Antiguos dueños de Electricaribe se robaron 187 mil millones de pesos

La investigación concluye que al aplicar los recursos de esa manera “no se alivió el valor a pagar en la factura por los usuarios, sino que terminó favoreciendo los ingresos de la empresa Electricaribe.

Lo que era una sospecha hoy ha quedado confirmado tras una ardua investigación de carácter fiscal que ha arrojado los desafueros que los antiguos dueñosde la empresa Electricaribe cometían con los recursos del Estado destinado para aliviar las cargas y mejorar el servicio a los usuarios de los estratos uno y dos.

Las graves irregularidades que en su momento fueron advertidas por el entonces contralor Edgardo Matya Villazón ascienden a más de 187 mil millones de pesos, por lo que el organismo de control tomó la decisión de imputarle responsabilidad fiscal teniendo en cuenta las irregularidades en el manejo de los subsidios por parte de la empresa.

Todo lo anterior por el indebido manejo de los recursos del Fondo de Energía Social (Foes),  que debieron aliviar el valor a pagar en la factura del consumo de energía de los usuarios de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la región Caribe, durante el período comprendido entre julio de 2011 y octubre de 2016.

En forma solidaria con Electricaribe, el organismo de control también imputó responsabilidad fiscal, por un valor que asciende a los 46 mil 245 millonesmillones de pesos, a la señora Yamile Sarmiento Estrada en su calidad de revisora fiscal de la empresa, quien avaló la aplicación incorrecta de dichos recursos.

La entidad explicó que los 187.227 millones que recibió Electricaribe del Fondo de Energía Social, que administra el Ministerio de Minas y Energía, fueron aplicados al consumo distribuido comunitario, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa en las zonas especiales.

 “Los recursos del Fondo de Energía Social son de destinación específica y por lo tanto debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario, como efectivamente se hizo, ya que, al hacerlo así, no se alivió el valor a pagar en la factura por los usuarios, sino que terminó favoreciendo los ingresos de la empresa Electricaribe”,indica el informe del ente de control.

Para llegar a esta decisión, proferida por la Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, se revisó la facturación mensual de las zonas especiales de la Región Caribe, que corresponde en promedio a 1 millón 800 mil facturas por mes, de las cuales fueron glosadas aproximadamente 700 mil.

Se le imputó también responsabilidad fiscal, en cuantía de $46.245 millones, a la señora Yamile Sarmiento Estrada, en su calidad de revisora fiscal de la empresa, quien avaló la aplicación incorrecta de dichos recursos.

«Los $187.227 millones que recibió Electricaribe del FOES, que administra el Ministerio de Minas y Energía, fueron aplicados al consumo distribuido comunitario, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa en esas zonas especiales», indicó el ente de control.

Y señaló que los recursos del FOES son de destinación específica y por lo tanto debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario, como efectivamente se hizo, ya que, al hacerlo así, no se alivió el valor a pagar en la factura por los usuarios, sino que terminó favoreciendo los ingresos de la empresa Electricaribe.

En su oportunidad,  el entonces contralor general, Edgardo Maya, anunció la apertura del juicio de responsabilidad fiscal. En aquella ocasión el contralor general, Edgardo Maya, aseguró que el presunto detrimento patrimonial por 78.000 millones de pesos en Electricaribe, por un posible uso indebido de recursos destinados para los pobres, es solo el inicio de lo que se viene. Calcula que el desfalco podría ascender a 200.000 millones de pesos.

´Nosotros consideramos en nuestros cálculos que son más de 200.000 millones de pesos, porque se va a verificar desde los años desde 2010 a 2014. (…) Los 78.000 millones son el comienzo de 2015 y 2016. Ahora vamos a mirar 2010, 11, 12, 13 y 14. O sea, son cinco años. Entonces calculamos que se sube a unos 200.000 millones de pesos”, dijo.

Para Maya, Electricaribe incumplió con las normas legales y, por eso, procederán a la apertura del juicio de responsabilidad fiscal.

La presunta desviación que habría realizado la empresa Electricaribe de los recursos provenientes del subsidio otorgado por el Fondo de Energía Social (FOES), con el propósito de disminuir sus niveles de pérdidas, ascenderían a más de $200.000 millones, aseguró el contralor general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, quien además anunció la apertura de juicio de responsabilidad fiscal a los encargados del uso de estos dineros.

El exfuncionario sostuvo en su momento que el primer hallazgo revelado indica que la empresa utilizó más de $78.500 millones que le giró el Gobierno para subsidiar a unos 600 mil usuarios, en un objeto totalmente distinto y presuntamente ilegal, y que esto solamente correspondería a los años 2015 y 2016, por lo que se espera los resultados de las auditorías que se realizan del 2010 al 2014.

