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Tribunal de Justicia y Paz condenó a Hernán Giraldo por daños a 10 mil víctimas
De acuerdo con Justicia y Paz la organización de Hernán Giraldo dejó un total de 10.646 víctimas. De ellas, 1.546 fueron asesinadas. Otras 721 se encuentran en condición de desaparecidas. Los desplazamientos forzados afectaron a 6.708 personas. Las víctimas de violencia en comunidades indígenas ascendieron a 479, y las de violencia de género, a 66. Los menores reclutados ilícitamente sumaron 58.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla halló responsable al exjefe paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta Hernán GiraldoSerna de haber perpetrado más de 10 mil daños a igual número de víctimas durante el accionar del Frente Resistencia Tayrona que comandó en esta zona del país.
Luego de haber dictado sentencia, el fallo reconstruye una historia de terror que dejó miles de víctimas, centenares de ellas menores de edad que fueron sometidas a toda clase de vejámenes sexuales, se lee en la decisión judicial
La sentencia condenatoria contra Giraldo fue elaborada por el magistrado ponente, José Haxel De la Pava, quien pidió para los nueve acusados, encabezadospor el jefe máximo del frente, Hernán Giraldo, 40 años de prisión, que serán sustituidos por ocho años de privación de libertad por estar acogidos en el programa de Justicia y Paz.
PATRONES DE MICROCRIMINALIDAD
La sentencia que salió a la luz pública e informada a las miles de víctimas por parte de Justicia y Paz identifica siete “patrones de macrocriminalidad” perpetrados por parte del Frente Tayrona, que actuó en la Sierra Nevada entre 1990 y el 3 de febrero de 2006, fecha en la cual se produjo la desmovilización colectiva de las autodefensas lideradas por Giraldo. La justicia dijo que esos patrones fueron: violencia basada en género, violencia contra comunidades indígenas, desaparición forzada, reclutamiento ilícito de menores, muertes violentas y financiación de conductas ilícitas.
El fallo de Justicia y Paz define a Hernán Giraldo como un “depredador sexual que enfocó a satisfacer sus deseos dada la violencia que ejercía y el poder militar que tenía en la región.
El magistrado José Haxel De la Pava dejó consignado en el fallo que “Giraldo se creyó con el derecho de poder decidir sobre el destino de las menores yniñas de la región bajo su control. Los padres debían acatar sin oposición alguna la orden encaminada a satisfacer sus deseos libidinosos, materializados de manera cruel sobre sus hijos menores, pues esa era su voluntad, y él se creía el dueño, no solo del destino, sino de la vida misma de cada uno de los miembros de la comunidad”, se lee en el fallo judicial.
La Sala de Justicia y Paz destacó que en este y los demás casos se trató de menores de edad, quienes, por el poder que representaba Giraldo, estaban en incapacidad de resistir, lo que “excluye de plano cualquier consentimiento”.
El fallo documentó más historias, como la de una menor de 13 años que vivía con sus padres en la finca El Paujil, en el corregimiento Buritaca, en zona rural de Santa Marta. En diciembre del 2004, Giraldo le mandó a decir que quería tener una “relación sentimental con ella”. Aunque la niña y la familia se opusieron, días después Giraldo envió a sus hombres armados para buscarla, quienes “le advirtieron que recogiera todas sus cosas porque se iba a vivir con el comandante”.
El 25 de diciembre, en una de las fincas de Giraldo, el exjefe paramilitar violó a la menor. Aunque la niña volvió a su casa, ante la presión del ‘expara’ tuvo que irse a vivir con él, quien le advirtió a su familia que si se oponían podía matarlos. La niña vivió un año y cinco meses con él y solo pudo volver con sus padres hasta el 2006, cuando el grupo paramilitar se desmovilizó.
Mientras él no estaba, yo jugaba con los otros niños pero cuando él regresaba sabía que debía permitir que me accediera carnalmente. Desde entonces, no he podido rehacer mi vida. “Mientras él no estaba, yo jugaba con los otros niños de la vereda, pero cuando él regresaba sabía que debía permitir que él me accediera carnalmente. Esto se repitió muchas veces. Desde entonces, no he podido rehacer mi vida”, le contó la víctima a la justicia.
Por este y los demás casos, la Sala de Justicia y Paz destacó “la condición de depredador sexual del postulado Hernán Giraldo Serna”, situación que, asegura, ha sido reconocida por los que estuvieron bajo su mando, “quienes obedecían sus órdenes cuando iban encaminadas a llevarle niñas para satisfacer sus deseos”.
Sus crímenes, dice el fallo, eran “emulados por sus subalternos”, quienes entendieron que la violencia sexual era “permitida, tolerada y estimulada desde la dirección de Giraldo como una política de grupo”. Por eso, la justicia también lo condenó por hechos cometidos por sus hombres, como los delitos de ‘Caliche’, quien secuestró a una niña en un hotel de Santa Marta, donde la violó. La menor logró escaparse, pero, producto de las violaciones, había quedado en embarazo. Cuando ‘Caliche’ la encontró, la golpeó hasta que le produjo un aborto.
