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Se agota tiempo para que terceros y agentes del Estado vayan a la JEP
Este viernes vencerá el plazo para que agentes del Estado civiles y terceros que se encuentren vinculados a procesos judiciales en el marco del conflicto armado se sometan voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El plazo perentorio lo otorgó la Ley Estatutaria firmada por el presidente Iván Duque en junio pasado, en ella quedó consignado que pasados tres meses, quien no haga la solicitud se quedará bajo la competencia de la justicia ordinaria, y solo podrán someterse después quienes sean vinculados por primera vez a un proceso judicial por estos hechos.
Hasta el momento la JEP ha recibido 589 solicitudes, de las cuales 379 ya están repartidas en los despachos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas; entre ellos hay empresarios, comerciantes, ganaderos, políticos, sindicalistas, excongresistas, exministros, exalcaldes, y demás.
Los admitidos
De esas solicitudes, la JEP ha aceptado el sometimiento de seis personas como agentes del Estado civiles. Se trata de Rubén Darío Ruiz, expersonero de El Castillo (Meta), condenado a 14 años y tres meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia por secuestro simple agravado de Consuelo Camacho, concierto para delinquir con las Autodefensas Unidas de Colombia y constreñimiento ilegal.
Héctor Hidalgo Cabrera, como agente de inteligencia de la Brigada XX del Ejército, condenado por el secuestro de Amparo Tordecillas, para entonces miembro de la guerrilla del Epl, cuyo paradero es desconocido desde el momento de la retención ilegal.
El exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años de cárcel por el asesinato del excontralor departamental, Alfredo Flórez. En su caso se demostró que existía una alianza con los paramilitares de Norte de Santander.
El caso del excongresista Álvaro Ashton Giraldo, investigado por concierto para delinquir agravado u cohecho, también entró a la JEP, por su presunta participación en la entrega de 600 millones de pesos al exmagistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, con el fin de lograr el archivo de algunos procesos adelantados en su contra en esa Corporación.
También lo fueron Jaime Alexánder Romero, exjefe de inteligencia del DAS en Yopal, condenado por una ejecución extrajudicial en Casanare; y David Char Navas, procesado por concierto para delinquir agravado, fabricación y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las FF. MM., por supuestamente concertar con miembros del Bloque Norte de las Auc para recibir ayuda en sus dos campañas al Congreso.
Los pendientes
La Fiscalía aseguró que 2.331 terceros y 1.835 agentes del estado civiles podrían estar involucrados en el conflicto armado y la JEP podría ser el escenario propicio para investigarlos, juzgarlos y sancionarlos, únicamente si se someten de manera voluntaria, como lo determinó la Corte Constitucional, que también pidió celeridad a la Fiscalía en estas investigaciones.
Aunque la JEP no contestó a la petición de este diario acerca de cuántas solicitudes han sido negadas, EL COLOMBIANO conoció que en la mayoría de las oportunidades los solicitantes entutelan y apelan las decisiones, lo que colapsa a la magistratura, que, por lo general, ratifica la negación.
Mientras tanto, los casos de los exparamilitares Savatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, “Macaco”; de los políticos Zulema Jattin, Álvaro y Juan José Chaux, los empresarios Enilse López y Benito Molina, y exfuncionarios como José Miguel Narvaez, entre muchos otros, siguen esperando pista.
El Colombiano