 “Este es un tema de falta de cumplimiento de las normas legales y esto origina un daño fiscal y vamos a proceder a la apertura de un juicio de responsabilidad fiscal”, indicó el contralor quien destacó que se trata de recursos públicos que debían usarse para aliviar el costo de la tarifa del servicio de energía de la población más pobre.

La Contraloría General de la República también descubrió que la empresa Electricaribe utilizó cerca de 78.500 millones de pesos, que giró el Gobierno Nacional para el subsidio de más de 600.000 usuarios, para disminuir las pérdidas que se habían generado en la compañía.

Según informó la Contraloría, el hallazgo se dio tras la auditoria del ente de control a la compañía, luego de analizar un promedio de 800.000 facturas mensuales expedidas entre 2015 y 2016, que en total representaron 19 millones de facturas revisadas, encontrando irregularidades en 16 millones.

“Los 78.500 millones de pesos que empleó la empresa con el objeto de disminuir sus pérdidas provienen del subsidio otorgado por el Fondo de Energía Social (FOES), que deben ir destinados para aliviar al pago de la factura de energía de los usuarios de estratos 1 y 2”, resaltó la entidad.

La Contraloría señaló que este dinero se utilizó con un objeto totalmente distinto y presuntamente ilegal, debido a que esta cifra corresponde al 99 % de los beneficios del FOES que debieron recibir los usuarios que hacen parte de la población más pobre de los siete departamentos de la costa Atlántica.

“La Contraloría calculó que mensualmente la empresa Electricaribe afectó entre el 64 % y el 80 % de la facturación de estas, porcentaje equivalente a cerca de 600 mil usuarios mensuales”, por eso la entidad trasladará este hallazgo a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación, para que investiguen.

El principal objetivo del FOES es subsidiar a los usuarios con menor capacidad económica para disminuir el valor del pago del servicio hasta su consumo de subsistencia. Entre 2015 y 2016, según cálculos de la contraloría, el valor del subsidio girado por el Ministerio de Minas y Energía fue de 46 pesos por cada kWh.

En el informe de la auditoria a Electricaribe, durante los años 2015 y 2016, el ente de control aseguró que la compañía “desconoció la esencia del subsidio, que es aminorar el valor de la obligación a cargo del usuario en su factura y a cambio los destinó a disminuir pérdida

UN BENEFICIO QUE DESCONOCIÓ  ELECTRICARIBE

El FOES es un sistema especial de cuentas creado por la Ley 812 de 2003 (Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006) y que ha sido prorrogado sucesivamente por los planes de desarrollo hasta el año 2018.

El objeto principal del FOES es subsidiar a los usuarios con menor capacidad económica para disminuir el valor del pago de su servicio hasta su consumo de subsistencia. Para los años 2015 y 2016, analizados por la Contraloría, el valor del subsidio girado por el Ministerio de Minas y Energía fue de $46 por cada kWh.

El beneficio tiene como propósito ayudar, junto con el subsidio del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingreso -FSSR, en el pago de su servicio de energía a la población de los estratos 1 y 2 de zonas especiales, es decir la población con menores ingresos.

Según el informe de auditoría, al revisar en detalle la aplicación individual del subsidio a los usuarios durante los años 2015 y 2016, se encontró que al asignar el beneficio FOES en su sistema de facturación, Electricaribe desconoció la esencia del subsidio, que es aminorar el valor de la obligación a cargo del usuario en su factura y a cambio lo destino a disminuir sus pérdidas.

CASO  DE ANÁLISIS

Para ilustrar cómo funcionaba esta práctica, se presenta el siguiente caso de un usuario en el departamento del Atlántico:  se le aplicó un descuento por subsidio FOES de solo diecinueve pesos con setenta y ocho centavos ($19.78), cuando tenía derecho a recibir mil novecientos setenta y ocho pesos ($1.978), resultantes de multiplicar su consumo de 43 kWh por los 46 pesos que establece la ley. Los $1.958.22 de diferencia, Electricaribe los restó en la factura al “aporte empresa”, concepto que refleja las pérdidas que asume la Compañía. Como se ilustra en la figura, en la factura aparecen como “aporte empresa” sólo $ 8.950.98, cuando la suma real para este caso era de $10.909.20.

Debido a que el sistema es programado en una forma estándar para realizar la aplicación de los beneficios y el cálculo de los demás factores en la factura, la situación se repite en todos los usuarios con las mismas características, es decir aquellos donde en su recibo aparecen los conceptos “Consumo Distribuido” y “Aporte Empresa”

Vale anotar que Electricaribe presenta en las facturas del usuario los valores del beneficio FOES y del subsidio a la tarifa, proveniente del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingreso – FSSRI, en forma global, lo que impide al ciudadano común verificar el valor del beneficio real recibido por su consumo individual, tal como indica la ley.