa de las conductas más denunciadas y que tienen alguna incidencia fiscal.

Allí encontró que hay tráfico de influencias dentro de entidades públicas, parentesco entre funcionarios públicos y candidatos, al igual que trashumancia electoral.

También halló manejo irregular de recursos públicos con la finalidad de favorecer a candidatos, ofrecimiento de dádivas a cambio de apoyo a candidaturas y utilización, como estímulos electorales, de las ayudas humanitarias destinadas a la mitigación de los efectos de la ola invernal.