COMUNIDADES INDÍGENAS
El fallo contempla un capítulo especial frente a la violencia contra las comunidades indígenas. Dijo el magistrado en su la sentencia que uno de los métodos de Hernán Giraldo para expandir su control en el territorio consistió en financiar grupos religiosos cristianos con el fin de “afectar los patrones culturales de los pueblos originarios”.
De acuerdo con el fallo, el grupo paramilitar “prohibió a los indígenas realizar pagamentos, visitar los lugares sagrados, circular libremente por el territorioy, de manera general, vivir su espiritualidad”. Con todas esas acciones, se “rompió este orden espiritual de integridad con la cultura”.
La Sala de Justicia y Paz con ponencia del magistrado José Haxel De la Pava evidenció que el frente Resistencia Tayrona liderado por Giraldo Serna atacó a los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo que habitan la Sierra Nevada con el objetivo de ganar control territorial
Para la reparación de estas etnias, la sentencia consideró medidas de reparación diferentes a las de la población campesina.
Dichas medidas consisten en la protección de la ‘Linea Negra’, que de acuerdo con el fallo son “los territorios sagrados esenciales para su desarrollo
Para la protección y reparación de las comunidades el Tribunal demanda a las gobernaciones del Magdalena, Cesar y de La Guajira a vigilar y hacer seguimiento de las medidas elaboradas por la Sala Penal.
DESAPARICIÓN FORZADA
Por otra parte, dentro de los 721 casos de desaparición forzada se cita, entre otros, el ocurrido el 1 de marzo de 2005, en el corregimiento de Siberia, jurisdicción de Ciénaga. Leonor Arias Bolívar y María de Jesús Rolong Ochoa, de 17 y 28 años, respectivamente, fueron interceptadas por miembros del grupo paramilitar Resistencia Tayrona. Las dos mujeres fueron asesinadas “bajo señalamientos infundados” de ser trabajadoras sexuales y expendedoras de sustancias alucinógenas.
De acuerdo con Justicia y Paz la organización de Hernán Giraldo dejó un total de 10.646 víctimas. De ellas, 1.546 fueron asesinadas. Otras 721 se encuentran en condición de desaparecidas. Los desplazamientos forzados afectaron a 6.708 personas. Las víctimas de violencia en comunidades indígenas ascendieron a 479, y las de violencia de género, a 66. Los menores reclutados ilícitamente sumaron 58.
LOS CONDENADOS
En la sentencia, el magistrado José Haxel De la Pava dijo que el grupo paramilitar del cual fue comandante Hernán Giraldo que el 3 de febrero de 2006 desmovilizó a 1.166 integrantes, dejó un total de 10.646 víctimas entre campesinos y población indígena que sufrieron homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, y todo tipo de violencia sexual y de género. Además de las penas impuestas por la sala a Hernán Giraldo Serna; NodierGiraldo Giraldo; José del Carmen Gelves Albarracín; Norberto Quiroga Poveda; Daniel Eduardo Giraldo Contreras; Carmen Rincón; José Daniel Mora López; Afranio Manuel Reyes Martínez y Eduardo Enrique Vengoechea Mola.
REPARACIÓN A VÍCTIMAS
La Sala Penal de Justicia y Paz adelantó diligencias en las ciudades de Santa Marta, Riohacha y en Barranquilla con el propósito de estimar la cantidad devíctimas de poblaciones campesinas que deben ser reparadas de acuerdo con lo señalado en la macrosentencia por los magistrados que juzgaron diferentes frentes de las autodefensas
“Las víctimas de los grupos paramilitares que se sometieron a la Ley de Justicia y Paz tienen la exigencia de conocer la verdad de lo ocurrido, que se esclarezcan los delitos que afectan de manera masiva y sistemática los derechos humanos de la población, que se investigue y sancione a los responsables de esos ilícitos, y, a que se procure por la reparación integral de quienes han resultado afectados. Igualmente, se ha destacado el deber de reconocimiento yprotección de los derechos de las víctimas”, señala el fallo del magistrado José Haxel De la Pava
Para este trabajo la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, reparará económicamente a las víctimas con los dineros del fondo de reparación de víctimas. Dichos dineros provienen del decomiso de las finanzas de los grupos paramilitares.
Además del apoyo económico, se incluirá a las víctimas en diferentes planes para apoyo sicológico, social, de estudios y vivienda.
Para la realización de dichos planes, la Sala de Justicia y Paz notificó a los ministerios de Interior, Agricultura y de Justicia; Instituto Colombiano de desarrollo Rural; Gobernación del Magdalena para que desarrolle los programas de reparación y restitución de tierras. Dicha gestión será vigilada por la Sala en audiencias de control que están previstas a llevarse a cabo en los próximos meses.
